No se conocían. Nunca pensaron que juntos vivirían una de las experiencias más traumáticas de sus vidas.
Karenina Velandia
BBC Mundo
Según actas judiciales, eran 10 jóvenes y fueron detenidos el 15 de mayo de este año en el estado Aragua, en el norte de Venezuela, en los alrededores de una zona en la que se realizaban protestas en contra del gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
“Los formaron en fila y obligaron a unos a tocarle las partes privadas a otros y a manipular sus miembros. Les pegaban, los pateaban y los golpeaban con los cascos de protección que usa la policía. Los forzaron a bailar La Macarena. Quienes no lo hacían recibían más golpes. Pero eso no fue lo único que les hicieron…”, le dice a BBC Mundo Martín Ríos, uno de los abogados defensores de los 10 jóvenes.
Indica que todo pasó en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Aragua, localizado en el norte de Venezuela, aproximadamente a 80 km de Caracas.
En la última ola de manifestaciones en contra del mandatario -que se inició hace ya casi tres meses- se han producido más de 3.200 arrestos (al 15 de junio), de acuerdo al Foro Penal, una ONG venezolana que asiste gratuitamente a quienes han sido privados de libertad.
Durante los procesos de detención, son múltiples las denuncias de tortura, agresiones, abusos y violaciones a los derechos humanos y a la legislación vigente por parte de los cuerpos policiales del Estado.
Los excesos -muchos han quedado registrados en fotos y videos- han sido condenados incluso por el propio ministro de defensa venezolano, Vladimir Padrino López.
“No quiero ver a un guardia nacional más cometiendo una atrocidad en la calle. Los funcionarios que no tengan un comportamiento que responda a sus principios, deberán responder por sus actos”, dijo en un acto al que asistió el 6 de junio.
BBC Mundo contactó al Ministerio Público (MP) y a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para hablar sobre las denuncias referidas con anterioridad a mediados de mayo, por teléfono y correo electrónico.
El MP informó que, por los momentos, no se estaban concediendo entrevistas. La PNB, por su parte, no había respondido al momento de publicar esta nota.
Violencia sexual
“Lo que está ocurriendo en Venezuela no tiene precedentes en la historia reciente del país, es muy preocupante“, le comenta a BBC Mundo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Y añade: “Es una de las peores crisis de violaciones a los Derechos Humanos en el continente debido a la gravedad de los hechos, lo sistemático de los mismos, la falta de independencia de los poderes y la impunidad que existe”.
A los 10 jóvenes los separaron. “Y a uno (cuyo nombre se mantendrá en el anonimato por respecto a su dignidad) le hicieron algo aberrante y dantesco“, afirma Ríos.
Cuenta que lo forzaron a arrodillarse y, para inmovilizarle los brazos, le amarraron un cable a la altura de las muñecas.
“Le pusieron gas pimienta y una capucha sobre la cabeza. Después le bajaron el short y le introdujeron un tubo en el recto”, indica el abogado.
Ríos relata que los otros detenidos no podían verlo, pero según su testimonio, lo escuchaban gritar, llorar y pedir ayuda.
BBC Mundo tuvo acceso al expediente en el que se relatan los hechos y constató la existencia de un documento en el que la juez del tribunal ante el que se presentó el caso solicita con urgencia que la víctima sea sometida a una evaluación médica.
Ríos asegura que los exámenes realizados confirmaron la violación. Explica que los resultados fueron enviados en un sobre sellado al recinto judicial y que forma parte del expediente y las investigaciones del caso.
“En los casos de tortura, las denuncias hechas en actas oficiales son una prueba contundente”, le dice a BBC Mundo Alfredo Romero, director del Foro Penal, la ONG que asiste gratuitamente a quienes han sido privados de libertad.
Con este punto coincide Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), una de las primeras ONG para la defensa de los DD.HH. creadas en Venezuela.
“Este crimen procura no dejar rastros. Funcionarios de regímenes dictatoriales han sido condenados pese a que no se recopiló evidencia cuando los actos ocurrieron. La responsabilidad de probar lo que ocurrió -o no- recae en el Estado, según convenciones internacionales para la investigación de casos de tortura como el Protocolo de Estambul”, explica Ortega.
La experiencia del joven detenido en Aragua, referida con anterioridad, no es única.
En esta foto es difícil de apreciar, pero en el medio de los 4 policías, hay una persona.
“En 70% de los casos que he documentado ha habido algún tipo de tortura sexual: a los detenidos los desnudan, los tocan, los obligan a ponerse en posiciones en las que muestran sus partes íntimas y algunos han sido víctimas de violaciones”, le dice a BBC Mundo la abogada Tamara Suju, directora de Casla, un centro de estudios para América Latina con sede en la República Checa que evalúa a las democracias en la región.
Suju introdujo una demanda en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Holanda, en contra del Estado venezolano. Lo acusa de cometer actos de tortura sistemática, lo que constituye un crimen de lesa humanidad.
Golpes
Otro aspecto que expone los abusos a los que son sometidos los detenidos durante las protestas es el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad al momento de la aprehensión. No son pocos los casos que lo documentan.
“El primer golpe lo sentí en la cabeza, me habían pegado con la culata de un rifle para perdigones”, le cuenta a BBC Mundo Carmen Ángel, una estudiante de 21 años que también vive en Barinas.
Y sigue: “Empezaron a jalarme el cabello y a darme patadas en las rodillas mientras seguían pegándome en la cabeza, era una lluvia de golpes, no paraban. Una de las mujeres policía me dio un puño en la cara. Yo gritaba y lloraba… tenía tanto miedo que me oriné”.
Recuerda que sangraba copiosamente, por lo que los funcionarios tuvieron que llevarla al hospital. Llegó esposada y así permaneció todo el tiempo que estuvo allí. Le dijeron a los médicos que las heridas eran consecuencia de una caída.
“Me advirtieron que no hablara, pero con los ojos le pedí ayuda al doctor que me recibió. Si no fuera por el personal médico que impidió que los policías me sacaran del hospital, la historia habría sido diferente”.
Como consecuencia de la golpiza, que ocurrió el 11 de abril, tuvo fracturas en los dedos y varias heridas en la cabeza que necesitaron sutura. Sufrió de vértigo por un mes y cuando el incidente ocurrió estaba tan mareada que si se paraba no podía separarse de la pared.
Plomo para cazar animales
Andrés, un estudiante universitario de 21 años, tiene nueve perdigones de plomo incrustados en el costado derecho de su torso desde el 18 de mayo. Los médicos no han podido extraerle la munición, que se utiliza para cazar animales, porque está muy incrustada dentro del músculo.
Cuenta que es la consecuencia de un disparo que recibió prácticamente a quemarropa tras un encuentro con la Guardia Nacional (GN), un componente de las Fuerzas Armadas de Venezuela, en una zona en el norte de Caracas.
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