Rafael Narváez, coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, aseguró que la presencia de la ex fiscal Luisa Ortega Díaz en la Corte penal internacional de La Haya, presentando un conjunto de acusaciones en contra del Primer mandatario, Nicolás Maduro, “viene a ratificar las denuncias que hemos hecho ante el Ministerio Público en relación a la violación sistemática en materia de Derechos Humanos por parte del Estado venezolano”.
Señaló la importancia de esta acción por parte de Ortega Díaz al consignar documentos y experticias forenses, manifestando su desacuerdo al no haber agotado las instancias internas y solo haberse referido a los años desde 2015 a 2017, “olvidándose por completo de 2014, una omisión imperdonable porque durante su gestión se cometieron muchas violaciones a los derechos fundamentales de forma sistemática de las cuales ella tiene pleno conocimiento”.
Recordó las más de 3.335 detenciones arbitrarias ocurridas a partir del año 2014 en su mayoría por la Guardia Nacional Bolivariana, GNB y el Servicio bolivariano de inteligencia, Sebin, en cuyos casos, “no hubo derecho a la defensa y las víctimas fueron llevadas a establecimientos militares donde se les aplicaron tratos crueles e inhumanos. Además, hubo 43 fallecidos, seis de ellos GNB y desde esa fecha aun se espera justicia”.
Invitó a Luisa Ortega Díaz a que presente un balance que incluya el año 2014 en razón de que, “tanto la Corte penal internacional como el mundo deben conocer las atrocidades que ocurrieron en Venezuela desde que iniciaron las protestas en 2014 hasta el presente. Aspiro a que mantenga esa energía y fuerza que la caracteriza por el bien del país y no por una retaliación política debido a la persecución política que hizo el Estado en su contra”.
Diálogo gobierno oposición
El jurista señaló su preocupación ante el nuevo acercamiento entre gobierno y oposición en República Dominicana en donde se plantea hablar de elecciones limpias, crisis humanitaria y presos políticos, en especial ante la posibilidad de estos últimos puedan ser negociados de algún modo. “Quienes fueron sometidos a detenciones arbitrarias son víctimas de varios delitos como ocurrió con la represión sin límites del Plan Zamora de los cuales, sus responsables cometieron todo tipo de excesos, por lo que estos caso no son negociables en razón de que las torturas y los crímenes no prescriben”.
Dramático incremento del hambre
Rafael Narváez exhortó a la oposición, al gobierno así como el Estado a asumir la responsabilidad frente al hambre que azota el país, la falta de medicamentos y de salud que ha ocasionado un importante número de fallecidos que en su opinión, han sido ignorados por los factores en pugna. “La única mesa de diálogo que debería existir es aquella que permita combatir el hambre y generar puntos de encuentro para evitar que se siga extendiendo ese grado de indefensión que tienen en la actualidad los venezolanos, frente al flagelo de la falta de alimentos”.
“La falta de insumos básicos constituye un crimen porque afecta la calidad de vida, la salud y puede producir la muerte, todo lo contrario con el deber de un Estado que no es otro que proteger el derecho a la vida”, concluyó.