Rafael Narváez, coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, denunció que el anuncio del ministro de interior, justicia y paz, Néstor Reverol de prohibir manifestaciones públicas, “es ilegal porque viola el debido proceso al no haberse aprobado en un Consejo de ministros, y que de haber Estado de derecho, esto debería ser refrendado por la Asamblea Nacional”.
Nota de prensa
Aseguró que nuevamente se hace una interpretación “arbitraria y conveniente” por parte el Ejecutivo que viene contraviniendo todo el ordenamiento legal de la nación a manos del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, “instancia que entrego la jurisdicción ordinaria a la justicia militar, asesinando el juez natural y aniquilando el debido proceso y la libertad de expresión y para colmo, cómplice de la matanza de venezolanos de forma descarada”.
En cuanto al anuncio hecho por el ministro Reverol acerca de la conformación de un importante número de sitios de reclusión para quienes cometan delitos electorales este 30J con penas de entre 5 y 10 años, sostuvo que no es más que un recordatorio de los campos de concentración nazis “¿Acaso estos sitios de reclusión van a ser para respetar el debido proceso, el derecho a la defensa, derecho al abogado el derecho a ser oído o de presunción de inocencia? por el contrario, estoy convencido que son lugares para torturarlos, amedrentarlos y quebrarlos espiritualmente”.
Condenó la “indolencia” tanto de los poderes públicos frente a la situación que atraviesa el país como de las instancias internacionales que no reaccionan con fuerza frente a una situación que rebasa los límites de lo tolerable. “El sistema interamericano de Derechos Humanos y el hemisferio solamente hacen catarsis llenándose de vocerías y con una evidente falta de sensatez para un encuentro que permita un diálogo de verdad que le permita al pueblo ejercer su soberanía a través del voto directo y secreto a través de elecciones generales”.
Para el jurista, las protestas que arriban al día 118 se han convertido en un “genocidio y una guerra civil” producto de la aplicación del Plan Zamora, aprobado por un decreto presidencial del presidente Maduro, esquema que en su opinión se aplica con, “saña, alevosía, resentimiento y odio, dejando como resultado un total de 106 personas asesinadas, así como miles de detenciones arbitrarias y torturados que en algún momento serán investigados y juzgados y condenados sus ejecutores”.
Advirtió que el proceso de sustanciación de expedientes que viene realizando busca que los funcionarios pertenecientes al Comando de antiextorsión y secuestro, Conas, la Policía Nacional Bolivariana, PNB, el Cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, CICPC y la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, incursos en excesos contra la población, respondan por sus actos.,
Hizo un llamado a “resistir con prudencia” porque en su opinión, el país atravesará un calvario hasta pasada las elecciones de la Constituyente. “No se ha terminado ni el terrorismo de Estado ni la violación de Derechos Humanos, por lo que se exige de nosotros sindéresis y un equipo humano importante con inteligencia y sabiduría a fin de constituir un gran movimiento en defensa de los Derechos Humanos para darle apoyo necesario a las víctimas que están por venir producto sistema militar totalitario que pretende instaurarse en Venezuela”, concluyó.