La revelación del diputado Ángel Alvarado de que el alza de precios en agosto fue del 33,8% obliga a preguntarnos si ya estamos en presencia de la hiperinflación. Más allá de los criterios cuantitativos con base en los cuales se define esta situación, existen dos condiciones básicas que la provocan:
1) La pérdida absoluta de confianza en el bolívar como depositario de valor.
2) La indexación casi inmediata con la inflación observada, de remuneraciones y precios.
La primera condición ya existe. Nadie guarda bolívares. Bolívar que entra a nuestros bolsillos se gasta comprando dólares, artefactos, ropa, comida, reparando bienes, lo que fuera. Nadie ahorra bolívares.
La segunda está en acelerada expansión. Para muchos bienes importados, la indexación ha sido forzosa a través del dólar paralelo, que sube con la inflación. Los precios de repuestos, ropa, artefactos y de comida importada, entran en carrera intentando conservar su valor en dólares. Por su parte, los servicios de reparación, peluquería, mecánicos, plomeros, los restaurantes y otros, buscan desesperadamente alinearse con la inflación. Ni se diga de la comida, los cauchos y medicamentos. Es notorio, sin embargo, el rezago de los salarios que, en términos reales, han perdido fuertemente su poder adquisitivo.
La inflación en 2017 hasta el 31 de agosto ha sido, según la Asamblea Nacional, de 367%. Este cálculo sirve para ajustar, con base en el poder adquisitivo que tenía el bolívar para finales de agosto, los montos del bono de alimentación y del salario mínimo a finales del gobierno de Rafael Caldera, como del de Hugo Chávez, y compararlo con el decretado el 7 de septiembre por Maduro (ver cuadro). Se aprecia que la remuneración mínima integral se mantuvo más o menos igual de Caldera a Chávez (disminuyó un 5,5%). Pero con el ajuste recién de Maduro se gana menos de la mitad, en términos reales, de lo que se ganaba en el último año de Caldera (o el de Chávez). Se evidencia que para los asalariados el desbordamiento inflacionario ha tenido un costo terrible.
La otra área que falta por indexar es el de los servicios públicos (telefonía, luz, agua), el gas y la gasolina, que se venden a precios risibles, ocasionando grandes pérdidas y deterioro del suministro. Pero es perentorio ajustar estos precios si se quiere evitar su deterioro aún mayor, como de las finanzas públicas. Pero sanear sus cuentas no es preocupación del régimen; basta con que el BCV imprima más billetes para cubrir sus enormes déficits. En lo que va de año, este dinero sin respaldo se ha sextuplicado. La liquidez monetaria -el dinero que circula incluyendo depósitos a la vista y de ahorro- ha crecido en un 225%. El gasto público deficitario (financiado por el BCV) es uno de los principales motores de la inflación. En tal contexto, la aceleración de los ajustes del salario mínimo integral decretados por Maduro -van cinco este año; en el 2016 hubo tres- alimentan aún más el alza de precios.
¿Y cómo ha respondido Maduro a este terrible flagelo que empobrece tanto a los venezolanos? ¿Ofreció rectificar sus políticas económicas el jueves 7? ¡No! Insistió en muchas de las mismas medidas que han provocado la situación actual: precios controlados, pero ahora con diferente nombre (“acordados”); los CLAPs y los consejos comunales como fiscalizadores de tales precios; el aumento de salario antes mencionado; y un nuevo parapeto, el “Consorcio Agroalimentario del Sur (Agrosur)”, para apoyar a los productores del campo, ¡manteniendo el control de precios y después de que acabó con los servicios que prestaba Agroisleña! Completan su anuncio un impuesto al patrimonio de los ricos -¿las enormes fortunas amasadas por boliburgueses y quienes lo acompañan en el poder?-; una huida del dólar para complicar y encarecer aún más las transacciones externas del país (un verdadero harakiri); y -cuando no- una nueva batida rentista, pero ya no con petróleo si no con el arco minero.
La oligarquía a que pertenece Maduro no le interesa resolverle los problemas a la gente. No desea atajar las amenazas de hiperinflación porque su agenda es otra: permanecer en el poder para seguir enriqueciéndose con los controles, compras, contratos y otras ardides aplicados discrecionalmente, con el monopolio de importaciones, el acceso al dólar regalado, el tráfico de drogas y otras irregularidades. Y todo ello se hace revestido de un discurso justiciero, de redención social y de lucha contra el imperio. ¡Impresiona que todavía se continúe con la idiotez de culpar a una supuesta “guerra económica”!
Ese discurso, además de alimentar el espíritu de secta de los fanáticos que le siguen, busca encubrir y legitimar el control social sobre los más humildes a través de dádivas y facilidades otorgadas, … siempre que exhiben el “carné de la patria”. Definitivamente, la “revolución” necesita a los pobres como mampara para expoliar al país, a costa de su hambre y miseria, pero clamando luchar por sus intereses.
Estamos a las puertas de la hiperinflación. Las condiciones están dadas y el gobierno lo sabe, como también sabe que hay formas de enfrentar esta terrible amenaza, como hemos venido proponiendo muchos economistas desde hace tiempo. Pero es que ese no es su problema.
No. Maduro, como auténtico fascista que es, está en guerra contra el país, porque éste lo rechaza y busca -cada vez más por razones de mera sobrevivencia- su salida del poder. Como expresión de este desprecio por el sentir mayoritario, se recoge esta perla que soltó en referencia a las próximas elecciones regionales, el mismo día de sus anuncios económicos: “Todos los gobernadores que sean electos deberán subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente (sic), de lo contrario, deberán ser destituidos de inmediato” (¡¡!!) Y tiene los santos riñones de acompañar esta barbaridad afirmando que “Democracia y libertad reinan en Venezuela” (¡!).
Maduro se burla una vez más de la voluntad popular, de sus anhelos, aspiraciones y necesidades. Para ello fue que montó ese adefesio fraudulento al margen del ordenamiento constitucional, que pretende imponernos como Asamblea Constituyente. No vaciló en incurrir en un altísimo costo político, tanto nacional como internacionalmente, para semejante desatino. Hay que extremar el control dictatorial sobre los venezolanos para impedir toda posibilidad de cambio. Para los integrantes de la oligarquía militar civil que se ha enseñoreado sobre el país, todavía es posible exprimirlo un poco más; claro está, a expensas de las condiciones de vida del pueblo. Pero para eso nada mejor para lavar conciencias y absolver atropellos que los clichés comunistoides y las pretensiones “revolucionarias”.
¿Hay algún inocente que crea que esta oligarquía no tiene con qué protegerse contra la inflación y que, por tanto, le interesa enfrentarla?
¿Hay alguien que ponga en duda la necesidad de un nuevo gobierno?
Humberto García Larralde, economista, profesor de la UCV, humgarl@gmail.com