Las FARC valoraron este viernes su capital en al menos 325 millones de dólares, incluidos tierra, ganado, armamento y efectivo, al término del conflicto armado que por medio siglo libró la ahora exguerrilla en Colombia.
AFP
La organización, que concluyó el desarme de sus 7.000 combatientes el 15 de agosto como parte de un acuerdo de paz con el gobierno, publicó el inventario de bienes y activos que entregó a una misión de Naciones Unidas.
El pacto firmado con el presidente Juan Manuel Santos en noviembre último, prevé que la fortuna declarada por los rebeldes contribuya a reparar a las víctimas del enfrentamiento con el Estado, en el que también han tomado parte narcotraficantes, guerrillas y grupos ilegales de ultraderecha.
El conflicto ha dejado al menos siete millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.
“Una vez más, con la entrega del inventario de bienes y activos, las FARC hemos continuado cumpliendo de manera estricta con lo acordado”, dijo Pastor Alape, dirigente de la organización que en breve pasará a ser un partido político.
El inventario revelado por las FARC incluye inmuebles, vehículos, ganado, caballos, armamento, enseres, dólares, oro y las obras viales que construyeron en sus zonas rurales de influencia.
Los exguerrilleros valoraron su capital en casi un billón de pesos, más 450.000 dólares y 267.520 gramos de oro, lo que equivale al cambio actual a unos 325 millones de dólares, sin contar el oro.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) financiaron su fallida lucha por el poder con actividades ilegales como el tráfico de droga y secuestros.
El fiscal general de Colombia, Néstor Martínez, ha cuestionado la transparencia del inventario con el argumento de que sería menor que el que aparece en sus investigaciones.
Alape, por su parte, cree que el funcionario pretende “entorpecer” la implementación de los acuerdos y dijo que las FARC colaborarán con el gobierno en verificar el listado.
Ante las dudas de la fiscalía, el gobierno colombiano creó el jueves una comisión que verificará el inventario y advirtió que expropiará cualquier bien que no haya sido declarado por los exguerrilleros.
Quienes oculten bienes serán procesados bajo sospecha de lavado de activos.
Las FARC depusieron las armas a cambio de convertirse en un partido político legal y de recibir penas alternativas a la prisión si confiesan sus crímenes, reparan a las víctimas y se comprometen a nunca más ejercer la violencia.
Los militares y policías implicados también en delitos de guerra podrán someterse a la llamada jurisdicción especial de paz.
El acuerdo con las FARC establece penas severas de cárcel para quienes no contribuyan a esclarecer lo ocurrido en el conflicto e incumplan con los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.