La expresidenta argentina Cristina Fernández presentó este lunes un recurso ante la Justicia rechazando el procesamiento y la prisión preventiva dictada contra ella por el presunto encubrimiento de los terroristas implicados en el atentado contra la mutua judía AMIA en 1994 a través de un pacto con Irán.
Graciana Peñafort, abogada de Fernández y de su excanciller, Héctor Timerman, confirmó hoy a Efe que presentaron un recurso ante la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, tanto por el procesamiento como por la prisión preventiva ratificada en diciembre por la Sala II de la Cámara Federal de Buenos Aires para sus defendidos.
La detención, en el caso de la exmandataria, no se hizo efectiva porque cuenta con fueros por ser senadora.
“Queremos que tanto Héctor Timerman como Cristina Fernández de Kirchner dejen de estar sujetos a una prisión preventiva”, explicó Peñafort.
La resolución de la Cámara Federal acusaba a la exjefa del Estado y a su ministro de “estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado” y desestimó la acusación por “traición a la patria” que había incluido el juez a cargo de la investigación, Claudio Bonadio.
El expediente judicial fue abierto por la denuncia que el fiscal Alberto Nisman vertió en enero de 2015 contra ella y varios miembros de su Gobierno cuatro días antes de aparecer muerto, con un tiro en la cabeza, en condiciones que aún se investigan en los tribunales y apuntan a que el procurador fue asesinado.
Nisman aseguraba que un pacto suscrito entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado a la mutua AMIA, que dejó 85 muertos y sigue impune, buscaba realmente encubrir a los imputados como sospechosos del ataque, entre ellos el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y el excanciller Alí Akbar Velayatí, para favorecer el intercambio comercial bilateral.
Peñafort asegura que existe un “claro hostigamiento político” en esta causa contra Fernández, por lo que esperan que con este recurso “finalice la conducta arbitraria del doctor Bonadio” y “se tomen las pruebas que no se han tomado”.
Entre ellas, hizo referencia a la declaración del exsecretario general de Interpol, Ronald Noble, quien pidió a la Justicia argentina declarar como testigo en la causa y cuya petición “no ha sido atendida ni por el juez ni por la cámara de apelaciones”.
En el caso del excanciller, en prisión domiciliaria, la letrada presentó además un recurso de excarcelación, pues asegura que su situación es mucho más angustiosa, ya que padece una enfermedad muy avanzada y, a su juicio, esta decisión supone “un verdadero adelantamiento de la pena para alguien que no ha sido condenado y que, médicamente, no se puede asegurar que vaya a llegar a la fecha de una sentencia”.
En plena feria judicial en Argentina con motivo de las vacaciones estivales, los medios de comunicación locales especulaban hoy con que el caso llegue a juicio oral este mismo año.
Por su parte, la defensa considera “muy difícil” que una causa “con tanta arbitrariedad” llegue a juicio y espera que, antes de eso, el poder judicial argentino ordene las medidas de prueba que hacen falta para determinar la inocencia o culpabilidad de los procesados.
Hasta el momento fueron procesados con prisión preventiva seis personas vinculadas a este caso, entre ellos, varios exfuncionarios kirchneristas, como el exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, o el dirigente social Luis D’Elía.
La defensa de Zannini también presentó hoy un pedido de excarcelación ante la Cámara Federal argumentando que ya no puede entorpecer la investigación porque el juez a cargo dio por cerrada la investigación como paso previo al envío a juicio.
Se trata del mismo planteo presentado hace unos días por D’Elia, a quien hoy la Justicia denegó su puesta en libertad.
Fernández, que cuenta con fueros parlamentarios, es la única procesada en la causa que está en libertad, después de que en octubre fuese electa como senadora por la provincia de Buenos Aires.
El juez ya remitió al Senado un pedido de desafuero pendiente de tratamiento, pero no se espera que prospere la medida sin una sentencia firme.
EFE