“Nos sumamos a la exigencia que la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU le hizo al régimen de Venezuela ante las detenciones arbitrarias, el juzgamiento de civiles en jurisdicción militar y la persecución y acoso a quienes ejercen su derecho a manifestar, esto significa un paso fundamental en el proceso de defensa del concejal Ángel Machado, de los periodistas Alberto Cabrera y Antonio Medina y de los diez motorizados, presos hoy injustamente en la Penitenciaría de Occidente en Táchira”, señaló María Antonieta Torres, miembro del equipo de la defensa en torno al comunicado publicado por el ente internacional difundido este viernes 4 de agosto.
Nota de prensa
Para Torres todos los ciudadanos que han sido detenidos de forma arbitraria y que han sido sometidos a la justicia militar, este pronunciamiento internacional es vital y un mensaje claro de que nos están solos, “que así como nosotros estamos haciendo nuestra labor de defensa y estamos poniendo todo nuestro empeño en demostrar su inocencia, también parte del equipo se ha dedicado a visibilizar y denunciar ante el mundo todos estos hechos, y este comunicado es un logro de esa labor que estamos ejerciendo”.
Luis Díaz, también abogado de la defensa de Machado y de su equipo citó parte del comunicado emitido por el grupo de expertos en derechos humanos de la ONU.
“En este pronunciamiento la Oficina del Alto Comisionado de DDHH se pide expresamente a las autoridades de Venezuela respetar los derechos de todos los manifestantes y detenidos, al tiempo que expresan su preocupación por las acusaciones de detenciones arbitrarias y uso indiscriminado de la fuerza en el marco de las protestas públicas, así como el enjuiciamiento de civiles en tribunales militares”, enfatizó.
Destaca Díaz, que para Naciones Unidas, estos actos de gobierno estarían en abierta violación al derecho de no ser privado arbitrariamente de la libertad, al debido proceso y a ser juzgado por un juez natural, independiente e imparcial”.
Libertad inmediata y nulidad del procedimiento
Sobre el proceso de detención del concejal Ángel Machado y de su equipo, la abogada Torres puntualizó que desde la detención arbitraria ocurrida el 26 de julio de 2017, la agresión sufrida, el aislamiento al cual fueron sometidos todos, pasando por el juzgamiento en instancia militar, la medida privativa a la cual fueron objeto y la reclusión de este grupo de ciudadanos en el Centro Penitenciario de Occidente en Táchira, todo ha sido violatorio de sus derechos.
“Por ende, este pronunciamiento internacional ratifica nuestros argumentos de defensa, es un juicio nulo, plagado de vicios e irregularidades. Por tanto nuestros defendidos deben ser liberados de forma inmediata y sus procesos anulados”.
Torres resaltó parte del comunicado de la ACNUDH que establece que el uso de la justicia militar penal debe ser estrictamente limitado a casos en los que militares activos cometan delitos militares. Los órganos judiciales militares deberían, por principio, ser incompetentes para juzgar a civiles.
“Seguiremos trabajando arduamente para demostrar la inocencia de nuestros detenidos hasta lograr su libertad, nos mantendremos vigilantes de su integridad física y mental y seguiremos visibilizando ante las instancias internacionales la violación sistemática de derechos humanos que a diario se cometen en Venezuela hasta lograr detenerlas”, enfatizó Torres.
Desacato judicial
El abogado Luis Díaz, desde las afueras de Centro Penitenciario de Occidente en el estado Táchira, denunció además el desacato a la decisión judicial sobre el lugar de reclusión.
“Denunciamos el incumplimiento a la decisión del Tribunal 18 de Control, a cargo de la jueza militar Ana Méndez, que dictaminó como lugar de reclusión el Centro de Procesados Militares, de Santa Ana. El concejal Machado, los periodistas y todo su equipo fueron recluidos en una celda de la Penitenciaría, junto a presos comunes y delincuentes de alta peligrosidad. Exigimos, por el bien y la seguridad de los nuestros, se cumpla con el sitio de reclusión establecido en la boleta de encarcelamiento”.
Reclamó Díaz, que mientras dure la medida de privativa, sus defendidos deben permanecer a buen resguardo y en mejores condiciones de reclusión. No deben ser sometidos a situaciones de hacinamiento y riesgo, recordó que todos “son inocentes, que fueron detenidos arbitrariamente, privados de libertad de forma injusta, enjuiciados por instancia militar y encima castigados cruelmente al ser sometidos a situaciones de reclusión inadecuadas e indignas”.