Este 14 de noviembre el diputado Edgar Zambrano (Unidad-Lara), presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional y jefe de la Bancada de la Unidad, envió una nueva carta, la número 134, al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, en la cual le solicita que active ese despacho a fin de impulsar medidas humanitarias en beneficio de los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto, quienes se encuentran arbitrariamente detenidos por delitos que evidentemente no cometieron.
En la mencionada misiva Zambrano destaca que el Artículo 281 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que entre las atribuciones que tiene el Defensor del Pueblo se encuentra la siguiente: “Velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República, investigando de oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su conocimiento”.
“Es muy sencillo el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz lo que tiene que hacer es cumplir con lo establecido en la Carta Magna, a estos dos diputados se les ha violado reiteradamente su condición de parlamentarios y ciudadanos, ambos deben ser puestos en libertad de inmediato”, precisó el jefe de la Bancada de la Unidad.
Zambrano reiteró que en estos dos casos, es decir, el de los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto se ha violado lo establecido en el Artículo 200 de la Constitución Nacional el cual establece que la inmunidad parlamentaria se obtiene desde que los diputados son proclamados por el Consejo Nacional Electoral.
Como se recordará la semana pasada, en el marco de esta nueva cruzada por los derechos humanos de los presos políticos del país, el diputado Edgar Zambrano, presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional y Jefe del Bloque Parlamentario de la Unidad, envió cartas del mismo tenor al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con el objeto de abogar por la libertad del Alcalde del Municipio Irribarren del estado Lara, Alfredo Ramos, quien presenta serios problemas de salud dadas las precarias condiciones en las cuales se encuentra detenido.
De los casos señalados
El diputado Gilber Caro, electo por más de 130 mil votos, es el suplente del diputado Rafael Guzmán, del estado Miranda, ambos del partido naranja Voluntad Popular. Fue arbitrariamente detenido el pasado 11 de enero cuando transitaba la Autopista Regional del Centro y acusado de portar un FAL (arma de guerra), explosivos plásticos (C4) y gran cantidad de dinero en efectivo. Finalmente un tribunal militar le imputó los delitos de Traición a la Patria y Sustracción de efectos de la Fuerza Armada Nacional. Hasta los momentos, 10 meses después, este parlamentario solo ha sido llevado a la audiencia de presentación. El Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, aseveró, en su oportunidad, que al mencionado diputado se le incautó un Fusil Automático Liviano, material explosivo del tipo C4 y dinero en efectivo. Tanto el detenido como sus familiares y abogados defensores han negado dicha acusación.
Desde entonces, y a pesar de tener inmunidad parlamentaria, Caro ha sido recluido en la Cárcel 26 de Julio del estado Guárico y en la Cárcel Fénix, ubicada en Tocuyito, estado Carabobo, ambas de alta peligrosidad. Dadas las condiciones inhumanas en las cuales se encuentra, ya que la celda es oscura y se moja cada vez que llueve y lo mantienen incomunicado, el parlamentario ha tenido que declararse en huelga de hambre (Sept. 2017), protesta que no ha podido superar los 8 días debido a su precaria condición física. El país recuerda con estupor las fotos que fueron publicadas en las redes sociales donde se demuestra que este parlamentario ha rebajado significativamente de peso corporal.
Cabe destacar que además de violar la inmunidad parlamentaria, establecida en el Artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, también se está violentando el derecho que tienen los civiles a ser sometidos, en caso de cometer delitos, a sus jueces naturales. La presentación de civiles en tribunales militares va en contra de lo establecido en la Carta Magna y demás leyes de la República.
Renzo Prieto, recluido en El Helicoide, aquí en Caracas, es un joven profesor de educación física que fue detenido el 10 de mayo de 2014. Es el suplente de la diputada Gaby Arellano del estado Táchira. En la actualidad tiene 3 años y 6 meses arbitrariamente detenido. La aprehensión, realizada sin orden judicial por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), se llevó a cabo cerca de un conocido centro comercial ubicado en la Urbanización Las Mercedes.
Fue acusado por los delitos de asociación para delinquir, previsto y sancionado en el Artículo 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y fabricación de armas. Prieto había formado parte de un campamento estudiantil que protestó en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes a efectos de exigir la liberación del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López.
Sus familiares y abogados defensores han denunciado en reiteradas oportunidades que Renzo Prieto ha sufrido golpes en todo su cuerpo, maltratos psicológicos y tratos crueles e inhumanos, además la denegación de justicia ha quedado en evidencia dado que hasta los momentos no ha sido llevado, ni siquiera, a la audiencia de presentación, la primera que se realiza cuando un individuo es detenido con fines de someterlo a un juicio penal.
Nota de prensa
