El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, rechazó este martes la inclusión de su país en la primera lista negra de paraísos fiscales que adoptó la Unión Europea, mientras que el gobierno llamó a consultas a su embajador en Bruselas, reseñó AFP.
“Es una decisión lamentable. El país envió una carta el día viernes donde dejaba su posición clara. Sentimos que es una medida injusta”, dijo Varela a periodistas.
A su vez, la cancillería panameña anunció en un comunicado que llamó a consultas a su embajador ante la Unión Europea, Dario Chirú, “a fin de valorar los pasos a seguir”.
Para el mandatario, Panamá ha hecho un “gran trabajo” y “ha dado pasos importantes” para no aparecer en este tipo de listas. Sin embargo, “damos los pasos y entonces se ponen nuevas exigencias”, reclamó.
“Panamá no es ningún paraíso fiscal“, agregó el presidente, quien adelantó que su gobierno reclamará a los niveles diplomáticos “más altos”.
Los ministros de Finanzas de la Unión Europea adoptaron este martes su primera lista de 17 paraísos fiscales que operan fuera del bloque europeo, e incluyeron a Panamá junto a Bahréin, Barbados, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos, entre otros.
El país centroamericano se vio sacudido el año pasado por el escándalo de los Panama Papers, una divulgación de documentos que mostraba cómo desde un despacho panameño de abogados se crearon numerosas sociedades opacas, algunas de ellas utilizadas para evadir impuestos o blanquear dinero procedente de actividades ilícitas.
Tras esa publicación, el gobierno panameño aceleró una serie de reformas para blindar su sistema financiero como anular las acciones al portador, y se comprometió ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a intercambiar información tributaria con más de un centenar de países.
La semana pasada, el gobierno panameño anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para que la evasión fiscal pase a ser delito a partir de los 300.000 dólares, castigado con penas de prisión de dos a cinco años y una multa de hasta 10 veces el importe defraudado.
Actualmente en Panamá la evasión fiscal es una falta administrativa y no un delito, por lo que no implica pena de cárcel.
Panamá también se encuentra a la espera del resultado de la evaluación realizada este año por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), una institución internacional que lucha contra el blanqueo de capitales.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá manifestó en una nota que las medidas de la UE son “arbitrarias”, “empañan la reputación de Panamá” y “abren las puertas a un ambiente de incertidumbre, zozobra y frustración en el país”.
AFP