Eduardo Franco Loor, abogado defensor del vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, anunció este miércoles que apelará cuanto antes la condena de seis años de prisión contra su cliente, emitida te miércoles en primera instancia por la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y aseguró que éste no dimitirá, reseñó EFE.
La sentencia es “inicua” y “bárbara”, reaccionó el abogado de Glas al salir de la sala de audiencias, donde el juez Édgar Flores Mier leyó la sentencia durante 41 minutos y condenó al vicepresidente a seis años de prisión por un delito de asociación ilícita.
Franco criticó además al tribunal por haber aplicado una normativa anterior que perjudicó a Glas, pese a que la Constitución, según dijo, permite la aplicación de una nueva norma más benigna.
El abogado recordó que el antiguo código penal, que fue el que usó el tribunal, establecía una pena máxima para el delito de asociación ilícita, por el que estaba investigado Glas, de hasta cinco años de prisión.
No obstante, dijo que el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una pena de sólo cinco años y que incluso esta normativa permite que el reo pueda obtener la libertad cuando la condena no sea mayor a cinco años de reclusión menor.
“Vamos a esperar que sea notificada” oficialmente la sentencia y se apelará el fallo, dijo Franco en una rueda de prensa tras concluir la audiencia de juzgamiento.
Se solicitará inmediatamente, dijo, la suspensión temporal de la pena, como establece la normativa, para que el Vicepresidente recupere su libertad lo más pronto posible.
Además, remarcó que Glas no renunciará a su cargo. “Por su puesto”, él va a seguir siendo vicepresidente del país, remarcó.
La Fiscalía General del Estado acusó a Glas de beneficiarse de 13,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, para la adjudicación de cinco contratos de obra entre 2012 y 2016, cuando él era responsable de sectores estratégicos durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa.
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África.
En el caso de Ecuador, dicho informe señala que entre 2007 y 2016 la constructora brasileña pagó sobornos por valor de 35,5 millones de dólares a “funcionarios del Gobierno”, lo que supuestamente le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.