Fui a votar en la consulta ciudadana convocada por la Asamblea Nacional consciente de que sería la última oportunidad que tendrá esta institución como máxima representante del pueblo para que, ejerciendo su responsabilidad y funciones constitucionales restituya el Estado de Derecho violado por los gobernantes venezolanos.
Escogí hacerlo en la Plaza de la Republica de Maracaibo porque lo que viene en Venezuela es la construcción de una nueva Republica más democrática, desarrollada con planes concertados entre el gobierno en sus distintas instancias (municipal, regional y nacional) y sus ciudadanos y ciudadanas de almas limpias. Planes con objetivos claros para el desarrollo socioeconómico del país como lo hacen el resto de los países del mundo y donde los ciudadanos y ciudadanas sean el centro de toda acción de gobierno y no como hasta ahora manipulados vilmente por quienes llegan al gobierno.
El Estado de Derecho es el orden pactado entre los ciudadanos y los gobernantes que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado de acuerdo a una constitución, a la cual todos los ciudadanos y autoridades quedan sometidas, por lo tanto, cualquier medida o acción debe estar sujeta a una norma jurídica escrita y las autoridades del Estado están limitadas estrictamente por un marco jurídico preestablecido que aceptan y al que se someten en sus formas y contenidos. De allí que, toda decisión de sus órganos de gobierno han de estar sujetas a procedimientos regulados por la ley y guiados con absoluto respeto a los derechos fundamentales. En otras palabras en un Estado de Derecho, el Estado queda subordinado al orden jurídico vigente y es eficaz cuando se aplica en la realidad a través de sus órganos de gobierno, creando así un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público.
El Estado de derecho está compuesto por dos componentes: Estado y Derecho. El primero como forma de organización política y el segundo como el conjunto de normas que rigen el funcionamiento de una sociedad. De allí que, el poder del Estado está limitado por el derecho.
El Estado de derecho es lo contrario al Estado Absolutista, donde el Rey está por encima de todos los ciudadanos y puede mandar sin el contrapeso de otro poder. En el Estado de Derecho, el poder surge del Pueblo quien elige a sus representantes para que gobiernen pero sujetos a las leyes de la Republica.
De acuerdo a la división de Poderes en Venezuela, el contrapeso de las acciones del poder ejecutivo le corresponden a la Asamblea Nacional y por lo tanto está en la obligación de ejercerlo y cumplirlo por mandato de la misma constitución de la Republica y no les está dado delegar esa función en ninguna otra autoridad, por lo que sus integrantes están obligados hacerlo como parte de su responsabilidad política so pena de ser responsables ante la ley por omisión y ante la población que también es parte del Estado. En este punto los gobernadores y alcaldes representantes del Estado como parte de su división política, autónomos en sus propios gobiernos, también están obligados a velar por el cumplimiento de la Constitución y la ley, en el pleno ejercicio de sus competencias.
Dentro del Estado también existen instituciones tales como la administración pública, los tribunales, la policía y las fuerzas armadas, que asumen las funciones de defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras, como las relaciones exteriores y que según nuestra constitución les está prohibido tomar parte en manifestaciones político partidistas, pues se deben al estado como un todo y no a las organizaciones políticas.
En el desarrollo del Estado de Derecho, en la misma división de los poderes públicos, corresponde a los tribunales de la Republica ejerciendo su autonomía frente a los demás poderes, cumplir y hacer cumplir la constitución y la ley, por lo tanto todos los jueces están obligados a colaborar en la restitución del Estado de Derecho.
En el caso de Venezuela además, la propia Constitución de la Republica en su artículo 333 estableció un mecanismo para que los ciudadanos restablecieran el Estado de Derecho, cuando este dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella, y agrega, en tal eventualidad todo ciudadano investido o no de autoridad, como los antes nombrados, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. En tal sentido, el artículo 350 autoriza al pueblo (y a su representante genuino la Asamblea Nacional) a desconocer a cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos, que es lo que hoy constituye un hecho público y notorio en las acciones emprendidas por los gobernantes.
En la noción de democracia en relación con el Estado de Derecho, el pueblo tiene el poder y lo ejerce cuando elige a sus representantes. Pues bien el Pueblo eligió a los Diputados de la Asamblea Nacional para que ejercieran la función de contrapeso de los otros poderes y debe hacerlo sin más dilación, interrumpiendo la sistemática violación del Estado de Derecho que están cometiendo autoridades de los demás poderes del Estado e impida que el Estado de Derecho sea abolido totalmente como está anunciado para el 30 de julio, en una Asamblea Constituyente cuya convocatoria fue autorizada por magistrados que fueron designados violando normas de la propia constitución y que han debido ser destituidos de inmediato.
El termino democracia ha sido llevado a la ruina igual que el país, en manos de una serie de ineptos y eso es un hecho público y notorio que la Asamblea Nacional no puede seguir limitándose a solo denunciarlo, le toca asumir su responsabilidad como poder autónomo sin más excusas para recuperar la confianza del pueblo en sus instituciones y en el Estado de Derecho, donde todos debemos ser iguales ante la ley, incluyendo gobernantes con ínfulas de dictadores.
La Asamblea Nacional está obligada a garantizar el cumplimiento de la Constitución Nacional y en particular el artículo 299 que establece el Sistema Socioeconómico del país y obligar a los gobernantes en todas las instancias (municipal, regional y nacional) a elaborar los planes estratégicos de desarrollo en conjunto con los ciudadanos como garantía del derecho de participación ciudadana en los asuntos públicos en cumplimiento del Principio de Transparencia que debe regir en la administración pública, según lo establecido en la misma Constitución Nacional.
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Néstor Rincon @Nestorrinconf
Presidente