Unos 13 años han transcurrido desde las detenciones de Otoniel y Rolando, los hermanos Guevara. Desde el 23 de noviembre de 2004 estuvieron desaparecidos por tres días, en los que fueron víctimas de torturas físicas y psicológicas por parte de funcionarios policiales. Los familiares realizaron la denuncia ante el Ministerio Público, pero la archivaron sin iniciarse una investigación.
Otoniel Guevara cumple una condena de 27 años y meses, al igual que su hermano Rolando Guevara, sin recibir ninguno de los beneficios estipulados en las leyes, como la libertad condicional. Están recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide, en Caracas.
Fueron sentenciados luego de ser acusados como autores materiales del homicidio del fiscal Danilo Anderson, registrado el 18 de noviembre de 2004 en la calle Vargas de Los Chaguaramos, cuando explotó el vehículo que manejaba.
Desde la aprehensión de ambos, múltiples irregularidades han destacado durante el proceso judicial. Entre ellas, en el escrito acusatorio y en las sentencias decretadas, donde no hay una relación clara de los delitos imputados y cuáles fueron los elementos de convicción tomados para cada uno de los supuestos responsables.
El juez de Primera Instancia de Control, en la audiencia preliminar, no admitió parte de las pruebas promovidas por la defensa para que fuera decretada la inocencia de los Guevara.
En el juicio, la fiscalía estableció que la sustancia utilizada para matar a Anderson fue un explosivo C4 y en una cantidad de 250gr. Alegaron que fue activada desde cualquier parte del mundo. Ni el activador, ni los rastros del posible detonante fueron encontrados en el sitio del suceso.
Los testimonios de Giovanni Vásquez y Alexis Peñuela, quienes gozaron de la protección del Ministerio Público, fueron tomados en cuenta para condenar a los detenidos. Sin embargo, ambos testigos confesaron ante medios de comunicación que recibieron pago por parte del Gobierno para testificar.
El juez de juicio desechó las actuaciones que favorecían a la defensa, donde daban cuenta de un operativo realizado por funcionarios adscritos a la DISIP, y del seguimiento que le dieron a una camioneta amarilla (donde se trasladaba el fiscal Danilo Anderson).
Cinco fiscales amigos de Anderson estuvieron vinculados a la investigación. La parte inicial del expediente tenía al menos 20 piezas, pero los abogados de Otoniel y Rolando solo tuvieron acceso a ocho.
El principio de presunción de inocencia que tiene todo privado de libertad fue olvidado por representantes del Gobierno, como el Fiscal General de la República y el Ministro de Relaciones Interiores y Justicia de la época, quienes señalaron de asesinos a los hermanos, incluso antes de recibir sentencia.
De conformidad con los artículos 478 y 500 del Código Orgánico Procesal, a partir del 4 de noviembre del 2011, los condenados pudieran estar en libertad, bajo medidas alternativas del cumplimiento de la pena, pero el Ministerio de Asuntos Penitenciarios no ha realizado las diligencias necesarias para formalizar el beneficio.
Nota de prensa