El abstencionismo podría resumirse como la renuncia a ejercer el derecho político por excelencia en un sistema democrático: el derecho al voto. Y eso es, precisamente, lo que promueve el oficialismo, que la mayoría de los ciudadanos renuncien a su derecho a reprobar la gestión de un gobierno que ha sumido al país en la crisis económica, social, y política más grande de su historia.
Se supone que después de una jornada de protestas con ribetes insurreccionales que se prolongó durante cuatro meses, de manifestaciones multitudinarias que plenaron las calles de las principales ciudades del país en demanda de un cambio en la conducción de Venezuela, no cabe afirmar que hay desinterés o apatía. Quizás lo que haya es una profunda y bien fundada desconfianza en las instituciones groseramente controladas y manipuladas por el chavismo, particularmente en las autoridades del Consejo Nacional Electoral.
La genuflexión del Poder Electoral ante el Poder Ejecutivo llegó al extremo de manipular los resultados de la última convocatoria a las urnas, a la elección de los integrantes de una Asamblea Nacional Constituyente al margen de la Constitución. Desde el 30 de julio cundió en todo el país una enorme sensación de frustración, sobre todo porque la fraudulenta ANC sería capaz de cambiar las reglas del juego en cualquier momento. Con la ANC, el chavismo volvió al área de confort que le ha permitido mantenerse en el poder durante casi dos décadas: la eliminación de los contrapesos institucionales que definen la democracia y el Estado de Derecho.
Pero los exabruptos del CNE tienen un costo político, sobretodo después de que Smarmatic, la empresa encargada de ofrecer el soporte técnico que garantiza la inviolabilidad del derecho al voto, reveló ante el país y el mundo que se alteraron los resultados electorales del 30 de julio para favorecer al chavismo. El régimen dictatorial que encabeza Nicolás Maduro y sus tropelías han quedado al descubierto.
Sin embargo, los que están enquistados en el poder no escarmientan y parecen dispuestos a profundizar la crisis. A la negativa de sustitución de candidaturas y la estrategia de confundir al votante opositor, se suma la más reciente artimaña fraguada por Tibisay Lucena y las otras tres rectoras que conforman mayoría roja en el CNE, la cual consiste en la reubicación de 205 centros de votación, donde históricamente la oposición ha obtenido más votos. Se trata de aproximadamente 312 mil electores a quienes se les obstaculiza su derecho al voto, según cálculos del experto electoral Eugenio Martínez.
Es una operación perversa como la que Lucena diseñó y ejecutó para las elecciones parlamentarias de 2005, la reingeniería de circuitos, también conocida como Gerrymandering, por la cual los votos en las regiones opositoras valían menos que los de las regiones oficialistas.
Precisamente para que no ocurra lo mismo que en 2005, cuando los partidos de oposición acordaron no participar en las elecciones parlamentarias y la Asamblea Nacional quedó bajo la absoluta hegemonía del chavismo, los que quieren un saneamiento de las instituciones venezolanas como requisito previo e imprescindible del cambio político deben votar el 15 de julio.
El que renuncie a su derecho a renovar el liderazgo en las gobernaciones estará haciendo lo que el gobierno necesita para continuar ejerciendo el poder y administrando los recursos de todos los venezolanos arbitrariamente.
Por encima del desánimo y los persistentes obstáculos que coloca un CNE rojo rojito, la posibilidad de comenzar a sanear el país está en manos de los electores. Desperdiciar la mayor oportunidad que ofrece la democracia para castigar a gobernantes ineptos y corruptos no tiene sentido. Por el contrario, los abstencionistas serán corresponsables del empeoramiento de la tragedia que vivimos todos.
Más sentido tiene erigirnos como dignos defensores de nuestros derechos, en este caso, de nuestro derecho al voto. Tiene más sentido ser protagonistas de una nueva gesta por la verdadera emancipación de Venezuela.