Recuperar la memoria histórica es la manera más eficaz que América Latina tiene para evitar las violaciones a los derechos humanos, coincidieron hoy los expositores del seminario internacional “Crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado”, llevado a cabo en Santiago.
EFE
Cuando la región “vira hacia la derecha”, aumenta la preocupación entre los movimientos de derechos humanos respecto de la reparación de familiares y víctimas de las dictaduras que aquejaron a 18 países en la década de los setenta.
“Un gobierno interesado en la causa, dispondrá recursos para investigación, juicios y educación sobre derechos humanos, pero las derechas modernas son más peligrosas, porque tratan de banalizar lo ocurrido”, señaló a Efe la museóloga argentina Alejandra Naftal.
Naftal, quien sufrió con solo 17 años las atrocidades del último régimen argentino, dirige actualmente el sitio de memoria ubicado en lo que era la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de torturas de esa dictadura, que capturó a más de 5.000 detenidos desaparecidos entre 1976 y 1983.
En la Argentina de Mauricio Macri “no es prioridad la búsqueda de verdad, memoria y justicia”, pero este Gobierno “fue elegido democráticamente”, por lo que habrá que encontrar “nuevas maneras de mantener en pie esa problemática”, aseveró la funcionaria, cuyo museo fue inaugurado en 2012, a 41 años del golpe de Estado encabezado por Jorge Rafael Videla en su país.
Actualmente, las sociedades latinoamericanas “impulsan proyectos populares para recordar ese pasado reciente y ver qué acciones se toman en el presente”, dijo Naftal, en alusión a los espacios de memoria patrocinados por los gobiernos y organizaciones humanitarias.
En opinión de los interventores, la constante lucha de los movimientos de derechos humanos, que se replica hasta la fecha en las naciones americanas, aún tensa las relaciones con los respectivos poderes, pese a los avances alcanzados ya en democracia.
“Los gobiernos latinoamericanos se sienten incómodos con el concepto de derechos humanos, porque esos derechos están en mano de los ciudadanos y eso les complica”, expresó a Efe el abogado chileno Roberto Garretón, arrestado bajo el régimen de Augusto Pinochet por difundir un artículo sobre los crímenes de lesa humanidad que se cometían en la época y que el mando callaba.
El jurista, que luego representaría a América Latina y el Caribe en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó que las condenas a los represores marcan “un progreso”, pero “la cobardía en las Fuerzas Armadas persiste”.
“En Chile ha habido muchas sentencias para violadores de derechos humanos, pero no con las condenas que uno quisiera”, debido al manto de silencio que aún protege a las milicias, declaró Garretón, quien sostuvo además que los grupos ultraderechistas representan “un riesgo constante” para las democracias.
La segunda mitad del siglo XX será recordada como una época oscura en la historia de América Latina a causa de los 31 dictadores que encabezaron los más violentos regímenes cívico militares en 18 países de la región, con cifras de víctimas “difíciles de determinar”.
“Aún intentamos digerir la magnitud de nuestra tremenda dictadura, la más larga y violenta de nuestra historia republicana, cuyo conocimiento es todavía una tarea pendiente”, subrayó el antropólogo de la Universidad de Chile, Elías Padilla, quien estimó en más de 33.000 las violaciones a los derechos humanos en el país suramericano entre 1973 y 1990.
“La investigación, los informes oficiales y los testimonios son la única posibilidad para dar a conocer lo que ocurrió y así evitar que estos hechos vuelvan a repetirse”, declaró Padilla, cuya tesis apunta a un “plan de exterminio de grupos sociales” originado desde el exterior.
El coloquio realizado en el Centro Cultural Gabriela Mistral fue organizado por la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi e incluyó la participación de autoridades, académicos y representantes de la sociedad civil de varios países latinoamericanos.