No hubo ayer en Caracas sustitución de la legítima Asamblea Nacional, que salió de las urnas en 2015, por la llamada Constituyente que fue elegida el pasado domingo en unos comicios cuestionados por no cumplir los más elementales requisitos democráticos. El Gobierno de Nicolás Maduro intenta ahora la extravagante fórmula de que convivan en la misma sede del poder jurídico “esa Asamblea podrida que está ahí”, según sus propias palabras, con la que el chavismo puso en marcha para destruirla.
Como ya hizo antes de las elecciones, cuando excarceló a los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma siguiendo el patrón “casa por cárcel”, Maduro ha vuelto a maniobrar para ganar tiempo (también ante otras facciones del chavismo). Forma parte de su manera de gobernar el dar falsas señales de aparente conciliación, mientras recompone las piezas sobre las que apoyarse y dar otro paso más en el control de los resortes de poder y en la estrategia de liquidar a la oposición. Y no parece importarle mucho si en el camino destruye al pueblo venezolano.
Cuando todavía se mantenían frescas las imágenes de los colegios electorales prácticamente desiertos en la votación del domingo, pese a que el régimen se atribuía una participación del 41% de participación y más de ocho millones de votantes, el aparato represor de Maduro devolvía a la cárcel de Ramo Verde a López y Ledezma. La reacción internacional no se hizo esperar y fueron decenas de países democráticos los que cuestionaron la legitimidad de la fraudulenta Asamblea Constituyente recién elegida. El miércoles era la UE la que no la reconocía, mientras que EE UU ya había ido más lejos adoptando sanciones. Pero fue la denuncia de Smartmatic, la empresa que gestiona el recuento de votos de las elecciones en Venezuela desde 2004, la que puso la guinda al denunciar que el domingo se infló la participación en al menos un millón de votos.
Maduro apretó el freno y, pocas horas después, Ledezma volvía a casa. Ayer evitó deliberadamente el previsible desalojo violento de los miembros de la Asamblea Nacional, pero nadie sabe cuánto durará esa estrambótica convivencia. Mucho más cuando Maduro ha reclamado de los diputados de la Constituyente que se apliquen para perseguir a una parte de sus colegas de la Nacional por la vía penal.
Frente a la presión a la que el chavismo tiene sometidos a los venezolanos, amén de la brutal represión que ya ha causado cerca de 130 muertos y que conduce a todo tipo de desmanes —como los tres cócteles molotov que aterrizaron en la Embajada española—, la oposición debe permanecer unida. Son 21 los partidos y movimientos que constituyen la Mesa de Unidad Nacional, y con propuestas tácticas diferentes frente al régimen, pero las maniobras dilatorias de Maduro buscan explotar sus fragilidades. La batalla para acabar con la deriva cada vez más autoritaria del chavismo puede prolongarse mucho tiempo. Conviene racionar las fuerzas, conservar la unidad y confiar en que, junto a las propias movilizaciones, la presión internacional ayude a fracturar a un Gobierno que se ha enrocado en el poder, sigue disponiendo de la fuerza militar y conserva el apoyo de países como Rusia y China.