El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, rechazó hoy la posibilidad de hablar con el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, a quien acusa de chantajear de forma “brutal” al Estado con una declaración unilateral de independencia, reseñó El Nuevo Herald.
“Si el señor Puigdemont quiere hablar o negociar, o quiere enviar mediadores, sabe perfectamente lo que debe hacer antes: volver a la senda de la Ley, que nunca debió abandonar”, dijo un comunicado del gobierno.
Tres días después del referéndum ilegal independentista se han puesto en marcha diversas iniciativas que buscan una mediación para propiciar vías de diálogo entre el Gobierno español y el Ejecutivo catalán.
Según confirmaron a EFE fuentes conocedoras de esos contactos, el Gobierno catalán ha iniciado contactos con el Arzobispado de Barcelona y con el abad de Montserrat a fin de sondear la posibilidad de que ejerzan un rol de mediación en la cuestión catalana.
También el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha intentado que ambas partes determinen a sus interlocutores para abrir una vía de diálogo.
Sin embargo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dejó claro a Pablo Iglesias que no puede hablar con quien ha planteado un “chantaje tan brutal al Estado”, en alusión a Puigdemont y a las formaciones secesionistas catalanas.
Aunque Iglesias dijo que Rajoy no le contestó con una negativa, fuentes del Gobierno español subrayaron que el jefe del Ejecutivo le explicó que lo que tiene que hacer Puigdemont es renunciar a la declaración unilateral de independencia, que “no es negociable”.
Horas después, en una declaración institucional desde las sede del Gobierno catalán, Puigdemont consideró una “grave irresponsabilidad” que el Gobierno de Rajoy rechace las “diversas propuestas” de mediación que han llegado en las últimas horas, subrayó que “este momento pide mediación”, y destacó que los ofrecimientos que están llegando “conocen de primera mano” su “disposición”.
Inmediatamente después, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó al presidente catalán de vivir “fuera de la ley”, y le recordó que en ese ámbito “no hay democracia” ni convivencia.
Mientras tanto, el Parlamento de Cataluña se prepara ya para debatir el próximo lunes, 9 de Octubre, la declaración unilateral de independencia, con la comparecencia del presidente de la Generalitat como único punto del orden del día y debatir los efectos del referéndum ilegal celebrado el pasado domingo.
Según la ley catalana del referéndum, “dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados por parte de la Sindicatura Electoral, (el Parlamento) celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña”.
Sin embargo, tanto esta ley regional como la convocatoria del propio referéndum, firmada por el Gobierno catalán, fueron suspendidos por el Tribunal Constitucional (TC) español.
En la consulta ilegal participaron 2,2 millones de personas, sobre un censo de 5,3 millones (42 %), y el 90 % de los votos fue a favor de la independencia, siempre según datos del Gobierno regional de Cataluña.
Pero la Junta Electoral Central (JEC) de España negó hoy cualquier valor a esos resultados de la votación, y así se lo comunicó al Gobierno español, al catalán, y a distintas instituciones europeas y a Naciones Unidas.
La posibilidad de un declaración de independencia unilateral y sus consecuencias disparó la preocupación de las empresas establecidas en Cataluña, algunas de las cuales, han sido severamente castigadas en las dos últimas sesiones bursátiles.
El mercado español cayó hoy un 2.85%, la mayor caída desde el “brexit”, por el nerviosismo de los inversores, mientras que la prima de riesgo subió a 133 puntos básicos, siete más que ayer.
En el plano judicial, la Audiencia Nacional española citó hoy como investigado por “sedición” al jefe de la Policía autonómica de Cataluña (Mossos D’Esquadra), Josep Lluis Trapero, por el asedio a la Consejería de Economía durante un registro las Fuerzas de Seguridad en Barcelona para evitar el referéndum.
Además, la Unión de Guardias Civiles denunció ante la Fiscalía a Trapero por considerar que organizó “un operativo fraudulento e ineficaz” el 1 de octubre, con lo que “alteró el orden social”.