“Resulta inaceptable que, luego de dos años y medio, nada menos, de estar en conocimiento de la solicitud de revisión que plantearon los abogados de la USB sobre la sentencia 216, del 3 de diciembre de 2014, dictada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Sala Constitucional de dicho Tribunal no haya emitido aún decisión alguna que permita, de una vez por todas, efectuar las elecciones en la Universidad Simón Bolívar y en las otras universidades nacionales, como todos los universitarios queremos y ya se hace realmente indispensable, vital, para nuestras instituciones”, declaró hoy el presidente de la Asociación de Profesores de la USB (APUSB), profesor William Anseume.
Nota de Prensa
Explicó además el profesor Anseume: “entendemos que el problema es básicamente político más que jurídico, por consiguiente ya ha debido emitirse un pronunciamiento fáctico, político-jurídico, que destranque el juego que tiene paralizadas las elecciones rectorales y de representación ante diversos cuerpos colegiados en las universidades, causando un agotamiento de las personas en los cargos, sin poder cubrir con base al principio de autonomía universitaria las renuncias y hasta la muerte de algunas autoridades, sin poder dar la necesaria renovación y el cumplimiento de los intereses políticos, de participación, de representación, de los miembros de la comunidad académica universitaria. Esto es lo que ha permitido, y a lo mejor era lo deseado desde el oficialismo, la inaceptable designación de autoridades, por parte del CNU; designados que por completo desconocen la universidad a la que van a operar. Así se coarta el ejercicio de las libertades políticas en las universidades”.
Alertó Anseume: “si el TSJ en su Sala Constitucional aceptó el recurso interpuesto por los abogados de la USB, tiene que ser porque encontró bases constitucionales en el reclamo que detuvo la sentencia 216, ésa que contempla algo así como un voto universal, en igualdad de condiciones, tal y como si las universidades fueran repúblicas. Esto es desconocer la naturaleza y la razón de ser de las instituciones universitarias. La naturaleza de la universidad es fundamentalmente académica y sus objetivos son académicos, no son políticos, por tanto una universidad no puede entenderse como un país, ni una alcaldía, ni un consejo comunal como pretenden hacer ver ciertas voces del oficialismo, buscando con ello prosélitos políticos entre trabajadores y obreros, buscando partidizar y uniformar a la Academia. Imposible de aceptar”.
Por su parte, el profesor Luis Buttó, Secretario General de la APUSB, indicó: “la raíz conceptual del asunto es que las universidades son autónomas por disposición constitucional, tal como se encuentra estatuido en el artículo 109 de nuestra Carta Magna. En consecuencia, la autonomía debe respetarse para que las universidades puedan darse ‘sus normas de gobierno’, según dicho artículo. La asfixia política en las universidades debe detenerse de inmediato por el bienestar institucional de la educación superior venezolana. La Universidad Simón Bolívar, por decreto de autonomía dictado por el ex presidente Rafael Caldera (artículo 1, numeral 4), ‘podrá escoger y designar sus autoridades’. Es inadmisible que se continúe desconociendo tanto ese decreto como la propia Constitución Nacional”.
Agregó Buttó: “la Sala Constitucional debe pronunciarse ya, es una emergencia, acerca de la inconstitucionalidad que el propio TSJ halló en la sentencia de la Sala Electoral. Desde luego que los profesores no aceptaremos de ninguna manera una elección impuesta, donde se vaya en desmedro de nuestras facultades políticas, en donde un voto de un profesor valga casi nada, en caso de que estudiantes y egresados sean considerados en un voto uno a uno y no proporcional. En un escenario como ése, cualquier decisión rebasa las posibilidades de participación de los profesores, quienes más vida y trayectoria tienen en las universidades durante muchos años de carrera, en comparación con los seis años en promedio que transita un estudiante, o la compenetración institucional que pueda tener un egresado. Los profesores somos, además, los candidatos. No tiene sentido que los admisibles y quienes efectivamente van a resultar elegidos, no podamos intervenir de manera decisoria en los resultados, en proporción ciertamente razonable. La decisión en torno al cómo de las elecciones debe darse necesariamente en las universidades y el TSJ debe velar porque éstas se materialicen con respeto absoluto al principio de autonomía. Todo esto debe ser evaluado por el TSJ para su decisión. Más allá de reconocer los derechos de empleados y obreros, resultaría totalmente improcedente que ellos sean los factores decisivos en este sentido. Desconocer la principalísima función de los profesores es colocarle un límite mortal a la Academia y a la vida político-institucional de las universidades”.
Enfatizó el Secretario General de la APUSB: “la salida judicial debe darse y también la salida política. Algunas universidades tienen más de diez años con las autoridades sin posibilidad de ser renovadas y en las instituciones creadas por el gobierno no se permite la participación política de nadie. Existe un inmenso desequilibrio en todo esto y el TSJ debe, de una vez por todas, producir una decisión que permita realmente la participación, el elegir real, el ser elegidos, la renovación. La decisión del TSJ a través de su Sala Constitucional sobre las elecciones en la USB, data de abril 2015. Esa decisión paralizó la previa de la Sala Electoral, fechada en diciembre de 2014. Mientras tanto, se obliga a que la conducción de las universidades esté condicionada por tales falencias. Por el bien institucional, desde la APUSB demandamos una respuesta inmediata, lógica, propiamente universitaria”.