La oposición venezolana exigió este lunes una auditoría total “cualitativa y cuantitativa” de todo el proceso de regionales que se desarrolló el domingo, bajo parámetros que no sean impuestos por el Consejo Nacional Electoral.
Así lo informó este lunes durante una rueda de prensa el vocero de la Mesa de la Unidad Democrática, Ángel Oropeza, quien leyó un comunicado con una serie de planteamientos entre los que figura un exhorto a la ciudadanía y al mundo “para luchar por un nuevo sistema electoral y la convocatoria urgente de elecciones libres y transparentes”.
Por su parte, Liliana Hernández explicó que las actas garantizan los resultados si el proceso se desarrolla con normalidad, “fue un proceso fraudulento, el voto asistido y otras irregularidades impiden que las actas reflejen resultados reales”.
“Exigimos una auditoría total cuantitativa y cualitativa que no sea impuesta por el ente comicial de todo el proceso electoral con verificación internacional confiable. Se trata de un proceso total que no se puede limitar únicamente a comparar el contenido de las cajas con las actas”, sostuvo el dirigente opositor.
Oropeza anunció que declararon en emergencia a los equipos técnicos de la Unidad para que un plazo perentorio presenten un informe exhaustivo con las irregularidades del proceso.
Por otra parte, aseguró que la oposición no asistirá ” a ningún proceso de exploración o negociación hasta tanto no se hayan aceptado las auditorías”.
La MUD indicó que solitará el respaldo de los gobiernos y parlamentos del mundo para lograr los objetivos que se plantea y en ese sentido, enviará una delegación para explicar cada una de las irregularidades que se presentaron durante la jornada electoral.
“Lograr una auditoría total del sistema electoral, un nuevo sistema electoral y la convocatoria de unas elecciones libres y justas, son lo que el pueblo quiere”, agregó.
Oropeza destacó las irregularidades en la jornada, como la migración de electores incluso el mismo día del proceso, intimidaciones y violencia dentro y fuera de los centros lectorales, coacción y chantajes a empleados públicos para votar y amplio ventajismo hacia los candidatos del régimen.
“Todo esto, adicional a la persecución, inhabilitación de candidatos y ausencia de observadores y el uso delincuencial de recursos del estado para promover candidatos del régimen”, puntualizó.