Comienza el año con una noticia que lejos de alegrar a los trabajadores venezolanos, les genera una profunda incertidumbre: el anuncio del aumento salarial en 40% y el incremento a 61 Unidades Tributarias del beneficio del ticket de alimentación, para ubicar el salario mínimo integral en Bs. 797.510.
Y cuando nos referimos a que genera inquietud es porque la medida presidencial, adoptada el 31 de diciembre del año recién concluido, inevitablemente se va a traducir en más inflación, desabastecimiento, hambre, miseria y desempleo, ingredientes inflamables que van a atizar aún más el fuego.
Nuestros trabajadores se merecen este reconocimiento, pero solo tendría valor real en un país donde la economía funcionara correctamente y no con tantos controles como la nuestra. Esta decisión gubernamental se diluirá como la sal en el agua.
El año pasado, el Poder Ejecutivo aumentó, de manera inconsulta con trabajadores y empleadores, siete veces el salario mínimo. Primera vez en nuestra historia que se vive un descalabro de esta naturaleza. No puede considerarse un logro, el hecho de que el salario haya aumentado 778% en 12 meses, cuando en ese mismo lapso la inflación escaló a 2.735%, según datos ofrecidos por la firma Ecoanalítica.
Una economía que se rija por controles, no funcionará jamás aquí ni en Europa, ni en Asia, ni en Oceanía, ni en África, porque la economía no acepta regulaciones.
Esta tremenda distorsión que estamos viviendo hoy, insistimos, sólo atiza el fuego de una hoguera que lleva meses ardiendo. El pasado mes de diciembre vimos protestas en todo el país, comunidades enteras exigiendo lo que es un derecho fundamental: la alimentación. El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida, a la alimentación y a la salud de sus 30 millones de habitantes y en estos momentos no es capaz de avalarlos.
Quienes, desde el lado del gobierno y del bando de la oposición, se empeñan en reducir la protesta a un simple pernil, no le han dado la lectura adecuada a lo que está ocurriendo en el país. Esas protestas tienen un trasfondo y es el tremendo descontento popular por el incumplimiento de promesas hechas a lo largo de estos últimos años, que hoy se están reflejando en la pérdida de vidas humanas como consecuencia del hambre, la desnutrición, la malnutrición y las enfermedades derivadas de esta terrible condición.
Hoy no se protesta por ideales políticos como la libertad, la igualdad, la fraternidad o el fin de un régimen considerado totalitario, sino por hambre, por el incumplimiento de obligaciones establecidas en la Carta Magna y cuyo garante debería ser el Estado. Hoy no hay poder adquisitivo que pueda hacerle frente a esta bola de nieve que crece a diario y que se llama hiperinflación.
Muy poca gente que vive fuera de nuestro país, no puede entender cómo en Venezuela no hay comida, medicinas, agua potable, electricidad, gas doméstico, seguridad, empleo y ni siquiera combustible, siendo el país con las reservas certificadas de petróleo y gas más elevadas del planeta. Esta carencia absoluta de casi todo lo elemental para la subsistencia, ha degradado la calidad de vida de sus 30 millones de habitantes, como si estuviésemos atravesando un conflicto bélico.
Pero quienes estamos adentro sí sabemos la respuesta. Tenemos un gobierno que controla casi absolutamente todo, desde la importación, distribución y comercialización de alimentos, medicamentos, bienes e insumos de primera necesidad – pasando por la asignación a dedo de los dólares preferenciales –; la generación, distribución y comercialización de servicios básicos como el agua potable, la energía eléctrica y las telecomunicaciones; la expropiación y confiscación de tierras, empresas e industrias que hoy se encuentran ociosas y paralizadas; la imposición de un férreo control de divisas desde hace 15 años y de precios desde hace siete años que sólo ha estimulado la burocracia, la corrupción y la aparición de mercados paralelos para todo; la desinversión en la principal industria generadora de divisas del país, Pdvsa, y la contratación de una deuda externa impagable e injustificable dada la bonanza petrolera que se manejó en tiempos de Hugo Chávez.
Sin medir las consecuencias
Pero el Presidente de la República no ha medido las consecuencias de esta decisión. El Estado venezolano está prácticamente paralizado, el PIB sigue cayendo de manera estrepitosa, no hay un solo sector en crecimiento y las exportaciones petroleras son cada vez menores porque la producción de crudo también está cuesta abajo.
Para financiar el incremento salarial en el sector público, el Presidente ordenará nuevamente al Banco Central de Venezuela a asumir una misión suicida: emitir dinero inorgánico, sin respaldo en bienes y servicios, que sólo alimentarán la espiral inflacionaria.
Pero el sector privado estará aún más comprometido, por cuanto la mayoría de pequeñas y medianas empresas e industrias, se verán incapacitadas para hacerle frente a este nuevo aumento salarial, situación que llevará a muchos a tomar la peor decisión de todas: cerrar.
Como empresaria puedo asegurar que los aumentos decretados no se corresponden con la estructura de costos que queda rezagada. De alguna manera hay que hacerle entender a quienes están en el gobierno que los problemas económicos de Venezuela no se resuelven con ajustes histéricos de sueldos y salarios que no van a servir para nada, sino estimulando la producción nacional – que hoy está absolutamente paralizada –, eliminando los controles y dándole un parao a la emisión de dinero inorgánico.
El venezolano no quiere tener que sacarse un carnet para obtener una caja de comida mensual – cuyo contenido además lo decide el Estado –, el venezolano quiere poder ir al supermercado las veces que le plazca y comprar lo que más le guste, en las cantidades que desee.
Si no se hacen las rectificaciones de rigor y se atacan las causas de la hiperinflación, de nada servirá que el Ejecutivo decrete una y otra vez aumentos salariales. Es que no solamente tropieza con la misma piedra, parece que se encariñó con ella.
El venezolano hoy está en una fase de sobrevivencia, estamos en la base de la Pirámide de Maslow, es decir, intentando suplir las necesidades fisiológicas o básicas de todo ser humano para mantener la homeostasis: respirar, hidratarse y alimentarse, dormir y eliminar los desechos.
Muchos, pero muchos de nuestros connacionales, han preferido marcar distancia e irse a probar suerte en cualquier otro país del mundo, antes de enfrentar esta terrible realidad que hoy estamos transitando quienes nos hemos atrevido a quedarnos.
A un segundo plano han sido relegadas la satisfacción de las necesidades de seguridad y protección que incluyen la seguridad física y de salud; de empleo, de ingresos y recursos; de seguridad moral, familiar y de propiedad privada. Y en el último lugar quedan las necesidades de afiliación y afecto, de estima y de autorrealización.
Hoy millones de venezolanos dependen del esquema gubernamental de distribución de alimentos subsidiados. Y el retraso constante en la entrega de las cajas de alimentos, ha despertado la indignación en un porcentaje importante de la población que no tiene ingresos para acceder a los productos de primera necesidad por otra vía que no sea el Clap y, peor aún, que deja de comer días enteros porque no encuentra la manera de suplir ese requerimiento. Ese mismo porcentaje de población, es el que vive en pobreza extrema.
Medidas como las anunciadas por el Presidente, el pasado 31 de diciembre, lejos de calmar el hambre, atizará las protestas en las zonas populares.
Pedimos cordura y sensatez a nuestras autoridades, para evitar un estallido social que nadie quiere y del cual todos, absolutamente todos, saldremos perdiendo.
Lic. Griselda Reyes
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