En Venezuela se aplica la represión como una política de Estado, estamos frente a un régimen asesino, y así lo ratificó el más reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Asesinatos, persecución, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, abuso de la fuerza, juicios militares a civiles, son las actuaciones más recurrentes en este informe levantado por el ACNUDH durante el periodo del 1 de abril al 31 de julio, que basado en documentación y en más 135 entrevistas con víctimas y familiares, testigos, representantes de organismos de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos, personal de primeros auxilios y miembros del Ministerio Público, logró evidenciar la existencia de violaciones generalizadas de los derechos humanos por parte de las autoridades, violaciones que tuvieron como claro objeto frenar cualquier tipo de protesta contra el Gobierno.
Los números reflejados en el referido informe son reveladores, de las 124 muertes registradas en las protestas sometidas a investigación por el Ministerio Público, 46 fueron presuntamente ejecutadas por las fuerzas de seguridad y 27 por los grupos armados irregulares o colectivos. Todavía no se ha podido determinar quiénes fueron los responsables de los otros 51 fallecimientos.
En este largo período de protestas el Ministerio Público investigó además sobre no menos de 1.958 casos de lesiones. El análisis de las lesiones que figura en el informe indica que el uso excesivo de la fuerza se fue agravando. En la primera mitad de abril, la mayoría de las lesiones se debieron a la inhalación de gas, mientras que en julio el reporte era de heridos con armas de fuego.
A su vez se identificó un patrón de violaciones graves del debido proceso en los casos de detención documentados, como la falta de órdenes de arresto, la detención en régimen de incomunicación, la falta de acceso a un abogado y el incumplimiento del principio de presunción de inocencia.
Más de 600 civiles detenidos en el contexto de las manifestaciones han sido sometidos a la jurisdicción militar y acusados de delitos de naturaleza militar, en violación de las garantías de un juicio justo previstas en el derecho internacional de los derechos humanos.
Estos indicadores son el reflejo de una política dirigida a aniquilar a la oposición e infundir temor en la población para frenar la protesta, violando de forma flagrante sus derechos y libertades.
En este informe el ACNUDH exhorta al gobierno de Venezuela aplicar un plan efectivo para desarmar a los colectivos armados, proteger a la población de sus ataques y prohibir y castigar sus actividades delictivas.
También pide poner fin al uso de fuerza excesiva y desproporcionada, limitando el despliegue de la GNB durante las manifestaciones y evitando la participación de cuerpos de seguridad que no tienen competencia para llevar a cabo labores de control de multitudes, como el SEBIN y el CONAS.
Recomienda además poner fin al acoso a la oposición y fortalecer la independencia del poder judicial, absteniéndose de tomar cualquier medida que pueda menoscabarla.
El ACNUDH exige además al Gobierno de Venezuela garantice el ejercicio pleno del derecho a manifestar, entendido este como un medio de expresión del disenso, al que debería responderse con un diálogo constructivo y participativo en busca de soluciones a la crisis social, económica y política del país, no con represión, persecución, cárcel y muerte.
Nos corresponde a todos difundir este informe y sumarnos a la petición del ACNUDH de requerir al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a que tome medidas para prevenir el agravamiento de la situación de derechos humanos en Venezuela.
@LesterToledo