Maduro llama a votar el día 30 una Asamblea Nacional Constituyente. La oposición rechaza la convocatoria porque las bases de los comicios favorecen al chavismo, publica El País.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha convocado a los venezolanos a las urnas el próximo domingo para elegir a los miembros de una Asamblea Nacional Constituyente que rechaza de plano la oposición y que el régimen chavista ve como una salida para restablecer el orden en el país, sumido desde hace tres meses en constantes protestas callejeras que han causado ya casi un centenar de muertos. ¿Qué se juega Maduro en estos comicios para designar a los diputados llamados a reescribir la ley fundamental y por qué son tan polémicos?
¿Para qué una Asamblea Constituyente?
Fue el propio presidente, amparado por el artículo 347 de la Constitución, quien convocó las elecciones el 1 de mayo. Precisó entonces que no quería una asamblea “de los partidos de élite”, sino “una Constituyente ciudadana, obrera, comunal, campesina”. Según Maduro, este proyecto representa la última posibilidad para “el diálogo profundo” en la sociedad y la paz en el país. La oposición denuncia que, tras el llamado, se oculta el propósito de establecer un nuevo marco normativo que permita al régimen deshacerse de los poderes públicos que hoy le estorban, como la Asamblea Nacional y la Fiscalía, aplazar las elecciones y dar un paso decisivo hacia un Estado autoritario.
¿Qué se elige el domingo 30 de julio?
Los venezolanos elegirán a 545 diputados. De ellos, 364 serán representantes territoriales y 173 del denominado “ámbito sectorial” —24 por los estudiantes; ocho por campesinos y pescadores; cinco por los empresarios; otros tantos por las personas con discapacidad; 28 de los pensionistas, 24 de los consejos comunales y 79 de sindicatos y gremios— y 8 de las comunidades aborígenes.
¿Quiénes se postulan?
De algo más de 50.000 personas que se presentaron por su cuenta propia o bajo los auspicios de grupos de electores, el organismo electoral aprobó casi 6.000 candidatos. Las condiciones fijadas para los comicios prohibieron candidaturas desde los partidos políticos, una estratagema del Gobierno para evitar que el voto refleje un rechazo a su gestión. Sin embargo, la mayoría de los candidatos son miembros del partido del Gobierno y aliados, o al menos simpatizantes. Numerosos ministros y figuras públicas cercanas al régimen han renunciado a sus cargos para ser aspirantes a la Constituyente. No se ha registrado ningún candidato, en cambio, cuyas propuestas sean contrarias a las premisas del Gobierno.
Si, como dice la oposición, el Gobierno es minoría y por eso ha evitado las convocatorias a referendo revocatorio y a elecciones regionales, ¿por qué se anima a organizar unas elecciones?
Por el diseño sectario y a la medida de los comicios, establecido en las llamadas “bases comiciales” que el presidente Maduro, como convocante de la Asamblea Constituyente, redactó y publicó mediante un decreto presidencial el 23 de mayo, y el organismo electoral aceptó como oficiales. En esas bases se desechan los circuitos electorales tradicionales y se adopta la paridad de un diputado “territorial” por municipio, sin importar la población de la circunscripción. Con ello, otorga una ventaja desproporcional a las zonas rurales, donde el oficialismo conserva cierto apoyo y tiene mayor poder para presionar a los electores. Así, por ejemplo, un voto en el estado de Falcón, una provincia semirrural del noroeste de Venezuela, “vale” 26 veces más que uno en Caracas, fuertemente antichavista. Además, la definición de los denominados “sectores” sigue unos criterios brumosos que, en todo caso, se alinean con los ámbitos de acción de las misiones sociales del Gobierno, cuando no se trata de agrupaciones abiertamente progubernamentales, como las comunas. La introducción del “ámbito sectorial” corporativo también conduce a que alrededor de 70% de los electores puedan votar por dos cargos, mientras uno de cada tres solo lo hará por uno.
Y si todavía así la oposición pudiera ganarlas, ¿por qué no participa en las elecciones?
Aparte de su renuencia a legitimar un recurso que representa una huida hacia adelante del régimen, la oposición cuestiona la negativa de Maduro para someter a referendo popular el llamado a escribir una nueva Constitución. En 1999, el propio comandante Hugo Chávez convocó a un referendo, que ganó, antes de reunir la asamblea. Es una objeción que comparte el ala “crítica” del chavismo, que por primera vez se pronuncia en público contra lo que considera un intento de la cúpula madurista por conservar el poder en desmedro de la Constitución original “de Chávez”. Ante los señalamientos, Maduro ha respondido asegurando que el propósito de la iniciativa es perfeccionar la Constitución de 1999, que el propio comandante revolucionario auspició. También ha prometido que el texto constitucional que resulte de la asamblea será sometido a un referendo aprobatorio.
Si el Gobierno no tiene adversarios en las elecciones, ¿son relevantes los resultados del domingo?
Sí. Una asistencia a las urnas menor al 25% del padrón electoral (con un total de 19 millones de votantes) o menor a los 7,5 millones de participantes que la oposición dice haber convocado para su consulta popular oficiosa del 16 de julio, representaría un revés político para el Gobierno y restaría legitimidad a la Asamblea. Por eso el oficialismo pone todos sus recursos en asegurarse que haya votantes ese día. Presiona a los empleados públicos y promete controlar, mediante el llamado “Carnet de la Patria”, la asistencia de los beneficiarios de sus programas sociales a los centros de votación. Además cuenta con la complicidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), que domina. El CNE recientemente aprobó que los electores que se sientan amenazados por la violencia opositora en sus centros de votación, podrán acudir a otras mesas; a la vez, hizo prácticamente imposible votar en blanco en el dispositivo electrónico.