Foto: Ricardo Maldonado / EFE
El expresidente español Felipe González fue demoledor en su crítica a Venezuela. Considera que el gobierno de Nicolás Maduro ya instrumentalizó las instituciones en el vecino país y como consecuencia de ello la situación “seguirá empeorando dramáticamente” este año, publica El Tiempo.
En conversación con EL TIEMPO aseguró que el diálogo que hasta el momento han sostenido el Gobierno y la oposición en Venezuela hasta ahora solo ha servido para que “el Gobierno consolide su poder tiránico”.
Para el exmandatario español, en las conversaciones que realizan las dos partes en la República Dominicana se deben mantener sobre la mesa los puntos que está pidiendo la oposición, o de lo contrario “el diálogo solo beneficiará a Maduro y no a los venezolanos”.
González estuvo en Colombia como uno de los representantes de la comunidad internacional acompañantes del proceso de implementación de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc.
¿Cómo analiza la realidad de la crisis política en Venezuela?
Nunca he conocido un proceso de destrucción institucional, económico, social y de seguridad más rápido y profundo que el que ha provocado el señor Maduro durante el periodo de su presidencia.
Ha liquidado la división de poderes en contra de la propia Constitución bolivariana, sometiendo al Poder Judicial, anulando a la oposición democrática ampliamente mayoritaria, controlando el Consejo Electoral a su capricho y eliminando cualquier garantía en los procesos electorales.
¿Qué consecuencias trae esto?
La consecuencia es bien conocida, muchos millones de venezolanos no acceden a los alimentos básicos ni a los medicamentos más elementales para combatir la enfermedad y la hiperinflación (la más grande del mundo) destruye el poder adquisitivo de los salarios y hace desaparecer rápidamente las clases medias.
¿La situación tiende a empeorar?
Maduro instrumentaliza a la justicia y al Servicio de Inteligencia para detener y encarcelar a todos los disidentes políticos y a cualquiera que protesta contra la situación sociopolítica o contra la arbitrariedad. Con estos presos, mucho sin juicio o con órdenes de excarcelación, juega a su capricho entregando a unos con condiciones y deteniendo a otros más.
¿Qué balance hace de los dos años que lleva posesionada la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela?
Aunque al día siguiente de las elecciones de diciembre del 2015, Maduro y el Consejo Nacional Electoral admitieron el abrumador triunfo de la oposición democrática por una mayoría de dos tercios, inmediatamente empezó la tarea de anular a la Asamblea eliminando sistemáticamente su poder de representación de la soberanía popular.
¿Cómo se desarrolla ese proceso de anular a la Asamblea?
Por ejemplo, se inventó un recurso para eliminar a los representantes elegidos en el estado de Amazonas, suprimiendo así la mayoría cualificada de dos tercios. Increíblemente no han repetido elecciones en ese estado y siguen sin representación en la AN como si no fueran parte de Venezuela.
Por ejemplo, la Asamblea derrotada el 6 de diciembre aprovechó para recomponer el Tribunal Supremo y la Corte Constitucional antes de que tomara posesión la nueva Asamblea.
Desde ese momento, el Tribunal Supremo y la Corte Constitucional, a las órdenes del Poder Ejecutivo, fueron anulando todas la leyes aprobadas por la nueva mayoría; le recortaron a la AN los poderes de control presupuestario de Maduro, de control del Banco Central o de las empresas públicas para terminar declarándola en desacato y liquidando las funciones representativas que la Constitución le da.
La consecuencia es que las cuentas del Estado y de las empresas públicas han sido avaladas en contra de la Constitución por un Tribunal Supremo al servicio de Maduro, las leyes de la AN no han tenido ninguna vigencia para corregir la situación, incluyendo la de amnistía.
En definitiva, la representación más genuina de la soberanía popular venezolana ha sido sometida a la arbitrariedad del poder ejercido por el presidente Maduro.
Usted ha hablado de un autogolpe de Maduro con la Constituyente, ¿por qué ¿Qué consecuencias tiene esto para Venezuela?
Sí, he hablado de eso, pero me gustaría aclarar que la pseudoconstituyente fue el paso final de un golpe continuado, como acabo de describir, contra la división de poderes, contra la AN, instalándose en un régimen arbitrario y tiránico, que ya desconocía los derechos democráticos de la Constitución venezolana.
La llamada Asamblea Nacional Constituyente es un apéndice al servicio de Maduro, contraria a la Constitución, fraudulenta y desconocedora del sufragio universal, que pretende ejercer el llamado ‘poder originario’ por encima de cualquier poder del Estado.
Esa falsa Asamblea Nacional Constituyente vota a mano alzada por unanimidad lo que le pide Maduro.
No ha dedicado un solo minuto a revisar la Constitución vigente, pero ratifica el nombramiento de Maduro como presidente, convoca elecciones sin garantías y a su capricho, como las de gobernadores y alcaldes.
