Todo el proceso que los condujo a constituir una nueva área de poder fue absolutamente fraudulento. No fue convocado por quien tenía la potestad para hacerlo. Establecieron una fórmula para garantizarse la mayoría a priori. El invento de un registro desconocido para conformar unos supuestos sectores, violó el principio de un elector un voto.
Si bien es cierto el presidente podría tomar la iniciativa, la convocatoria correspondía al ” pueblo de Venezuela es depositario del poder constituyente originario”, tal como establece la Constitución.
En 1999 con una interpretación laxa de la Constitución vigente para la época, producida por la Corte Suprema de Justicia,se llamó a la Asamblea Constituyente y sin embargo tanto sus bases comiciales, como la misma convocatoria fueron aprobadas en referéndum.
Pretenden ahora después de todas la violaciones darle carácter plenipotenciario y supraconstitucional, cuando ella es el resultado de la promoción exclusiva del poder constituido. La Carta Magna vigente define tres atribuciones a una Constituyente convocada legítimamente: “transformar el estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.
La actual ilegítima pretende asumir la competencia de legislar cuando el órgano de mayor legitimidad, por el cual votaron más de catorce millones de venezolanos es precisamente el poder legislativo, representado en la Asamblea Nacional.
La primeras decisiones de la ilegítima han evidenciado sus verdaderos propósitos, constituir una instancia con una falsa fachada de legalidad, desencadenar una ofensiva de persecución contra la dirección de las fuerzas democráticas y contra todo aquel factor que rechace sus ejecutorias.
En la misma elección con todo y normas hechas a la medida, recurrieron al expediente del fraude, la ausencia de electores fue notable, contrastando con el exitoso evento que realizó la Mesa de la Unidad Democrática cuya participación fue verdaderamente masiva. La propia empresa Smarmatic señaló que sus números daban -cuando menos -un fraude de un millón de votos.
La actuación del gobierno para imponer su constituyente fraudulenta ha develado frente al país y a la opinión pública internacional, su verdadero carácter represivo y autoritario, donde se subrayan sus rasgos dictatoriales y se cierran cada vez más los espacios democráticos. No todo les ha salido como lo habían previsto, el desconocimiento de la mayoría de los países del continente y de Europa ha constituido un serio revés a sus propósitos.
Tenían la absurda pretensión de acudir a fuentes de financiamiento internacional, con la decisión de la constituyente fraudulenta, desconociendo la disposición constitucional que le concede a la Asamblea Nacional la prerrogativa de esa aprobación.
La política de las fuerzas democráticas de asumir férreamente la defensa de la Constitución vigente, enfrentando sus violaciones y desacatando las decisiones que provienen de la instancia ilegítima, es acertada, por lo que debe mantenerse y profundizarse.
Legalmente la constituyente de Maduro ni es plenipotenciaria ni supraconstitucional -aunque el gobierno vulnera constantemente la legalidad- está claro que mientras no exista otra Constitución la vigente es la del año 1999, la aprobada en referéndum y cuya reforma fue negada también por el referéndum celebrado en el 2007. Demostración clara del amplio respaldo que recibió la Carta Magna vigente, que antes él oficialismo definía como ” la mejor del mundo”. Como ha quedado demostrado la motivación de promover su constituyente fraudulenta, está asociada más al propósito de mantenerse en el poder, que a la necesidad de elaborar una nueva Constitución.