ALTO:
JUSTICIA TARDA…
Pero no olvida. Viendo los abusos que con la excusa de defender lo ilegítimo se siguen cometiendo desde el gobierno de Maduro -con el aval de la inconstitucional asamblea constituyente- traigo a colación las sentencias de la justicia argentina de cadena perpetua para 12 emblemáticos ex jueces federales, magistrados, ex militares, funcionarios y policías represores en ese país, a pesar de haber transcurrido entre 34 y 50 años de las varias dictaduras militares argentinas. Durante el proceso, terminado hace solo mes y medio, querellas&fiscalías lograron demostrar que el silencio de jueces&fiscales durante la dictadura, o la decisión de no investigar las denuncias presentadas por las familias, no fue una actuación pasiva sino claramente activa que implicó la complicidad en los crímenes cometidos. La histórica sentencia contra la “pata” civil de la última dictadura militar fue en el denominado “juicio a los jueces”. Se trató de una “megacausa” por hechos que resultan “constitutivo de crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles”. La mayoría se dieron en el contexto de delito internacional de genocidio. Recordemos que tras lo sucedido con la detención del exdictador chileno Augusto Pinochet en Londres, 1998, se comprobó la extra-territorialidad de esos crímenes basándose en el principio de la “jurisdicción universal”. Ese arresto dio impulso a una búsqueda de justicia, contra la impunidad, que ya estaba encaminada. El cambio cristalizó en otro evento histórico ocurrido tras el caso Pinochet: la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) que desde 1998 juzga a las personas acusadas de cometer crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio. Guerra avisada global desde los presidentes hasta los policías pasando por ministros, fiscales, jueces y magistrados. Hoy el mundo si es un pañuelito …
MEDIO
¿Y ZAPATERO QUE?:
Cuestiono la intermediación “obligada” del exjefe del gobierno español tomando como ejemplo un solo caso, emblemático, de las violaciones de los DD.HH. por parte del gobierno de Maduro y sus brazos ejecutores de uniforme que controlan diferentes instancias del poder. Siendo Yon Goicoechea un ciudadano que también goza de la nacionalidad española me preguntaba ¿qué ha hecho Rodríguez Zapatero para hacer cumplir lo que el mismo Tribunal 21 en Funciones de Control Penal, que lleva su caso, al dictar una medida de libertad condicional a su favor, al constatar que no fueron encontrados elementos probatorios para que la Fiscalía presentara una acusación en su contra? Esta medida, no obstante, ha sido desacatada por el SEBIN, sin explicación alguna. La defensa de Yon ha interpuesto más de 4 acciones de amparo ante el tribunal 21 de Control Penal de Caracas (encargado del caso), ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Caracas (asignados a la Sala 2 de esa Corte), y ante la Sala Constitucional del TSJ. La respuesta ha sido el silencio absoluto. El tribunal 21 cerró su despacho desde diciembre de 2016, teniendo más de 8 meses (récord inédito) de cierre ininterrumpido. La verdad los pasillos del Palacio de Justicia: “el tribunal no tiene nada que decir respecto al caso de Yon y cerrar el despacho fue la vía más fácil que encontraron para no dar la cara”. La Corte de Apelaciones, tiene desde el 20 de diciembre un amparo constitucional que debió decidir en máximo una semana, y lleva más de 8 meses en absoluto silencio. La Sala Constitucional del TSJ tiene en sus manos otra solicitud de amparo de julio de este año, que debió resolver en horas según lo dispone la Ley Orgánica de Amparo, y hasta hoy su respuesta ha sido la misma que la de los otros tribunales: silencio absoluto. En julio de 2017, la investigación penal del caso de YG se dio por completamente concluida, arrojando como resultado su plena inocencia, con la consecuente solicitud por parte del Fiscal a cargo del cierre definitivo del caso (sobreseimiento), sin que a la fecha se haya hecho efectiva. La detención de YG fue calificada así por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU ante lo cual se exigió su inmediata liberación. Este órgano de la ONU determinó que en el caso el gobierno ha violado gravemente disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vinculante para Venezuela. ¿Se topará con esa queja Maduro si va a la Comisión de DD.HH. de la ONU? ¿Se dará RZ por aludido?…
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