Se constituye en juez y parte con una falsa Comisión de la Verdad y arrasa, en definitiva, con cualquier espacio institucional de libertades, por eso digo que es la culminación del autogolpe.
Ninguna instancia institucional democrática le atribuye legitimidad y espero que tampoco lo haga ningún demócrata venezolano, sea cual sea su posición política.
Ninguna instancia institucional democrática le atribuye legitimidad y espero que tampoco lo haga ningún demócrata venezolano, sea cual sea su posición política.
A su juicio, ¿qué deben hacer los venezolanos para salir de esta crisis?
Los venezolanos han dado suficientes muestras de rebeldía pacífica y democrática contra la destrucción de sus libertades y de la economía de su país. Los venezolanos no tienen por qué soportar la dramática escasez a la que los ha llevado un gobierno ineficiente y lleno de corrupción.
Los venezolanos no soportan, y espero que sigan sin hacerlo, las detenciones arbitrarias, la represión a la que están sometidos por ejercer sus derechos.
Los venezolanos saben que tienen un gran país, que aman las libertades y que pueden vivir con desarrollo económico y social y con seguridad, frente al crimen que asola las calles de su país. Por eso tengo confianza en que esa sociedad, hoy tan castigada, refuerce su capacidad de resistencia frente al desastre que ha provocado el peor gobierno de la historia de Venezuela.
¿Cuál es la salida para una transición pacífica del poder en Venezuela?
Se habla mucho de diálogo. En especial desde junio de 2016. Pero ese diálogo hasta el día de hoy solo ha servido para que el Gobierno consolide su poder tiránico.
Cuando empezó, en esa fecha, había 74 presos políticos. Al día de hoy, el Gobierno dice que liberará a 80, pero le quedan más de 330, descontada esa liberación, podría detener mañana a 100 más, convirtiendo a los presos en rehenes de un falso diálogo.
De ese diálogo surgía la expectativa de que el Gobierno respetaría el revocatorio establecido en la Constitución para octubre de 2016. Pero el Gobierno desconoció ese derecho de los ciudadanos, burlando con decisiones judiciales arbitrarias su celebración y liquidando todo el esfuerzo opositor para movilizar democrática y pacíficamente a los ciudadanos.
Por eso hay tanta desconfianza respecto a una noble palabra como el diálogo y habría que sustituirla por intento claro y sólido de negociación de una transición democrática.
La oposición reafirmó sus prioridades en marzo de 2017, y centenares de miles de venezolanos salieron a las calles para exigir esas prioridades soportando una oleada de represión y de muertes completamente desconocidas.
¿Qué prioridades?
La oposición exigía que se reconociera plenamente a la Asamblea Nacional elegida por los venezolanos, dejando sin efecto la decisión del Supremo de declararla en desacato sin ningún fundamento constitucional.
La oposición manifestó la incompatibilidad de presos políticos o de inhabilitados o exiliados con esa misma Constitución y con los valores democráticos. No se comercia con presos como si fueran una mercancía.
La oposición decidió negociar una agenda electoral para ir a unas presidenciales con garantías de un Consejo Nacional Electoral no sometido al Poder Ejecutivo. Garantías en la contabilización del voto electrónico, para que no fuera manipulado, como quedó de manifiesto en la falsa Constituyente. Garantías de presencia internacional neutral respecto de las fuerzas en presencia, etc.
También, pidió que el Gobierno aceptara ayuda humanitaria en alimentos básicos y en medicamentos y que la distribución de los mismos no fuera un instrumento más de control autoritario, como son los Claps actuales y los llamados carnets de la patria.
Finalmente, la oposición rechazó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y denunció el fraude democrático que esto suponía.
Sobre estas prioridades que exigen derechos establecidos en la propia Constitución de Venezuela, la oposición estaba dispuesta a negociar elecciones limpias y con garantías. Los países democráticos, como los del grupo de Lima, o la Organización de Estados Americanos apoyaron con claridad esta posición.
Ahora no sé lo que está pasando con la nueva ronda de diálogo en la República Dominicana, pero pienso que, sin querer comprometer a nadie, o se mantienen los cinco puntos de los que he hablado o el diálogo solo beneficiará a Maduro y no a los venezolanos.
‘Farc ya son una organización política’
Como el “más completo y complejo” acuerdo de paz “que se haya conocido”, así calificó el expresidente de España Felipe González a lo pactado en La Habana entre el Gobierno colombiano y las Farc.
Aseguró que así lo ve la comunidad internacional y que espera que la “paradoja” sobre cómo se está viendo ese proceso en Colombia termine “revirtiéndose hasta que sean los propios colombianos, como sociedad, los que se comprometan en ese gran proyecto”.
El exmandatario, que forma parte del componente internacional de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo, dijo: “No desconocemos la existencia de homicidios violentos que han afectado a líderes sociales”, pero señaló que el balance –luego de un año de firmado el acuerdo– debe hacerse “con prudencia”, pues el periodo de vigencia es de 12 o 14 años.
“Las Farc ya son una organización política y la armas quedaron atrás”, concluyó González.