El coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez, condenó que unos 30 jóvenes fueran detenidos e introducidos por la Policía Nacional Bolivariana en la cava de un camión este jueves en el sector de El Rosal sin ventilación y “lanzándoles una bomba lacrimógena, con lo que cometieron delitos a los que el Código Penal establece de hasta 25 años de cárcel”.
Nota de Prensa
Explicó que en este nuevo hecho de exceso de los cuerpos de seguridad, quedaron evidenciados dos delitos, tratos crueles e inhumanos y homicidio frustrado. “La Policía Nacional Bolivariana colocó todos los elementos y condiciones para buscar el resultado, mediante una acción delictiva, de producir la muerte de estos jóvenes, por lo que aspiro que la Sala penal asuma su responsabilidad”, insistiendo además que aunque el país se encuentre en un estado de excepción, se deben respetar garantías constitucionales como son la vida y la libertad.
Víctimas logran imputado
Rafael Narváez anunció que es un triunfo del Comité de víctimas del Plan Zamora, que el general Antonio Benavides Torres fuese citado al Ministerio Público en calidad de imputado, como consecuencia de la gran cantidad de daños y la violencia desatada contra los conjuntos residenciales en la parroquia El Paraíso en Caracas. “Logramos un paso con este general que convalidó la represión y la muerte sin límites”.
Agregó, “Así como logramos esta imputación, gracias a la valentía de la Fiscal general, vamos a consignar el inicio de una investigación contra el director de la Policía Nacional Bolivariana y los autores materiales de estos delitos. Al presidente Maduro y a los ministros de defensa y Relaciones interiores, justicia y paz, Padrino López y Reverol les digo, nos veremos en tribunales porque la represión no será eterna, tendrán que responder y buscarse sus buenos abogados”.
Por otra parte, deploró que el Primer mandatario, en cadena nacional, planteara un, “decreto de guerra a muerte” a los venezolanos cuando hizo referencia que si no se lograba mantener la revolución por la vía de los votos, sería por las armas, “y para colmo, el ministro de defensa ratificado, Padrino López, le exige a las Fuerzas Armadas, para buscar la paz, asumir una represión letal. Esto coloca a las Fuerzas Armadas lamentablemente, del lado de la represión”.
El jurista aseguró que ante la situación de violencia que atraviesa el país, la población sufre de indefensión a consecuencia de la “desaparición” de la Defensoría del pueblo así como de la autonomía e independencia de los poderes públicos. “Venezuela vive la oscuridad más grande en materia de vulneración de Derechos Humanos”.
Subrayó que frente al evidente desmontaje de los órganos del Estado, la desaparición de la justicia ordinaria y el juez natural, el Tribunal Supremo de Justicia ha ocupado el lugar, “convalidando los tratos crueles e inhumanos y las torturas que está aplicando el Plan Zamora a quienes salen a las calles en su legítimo derecho a la manifestación pacífica”
Advirtió que esta situación, viola el artículo 49 de la Constitución que establece el debido proceso y la presunción de inocencia, lo que en su opinión, sienta un precedente por, “tanta violación sistemática en materia de Derechos Humanos”.