El Gobierno chavista volvió a atacar hoy a Estados Unidos y Canadá, a cuyos Gobiernos acusó de amenazar la paz y la soberanía de Venezuela, mientras las largas colas por falta de gasolina y las protestas por los retrasos en la entrega de comida subsidiaba continuaban en distintos puntos del país.
EFE
En un comunicado de la Cancillería, el Ejecutivo de Nicolás Maduro alzaba la voz “ante la comunidad internacional” contra lo que considera “una nueva amenaza” a la “paz” y la “soberanía” de la nación petrolera por parte de Estados Unidos y Canadá, a las que llamaba “las dos principales potencias militares del hemisferio”.
El pronunciamiento de Caracas llega después de que la embajada estadounidense lamentara ayer que la Asamblea Nacional Constituyente esté “inventando reglas” sobre la marcha, tras anunciar este suprapoder que los partidos opositores que no acudieron a las municipales de este mes podrían ser vetados para las presidenciales.
Además, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, se reunión el martes con las autoridades de Canadá para abordar la situación de Venezuela y las actividades del Grupo de Lima, una unión de países americanos muy críticos con Maduro en el que Ottawa desempeña un papel protagonista.
“Esta nueva amenaza está orientada a socavar el proceso de diálogo que se desarrolla en República Dominicana, donde el Gobierno Bolivariano y la oposición han avanzado en aspectos importantes para garantizar la estabilidad política y económica del país”, continúa el texto de la Cancillería.
A las negociaciones entre Gobierno y oposición se han referido también los profesionales y representantes de la sociedad civil que asesoran a la oposición en las conversaciones, que empezaron este mes en República Dominicana y se reanudarán en Santo Domingo el próximo 11 de enero.
Uno de los asesores, el abogado de derechos humanos Alonso Medina Roa, ha afirmado tras mencionar las últimas decisiones de la Constituyente -que también suprimió las alcaldías metropolitanas de Caracas y el Alto Apure, ambas en manos de la oposición- que “pareciera que hay quien conspira del lado del oficialismo contra la negociación”.
“Pareciera que no hay un discurso único por parte del oficialismo en cuanto a la negociación (…), que hay algunos intereses oscuros que no se han sincerado”, añadió Medina, que emplazó al chavismo a “revisarse” y llamar al orden a sus líderes “para que definan su posición”.
El asesor y abogado laboral León Arismendi, por su parte, declaró que las resoluciones dictadas por la Constituyente el miércoles parecen ser un “abuso” destinado “a ponerle obstáculos” a la negociación.
Con todo, la socióloga Colette Capriles -que forma parte del mismo equipo de consultores y estaba presente junto a sus colegas en la rueda de prensa que han ofrecido- indicó que el grupo del que forma parte no ha recomendado a la oposición levantarse de la mesa, en la que las partes dicen haber obtenido “avances significativos”.
Mientras esto ocurría, las largas colas de vehículos que desde hace días vienen registrándose por la falta de suministro de combustible en las gasolineras de algunas regiones del país continuaban este viernes en los estados occidentales de Táchira, Mérida, Lara, Trujillo, Zulia y Barinas.
La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha culpado del desabastecimiento a las sanciones financieras con las que Estados Unidos castigó en agosto la supuesta deriva totalitaria del Gobierno de Maduro, que según la compañía habrían provocado retrasos en el pago a los transportistas marítimos que traen la gasolina refinada.
Hace dos días, la compañía -que atraviesa graves problemas financieros y cuya producción bajó en octubre de los 2 millones de barriles diarios por primera vez en 28 años- prometió que el suministro de combustible se restablecería “en las próximas horas”, pero los surtidores seguían hoy vacíos en los estados afectados.
Al mismo tiempo, en algunas zonas de Caracas y otras ciudades del país volvieron a producirse hoy manifestaciones espontáneas con las que decenas de personas han protestado por los retrasos en la llegada de las bolsas de comida subsidiada de las que dependen millones de venezolanos y por la falta de gas doméstico.