Catorce policías venezolanos presos desde hace un año completaron este martes 18 días en huelga de hambre para exigir que se cumpla la orden de excarcelación de una corte que los procesó por el asesinato de un periodista vinculado al chavismo.
AFP
El servicio de inteligencia (Sebin) “se niega a cumplir la orden de excarcelación. Esto es un caso político, tanto mi hermana como sus compañeros están presos por pertenecer a la policía de Chacao”, afirmó Pierina Medina, hermana de Venus, una de las detenidas.
La mujer se refería a una localidad del este de Caracas, bastión opositor y donde se concentran protestas antigubernamentales que en los últimos tres meses han dejado 93 muertos.
Sentada en plena calle, al costado del edificio donde funciona una oficina de Naciones Unidas, Medina dejó de comer hace ocho días en solidaridad con su hermana. A la huelga también se sumaron familiares de otros dos policías.
Pierina acaricia un rosario con los colores de la bandera de Venezuela. Está débil por no ingerir alimentos, pero habla con firmeza. !Libertad ya¡ se lee en uno de varios carteles pegados en la pared.
“Los 14 están en un área de seis metros. Hacinados. Cuando llegó mi hermana le tocó dormir en el piso con 33 mujeres”, sostuvo Medina.
En mayo de 2016 el manejo de la Policía de Chacao pasó al gobierno, en un hecho considerado por los opositores como una persecución política.
Esto, después de que los 14 agentes fueran acusados por el homicidio del periodista Ricardo Durán el 20 de enero de 2016. El principal sospechoso los incriminó al asegurar que el arma usada estaba en poder de la policía.
Durán trabajó en el canal gubernamental VTV y fue jefe de prensa del gobierno del Distrito Capital, una suerte de alcaldía paralela a la de Caracas, que controla la oposición.
La Fiscalía pidió liberarlos, alegando que “la investigación no ha arrojado elementos que los vincule con el hecho”.
El Sebin es dirigido por el general Gustavo González López, a quien el Ministerio Público imputó la semana pasada por presuntas violaciones de derechos humanos.
El caso de los policías es conocido por Katherine Haringhton, una abogada chavista que se perfila como sustituta de la fiscal general, Luisa Ortega, enfrentada a un proceso de destitución en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno.
Haringhton, a quien Ortega ha impedido asumir su despacho de vicefiscal, ordenó el lunes a una funcionaria revisar el caso de los policías, en un desafío a la fiscal general, devenida en adversaria de Maduro tras años de línea oficialista.