El próximo fin de semana tendrá lugar la elección de los alcaldes en los 335 municipios de Venezuela. Como ya es costumbre en la revolución bolivariana, el proceso se efectúa en medio de un clima de ventajismo, opacidad, ilegalidad y escepticismo.
La dictadura “socialista” ha convertido en costumbre, la incertidumbre de los calendarios electorales. De acuerdo con sus intereses y conveniencias, se fijan las fechas de los eventos electorales. Se anuncia una fecha, y luego se cambia de manera abrupta para afectar a la oposición. El gobierno es el único que conoce con suficiente antelación la fecha real de un proceso y su verdadero contenido.
A la oposición se le anuncia el mismo pocas semanas antes, todo con el fin de impedirle construir adecuadamente las plataformas, que deben presentarse a la consideración de los ciudadanos.
Por otra parte, se ha convertido igualmente en costumbre, la perversa estrategia de no realizar los procesos de manera integral, tal y cómo está previsto en el texto constitucional y legal. Se ha recurrido al expediente de elegir solo a los titulares de la rama ejecutiva del poder público en los diversos niveles, y dejar para otra fecha a los integrantes de los cuerpos legislativos, postergando sin fecha cierta y de manera indefinida su elección.
De esa manera se pospone un mandato a funcionarios cuya legitimidad y legalidad se ha agotado, y se somete a los nuevos titulares de la rama ejecutiva a un control por cuerpos legislativos que no reflejan al momento, el verdadero espíritu político de la sociedad que representan.
Todo ello se hace con la perversa intención de limitar, a quienes desde el campo de la oposición democrática resulten elegidos.
En el caso de los alcaldes, se adelantó una elección que inicialmente se había anunciado para el primer trimestre del año 2018, sólo para aprovechar el agotamiento político, económico y anímico que presentan las fuerzas de la oposición, luego del proceso de elección de los gobernadores de estado, celebrado en octubre de este año 2017.
La dictadura no se detiene ante la ilegalidad de separar la elección de los alcaldes, de la de los concejales. Lo importante es tomar a la oposición sin una adecuada capacidad de respuesta.
La elección a celebrarse este 10 de diciembre de 2017, como todas las anteriores, será entre sectores de la oposición democrática y el estado en su conjunto.
Es el partido-estado usando todo su aparato político, militar y económico para aplastar a quienes con determinación han salido a enfrentar la voracidad de poder de una camarilla autocrática.
Un importante sector de la oposición democrática ha resuelto no participar directamente en el proceso, aunque muchos de sus líderes y dirigentes lo hacen mimetizamos en las organizaciones participantes.
Los argumentos para no concurrir son importantes y valederos, solo que ellos han demostrado no resolver los temas que se denuncian, y por el contrario generan problemas de mayor cuantía.
La no participación en los procesos electorales ha demostrado suficientemente, su ineficacia para corregir el fraude y el ventajismo de la dictadura. Ha puesto en evidencia, por el contrario, los perversos efectos que genera, al dejar sin ningún tipo de defensa institucional a los sectores disidentes de la nomenclatura oficial.
Así quedó evidenciado con el ausentismo decretado en las elecciones parlamentarias del año 2005.
El tema es igualmente grave y complejo, cuando se trata del gobierno de nuestras ciudades. A pesar del asfixiante centralismo establecido por el militarismo gobernante, sigue teniendo un impacto muy grande en las comunidades, la acción u omisión generado desde el poder local.
La cultura autoritaria se ha convertido en el modelo a seguir, en toda la estructura del aparato revolucionario. Competir para ver cuál alcalde, gobernador o funcionario de cualquier nivel o rama del poder público es más autoritario, se ha tornado en el desafío de quienes se sienten ungidos por la aureola de la mal llamada revolución bolivariana.
En el caso de gobernadores y alcaldes lo efectos negativos, disolventes que generan, llevan a los pueblos a buscar su salida para aliviarse de estos Atilas modernos.
Hay municipios de VENEZUELA donde los alcaldes “revolucionarios” representan todo el poder del estado. Imbuidos estos personajes del espíritu militarista y arbitrario reinante, dedican su mayor esfuerzo al hostigamiento de quienes se les oponen, generando políticas de ocupación de propiedades privadas, de intervención de instituciones, limitación al comercio, agricultura e industria que terminan produciendo un conjunto de dramáticos daños. Sin contar escandalosos casos de impunes violaciones a los derechos humanaos de diversos sectores sociales.
Estos personajes gobiernan en sus localidades a jueces y fiscales, controlan los organismos nacionales existentes en sus jurisdicciones, llegando a producir una influencia especial.
Ante cuadros como el descrito, y siendo la población totalmente contraria a esa cultura, no se puede condenar a esas comunidades a tener que soportar este tipo de personajes. Si bien es cierto que la dramática crisis económica y el fuerte centralismo no les permiten adelantar proyectos y programas de bien, también es cierto que un gobernante local de talante democrático se convierte en un defensor de los derechos humanos y ciudadanos de toda una comunidad. Una autoridad dique contra él autoritarismo reinante.
Es ese el más importante sentido que tiene este proceso electoral local para las fuerzas democráticas.
Se trata de un esfuerzo y de una instancia para defender a la población. Se trata de una institución para impedir muchos abusos.
En esa dirección es que debemos entender la elección de este Domingo 10 de diciembre, y en consecuencia acudir a votar para elegir alcaldes comprometidos con el cambio político y con la democracia.