Hoy en día el país atraviesa por una gravísima situación económica: escasez de alimentos, de medicinas, de bienes básicos, inflación, desempleo, incremento de la pobreza, deficientes servicios públicos, inseguridad, y un largo etcétera… Situación que no es sino la lógica consecuencia de la aplicación de un modelo económico que nos ha acompañado, no desde finales del siglo XX, sino desde por lo menos los años sesenta del mismo siglo, y que se ha venido acelerando.
Un modelo que podemos definir de Estado interventor en la economía, restricciones a la competencia, prácticas proteccionistas (monopolios privados y estatales, concesiones), Estado-empresario, regulador, controlador de la economía, clientelar y asistencialista, y que para su funcionamiento y sostenimiento necesariamente requiere un gasto público elevado, altos impuestos, endeudamiento, inflación. Un modelo que inexorablemente tiende por naturaleza a mayor intervención, mayor control, a empeorar los resultados económicos, a la pérdida de bienestar, al totalitarismo y, si no se detiene a tiempo, a la tiranía. Es decir, es un modelo que aunque comienza confiscando las libertades económicas de los ciudadanos, siempre amparado y justificándose en su persecución del bien común, termina confiscando las libertades civiles también… termina confiscando la libertad, que es una sola.
En mi opinión, y no es sólo mía, lo natural, lo sano, lo correcto, debería ser un arreglo institucional en que, mientras el estamento político sea quien tenga el poder político, la sociedad civil, los ciudadanos, sea quien mantenga el poder económico. La relación sana es que el estamento político, las instituciones políticas, los organismos públicos, el gobierno, el parlamento, el poder judicial, el Estado, estén al servicio del ciudadano. No al revés.
Lo sano es que el ciudadano sea quien tenga el poder económico, sea dueño de empresas, produzca, genere empleo y bienestar, y mediante sus impuestos sostenga al Estado, al gobierno, al estamento político. Es decir, el ciudadano sea el empleador que, a través de los impuestos, le pague sus buenos servicios a sus empleados, los servidores públicos, el estamento político. Entonces, el ciudadano mantiene el poder económico, y negociará, a través de las organizaciones políticas, como el parlamento, los impuestos que pagará a cambio de buenos servicios públicos. Y si los servidores públicos no hicieren bien el trabajo para el que el ciudadano los eligió, pues, a través de mecanismos predispuestos, debe tener el poder para removerlos y elegir a otros.
Esto, opino, debe ser el principio del arreglo institucional correcto y sano para todos en la sociedad: los políticos manteniendo el poder político, pero sirviendo y dependiendo del ciudadano, quien es quien tiene el poder económico. Así se logra el balance necesario para que las cosas funcionen, y para que se preserve a largo plazo la libertad, y por ende la democracia. Si el estamento político, o el Estado, tuviera ambos, tanto el poder político (que por naturaleza ya tiene) como el económico, ¿con qué carta se sientan a negociar los ciudadanos? Con ninguna; y sin tener nada con qué negociar, lo más probable es que terminen siendo los ciudadanos servidores del Estado.
Esto es lo que ha venido ocurriendo en el país desde los años sesenta del siglo XX: un Estado que ha ido quitando el poder económico de las manos de sus naturales dueños y gerentes, la sociedad civil.
A manera de ilustración, y de una larga lista, sólo destaco tres hitos de nuestra historia político-económica: la estatización del Banco Central (1974), la consolidación de la estatización de la industria petrolera (1976) y la sustitución de importaciones por la misma época.
En estos casos, justificándose en el bien común, el Estado (a través del gobierno central) dio tres pasos muy importantes en ese camino de quitar a la ciudadanía su natural, y sana, responsabilidad de tener el poder económico. ¿Y qué es lo más triste? que la sociedad civil se lo permitió… tal vez embelesados por la bonanza petrolera de aquellos años, no pudimos ver con claridad las consecuencias que muchos años después permitir ese paso traería, aunque para ser justos, hubo quienes sí lo advirtieron. O simplemente como dirían algunos teóricos, no abundaban ya entre nosotros, no estábamos ya muy imbuidos de las ideas de libertad, siendo caldo de cultivo, sustrato apropiado, mercado cautivo, para el avance del estatismo.
En el primer caso, el del Banco Central, con la modificación de su ley en 1974, el Estado (a través del gobierno) se apropia de la totalidad accionaria (recordemos que inició sólo teniendo un 30% de las acciones), y consolida su derecho a elegir a la junta directiva, derecho que ya preservaba desde inicio de los años sesenta. Considero evidente que estos cambios que se dan en el gobierno corporativo del Banco Central, alinean sus intereses a los del gobierno central, y no necesariamente a los del ciudadano, y fueron justificados en aras del bien común. Se lesiona así la autonomía que necesaria y convenientemente (a los ciudadanos) debe tener la autoridad monetaria, el ente emisor; que de por sí ya consiste en un monopolio de emisión, con las consecuencias que en el bienestar de la sociedad esto tiene, y que a su vez representa para el Estado gran tentación de apropiarse esa facultad.
En el segundo caso, el de la industria petrolera, con la estatización de 1976, el Estado termina de dar un paso que desde años antes ya venía gestándose: se apropia de la totalidad de la exploración, producción y comercialización del recurso natural; crea empresas para sustituir a aquellas privadas (nacionales y extranjeras) que manejaban el sector petrolero. Es decir, crea un monopolio estatal.
En el tercer caso, el de la sustitución de importaciones, el país, llevado de la mano del gobierno en alianza con intereses privados que se beneficiarían del nuevo arreglo institucional, emprendió la no-natural tarea de querer hacer todo nacional y domésticamente, es decir, en el país. Idea que por supuesto que tiene mucho “punch” mediático, y nos llega a la fibra de nuestro corazón patrio, pero que no lleva a mejores niveles de bienestar, beneficia a unos pocos a expensas de la mayoría, atenta contra la competencia, la innovación, la creatividad y la calidad, encarece la vida, resta prosperidad, y lesiona la libertad al reducir las opciones que los ciudadanos tienen para elegir. Lo natural es especializarnos en aquellos rubros en los que tenemos ventajas comparativas, producirlos e intercambiarlos con el resto del mundo por aquellas cosas que necesitamos; y además esta labor debe ser descentralizada y privada, para que sea eficiente, decisiones libres y voluntarias de cada quien. Lo natural es ser interdependientes y no autárquicos.
Dados estos tres ejemplos no nos deberían sorprender los resultados: elevado gasto público, monetización del déficit fiscal (cubierto con impresión de dinero), acelerada inflación, pérdida de participación en el mercado petrolero, desvirtuación de la naturaleza de la empresa estatal petrolera, reducción de su capacidad productiva, caída en las reinversiones necesarias, clientelismo político, ineficiencia, pérdida de capacidad de maniobra y de adaptación a los cambios tecnológicos y de mercado, aumento de la vulnerabilidad del país ante la volatilidad del mercado petrolero, menos diversificación de nuestras industrias, desempleo, escasez, encarecimiento de la vida, pérdida de bienestar, menor variedad y calidad de bienes y servicios, y lesión de nuestra libertad de elegir, etc.
Bueno amigos, por razones de espacio detengámonos en este punto, por los momentos. Continuaremos argumentando que la política necesaria es la Libertad y el respeto a la Dignidad humana, en el próximo artículo.
Entender de economía política, identificar ganadores y perdedores, nos permite entender por qué no cambia y por qué es difícil cambiar el statu quo.
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