Hace casi cinco meses intentó anular el Parlamento con un fallo del Tribunal Supremo adicto al poder. Por presión internacional debió dar marcha atrás pero fue sólo un desvío en su propósito. Instaló una Asamblea Nacional Constituyente cuya convocatoria violaba la propia Constitución y logró desplazar a la oposición, que había llegado a la Asamblea Nacional por el arrasador voto popular en diciembre de 2015.
Por: Fernanda Kobelinsky / Infobae
Aquí un recorrido por el camino que eligió Nicolás Maduro para sostenerse en el poder y ejecutar su Golpe de Estado:
El 30 de marzo de 2017 se conoció la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que anulaba el Parlamento, de mayoría opositora. En el fallo, los jueces se adjudican las prerrogativas legislativas. Con la sentencia, el chavismo pretendía legislar a través de la Corte de Justicia, cuyos miembros probaron en varias oportunidades que carecen de independencia y responden directamente al régimen.
La oposición rápidamente denunció el Golpe de Estado y miles de ciudadanos salieron a las calles a reclamar la restitución de poderes para los diputados. La comunidad internacional reaccionó y el TSJ debió dar marcha atrás en su decisión.
La estrategia de Maduro ya estaba clara, iba a desplazar a la oposición como fuera posible. Si no era a través de la Justicia, entonces había que buscar otra manera.
1 de mayo de 2017. Maduro encontró el camino… convocó a una Asamblea Nacional Constituyente y anunció su propósito de “refundar todo el Estado”. Bajo una premisa electoral falsa, llamó a los venezolanos a las urnas el 30 de julio. Los 500 constituyentes de Maduro no serían elegidos de forma directa, sino que un porcentaje sería electo por municipios y otros propuestos por sectores sociales: productivos, empresariales, educación… sin elección directa, se garantiza el triunfo.
Además, los especialistas explicaron que su convocatoria incluso violaba la propia constitución bolivariana ya que la Carta Magna solicita una consulta popular para aprobar o no el inicio de un proceso constituyente.
El 16 de julio más de 7 millones de venezolanos se lanzaron a las urnas en un plebiscito simbólico para frenar a la dictadura. Votaron en contra de la Constituyente. El acto cívico de desobediencia convocado por la oposición, mostró que los venezolanos no querían una Constituyente.
En todos estos meses, los venezolanos salieron a la calle. Cada día miles y miles de personas se manifestaron contra el régimen chavista. La punta de lanza de las protestas fueron “guarimberos”, o “escuderos de la libertad”, como los llaman en la oposición. Jóvenes armados con gomeras, palos e improvisados escudos que hicieron frente a la brutal Guardia Nacional Bolivariana.
Es que Maduro no respetó esas movilizaciones, las reprimió de manera violenta: gases lacrimógenos, balas de goma, metralletas y ataques directos de sus fuerzas de seguridad. Hasta usó a los colectivos chavistas para asesinar detractores.
La comunidad internacional denunció la violación a los derechos humanos. Pero no logró ponerse de acuerdo en una resolución conjunta en la OEA. Maduro hizo valer su fuerza petrolera con amenazas a los países del Caribe. Frustró la condena y abandonó el organismo.
El 30 de julio, y cuando el mundo entero le exigía que cancelara la convocatoria, el chavismo llevó a cabo su elección constituyente. El Consejo nacional Electoral anunció una abrumadora convocatoria, cuando hasta la empresa tecnológica que opera el sistema de voto electrónico denunció que fue un fraude.
El 4 de agosto finalmente se instaló la ANC, con Diosdado Cabello como principal figura comenzó la persecución a los opositores: se destituyó a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, la chavista arrepentida que denunció la ruptura del hilo constitucional y las violaciones sistemáticas a los DDHH. En paralelo, la Justicia destituyó y libró órdenes de captura contra todos los alcaldes opositores por “no frenar las marcha”.
El 18 de agosto la Asamblea Nacional no quiso someterse a la Constituyente, que decidió “asumir las competencias para legislar”. Así, el chavismo disolvió el único poder del Estado que aún respondía a un mandato popular, el Parlamento.