Ya habrá versiones especialistas y técnicas. La que sigue es una cargada de angustia y desesperación, que clama por un ejercicio de ciudadanía, desde la resistencia civil, sin violencia, con propuesta creativa y un claro sentido de República.
Por Alfredo Yánez Mondragón / @incisos
Enumerar las trabas, describir los escenarios de desconocimiento, ventilar los efectos jurídicos de una acción “no vinculante”, es –cuando menos- subestimar la decisión de los venezolanos, es restarle méritos a estos más de noventa días de protesta en la calle, es desorientar la intencionalidad de las exigencias de respeto a la institucionalidad, la separación de poderes y el apego al estado de Derecho.
Con el artículo 333 de la Constitución como base fundamental –aun cuando el 5 le da sustento a la propuesta, porque la soberanía nacional reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio- se ha propuesto al país una jornada de desobediencia activa y auténtica.
Los poderes Ejecutivo, Electoral y Judicial se han puesto de espaldas a la sociedad y ésta, en atribución del artículo 333, ha decidido asumir el deber de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución, respondiendo a tres preguntas básicas, sencillas, directas y concretas.
Las respuestas son la ratificación formal de lo que ya se ha dichos en las encuestas, en los grupos de foco, en los pasillos, en las panaderías, en las colas, en las salas de espera, y sobre todo en las calles durante las protestas, en las calles durante la represión, en las calles ante los muertos, en las calles ante la masacre a la que ha sido sometido el país.
La jornada es y será pertinente, en la forma y en el fondo. Tiene sentido táctico y estratégico, convalida la esencia ciudadana de la protesta, refrenda el principio colectivo de la decisión popular, materializa el sentido de mayoría, da cuerpo a una estructura nacional y blinda desde el punto de vista de lo emocional, esta acción política que es bastante más que el acto simbólico de ejercer el voto.
¿Cuáles son exactamente las preguntas? ¿Quién las hace? ¿Cuál es el registro que se utilizará para la organización del proceso? ¿Dónde se vota? ¿Cómo se vota? ¿Quién organiza el proceso? ¿Quién cuenta los votos? ¿Qué se hará con los resultados numéricos? Todas estas son preguntas válidas y ameritan de respuestas oportunas e inmediatas.
Pero la verdad es que esas preguntas son subsidiarias a una más profunda: ¿Estamos listos los venezolanos para ejercer el sagrado derecho ciudadano de asumir un artículo constitucional y defenderlo, ante la impositiva voz de unos poderes públicos secuestrados por los garantes de las armas de la República?
Dependiendo de lo que respondamos a esta última, las otras tendrán sentido.
Si somos capaces de ir el 16 de julio a donde nos toque, sin piedras, ni machetes, ni balas (como hemos ido hasta ahora en todos estos días de protesta ciudadana) a depositar nuestro voto –que es lo mismo que decir, nuestra elección, nuestra decisión- para luego del cómputo final, asumirlo como voluntad colectiva y soberana, entonces ciertamente estaremos en otro escenario.
La dirigencia política será depositaria de un mandato, mucho mayor que el otorgado el 6 de diciembre de 2015 y de obligatorio cumplimiento; las instituciones del Estado –así se empeñen en desconocerlo- recibirán el rechazo a sus gestiones excluyentes y el mundo –con el Vaticano, la OEA y a ONU como espectadores de primera fila- verá a un país civilizado, echando el resto por la institucionalidad, aplicando la conseja mas básica del diálogo.
Son solo dos semanas para superar la angustia y la desesperación. Para revivir la esperanza, no en milagros ni imposibles, sino la esperanza en una sociedad capaz de hacer vivo el ejercicio ciudadano.
Alfredo Yánez Mondragón
@incisos