Por cuarto año consecutivo el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos para conmemorar que el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este año la celebración fue postergada para el 14 de diciembre, pues el Consejo Nacional Electoral (CNE) pautó las elecciones municipales para el domingo 10, ignorando por completo esta fecha tan importante en el mundo entero.
En el evento de entrada libre y gratuita, titulado “Presos políticos sin derechos humanos”, ponentes de la talla de los doctores Humberto Prado, director del OVP; Alberto Arteaga Sánchez, Daniel Badell, Marino Alvarado Betancourt y Gónzalo Himiob Santomé, director del Foro Penal Venezolano; con la moderación de la historiadora Inés Quintero, dialogaron sobre el ideal común por el que todas las naciones deben esforzarse, pero sobre todo hicieron énfasis en la falta de derechos humanos y garantías legales que padecen los presos políticos y comunes en Venezuela.
En un video muy emotivo y en clara evidencia de las violaciones que con frecuencia denuncia el OVP, activistas, abogados y especialistas que asistieron al foro observaron el testimonio de uno de los estudiantes de la UPEL, quien resultó detenido durante las protestas contra el Gobierno venezolano. “La carne venía con gusanos. Los alimentos que nos daban estaban podridos. Los teníamos que lavar, cocinarlos y comerlos”.
En el mismo material audiovisual, otro joven relata que vomitó sangre durante 25 días y que sus heridas estaban infectadas porque debía bañarse con aguas negras. De igual manera, la madre de la jueza María Lourdes Afiuni cuenta que su hija no puede dormir con la luz apagada, pues se acostumbró a las luces artificiales de la prisión.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), sentenció que “el Estado venezolano debe ofrecer respuestas inmediatas sobre el derecho a la vida de todos los presos, y como evidentemente no lo ha hecho, entonces está incurriendo en la omisión de no garantizar el derecho a la salud de estas personas. No proveer medicinas y alimentos a los presos es ayudarlos a morir “.
En tanto y en alusión al Día Internacional de los Derechos Humanos, Prado destacó que la crisis de los derechos humanos en Venezuela requiere de mayor acción nacional e internacional para que el Gobierno garantice la independencia de los Poderes (Electoral, Judicial y Ciudadano) conforme a estándares internacionales. Asimismo, resultan necesarios el cumplimiento de las obligaciones asumidas en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, el regreso a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Prado culminó diciendo que para el OVP, una libertad es una victoria y que los familiares debían entender que tenían que unirse con un solo objetivo, y ese era la libertad de sus seres queridos
Por su parte, Gónzalo Himiob resaltó el hecho de que “liberar a un preso no sirve si no se termina la persecución. La solución es una ley de amnistía para acabar de raíz con el problema”. En ese sentido, detalló que desde 2007 trabajan en un proyecto de Ley de Amnistía, que quizás sea la solución ideal para erradicar la persecución política.
Según cifras del Foro Penal Venezolano, actualmente en el país hay 274 presos políticos, cifra que no coincide con la lista de 382 presos políticos con la cual están negociando liberaciones la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el Gobierno nacional. Asimismo, se conoció que, desde el 1 de enero hasta el 14 de diciembre de este año, 12.007 personas han sido arrestadas por motivos políticos, 759 civiles que han sido presentados en tribunales militares, 136 aún permanecen tras rejas; y 7.124 personas tienen su libertad restringida “bajo medidas cautelares eternas en procesos que nunca terminan”, pues están a la espera de audiencias que son diferidas por diversas razones, entre ellas la ausencia de la víctima.
Durante su ponencia, Alberto Arteaga, abogado y ex decano de la facultad de derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV), explicó las irregularidades y violaciones de derechos de los presos políticos venezolanos. “En el 2012 el Gobierno reformó por decreto el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), lo que le dio una estocada mortal al sistema acusatorio y reforzó la actuación policial, disminuyendo las atribuciones del Ministerio Público quedando sin efecto la participación ciudadana. Dio cabida a juicios en ausencia, limitando así el derecho de las víctimas, borrando la referencia de los procesados convirtiendo a los presos políticos en una caja de resonancia del Gobierno”, sentenció.
Asimismo, destacó que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) abolió varias leyes para “mandar directamente” a la cárcel y puso de ejemplo las detenciones de los alcaldes opositores; al tiempo que explicó que no existen condiciones dentro de los centros de reclusión. “Hay cárceles bajo tierra sin luz como en el tiempo de los esclavos. Se difieren las audiencias por incomparecencia. Dicen no lo encontraron, cuando esa persona está en la cárcel”, puntualizó.
El abogado de la UCV, Marino Alvarado, y el abogado penalista, Franco Puppio, también denunciaron los juicios que se han llevado a cabo precisando que “ningún civil puede ser juzgado en tribunales militares”. Por su parte, Puppio destacó que “en Venezuela encontramos un proceso penal absolutamente garantista, de avanzada, a la altura de cualquier país de primer mundo; no obstante, la justicia está impregnada de detenciones arbitrarias, injerencias en la toma de decisiones de Jueces por altas Jerarquías, dificultad de acceso a los privados de libertad, limitación flagrante del Derecho a la Defensa y convalidaciones de atropellos bajo el amparo de la sentencia 526 de la Sala Constitucional”.
Mientras que Alvarado manifestó que entre el 1 de abril y el 31 de octubre del presente año, 757 civiles fueron procesados inconstitucionalmente en justicia militar luego que el gobierno de Nicolás Maduro anunciara la aplicación del “Plan Zamora” como respuesta a la masiva ola de protesta que se extendió por todo el país en el primer semestre de 2017. “El empleo masivo de la justicia militar se sumó al repertorio represivo empleado por el gobierno de Maduro para contener las demandas sociales por el respeto a la Constitución Nacional”, puntualizó.
