El presidente de la República, Nicolás Maduro, mantiene al país en un eterno régimen extraordinario de medidas que supuestamente servirán para enfrentar la actual crisis que viven los venezolanos.
De nuevo, el mandatario nacional prorrogó el estado de excepción y de emergencia económica en todo el territorio nacional por 60 días más. El Decreto n.° 3.074 del pasado 11 de septiembre prevé la implementación de medidas extraordinarias en el ámbito social, económico y político.
Acceso a la Justicia advierte que la medida incumple los principios y las normas constitucionales por las siguientes razones:
1-Contradice las bases de la Carta Magna (artículos 337, 338 y 339) que permiten acordar el estado de excepción como un instrumento provisional o circunstancial consagrado para proteger el orden constitucional, y no para resquebrajarlo como lo hace el Ejecutivo; aparte que no es ni siquiera el mecanismo idóneo para resolver la dura crisis económica, política y social por la que atraviesa el país, donde es el propio Gobierno su propulsor por las continuas y erradas políticas públicas que ha venido implementando.
2-No establece cuáles son las garantías restringidas y sus límites, como lo impone la Constitución, ni tampoco refleja en los considerandos del decreto una valoración objetiva del motivo o causa que justifique la emisión del nuevo estado de excepción. Sólo se limita a sostener afirmaciones vagas acerca de la existencia de supuestos sectores nacionales e internacionales que buscan perjudicar los intereses del país.
3-El régimen de excepción impuesto insiste en violar la soberanía popular (artículo 5 de la Constitución) al desconocer a la legítima Asamblea Nacional (AN), sobre todo cuando omite —al igual que lo hizo con los decretos anteriores— todo pronunciamiento acerca de la remisión que debe hacer el Presidente de la República a la AN para la consideración y aprobación del decreto en que declare el estado de excepción, conforme a lo dispuesto en el artículo 339 constitucional.
Vale acotar que el pasado 19 de septiembre el Parlamento acordó el rechazo y la no aprobación del mencionado acto de gobierno.
Además de esto, el desconocimiento a la AN por parte del Ejecutivo nacional se hace evidente en el numeral 22 del artículo 2, en el que expresamente dice que el Presidente de la República va a decidir “la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios, cuando dichas sanciones puedan obstaculizar la continuidad de la implementación de medidas económicas para la urgente reactivación de la economía nacional”.
Es cuestionable y abierta la violación del principio de temporalidad, que es uno de los pilares fundamentales para dictar el estado de excepción y que consiste en imponer un tiempo determinado de duración de esta medida, con el propósito especial de impedir que se extienda su vigencia de forma indefinida o infinita.
El Gobierno viene extendiendo el estado de excepción desde enero de 2016, por lo que aplica dicha figura como una decisión permanente o eterna que busca suspender la vigencia del texto constitucional por un régimen paralelo con el que incrementa cada vez más los poderes del Ejecutivo y el control absoluto sobre las instituciones del país por el partido gobernante.
En medio del carácter protectorio que dice tener el estado de excepción en el contexto actual del país, para nada está dando tregua a la angustiosa y caótica crisis humanitaria que se vive. Lo que se revela con cada declaratoria de esta medida es el debilitamiento del Estado constitucional democrático y de derecho frente al fortalecimiento del Gobierno, que busca perpetuarse en el poder.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
El porvenir de los venezolanos, lamentablemente, se vaticina poco esperanzador con un Gobierno tiránico que se ocupa sólo de aferrarse al poder a cualquier precio sin dedicarse a atacar la raíz de los males angustiantes que estamos padeciendo y ni siquiera encontrar las verdaderas fórmulas a la crisis que afronta el país.
En medio de la actual situación de escasez e inflación que padecemos, esta declaratoria de un estado de excepción pareciera significar, desgraciadamente, el desmoronamiento de la población venezolana.