El canciller de Portugal, Augusto Santos Silva, pidió este lunes “condiciones” para los empresarios portugueses que residen en Venezuela, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro obligara a los supermercados, muchos de ellos propiedad de portugueses, a bajar los precios.
AFP
En conferencia de prensa junto a su par venezolano Jorge Arreaza, Santos urgió al gobierno venezolano a hacer “todo” lo posible para conciliar su política de control de precios con “la necesidad de los portugueses de tener condiciones (…) para sus empresas, comercios y sus redes de distribución”.
El canciller portugués, que llegó a Caracas el sábado, dijo que se había reunido con representantes de la colonia de sus connacionales en el país, que asciende a medio millón de miembros, y que constató que “las dificultades que se viven (en Venezuela) tienen impacto” en esa comunidad.
En esa reunión, una delegación de empresarios portugueses pidió ayuda al canciller tras la orden del gobierno emitida el pasado fin de semana por inspectores, fiscales y fuerzas de seguridad, de bajar los precios en los comercios, en un contexto de economía dinamitada por la hiperinflación.
“Hay preocupación (en la comunidad portuguesa en Venezuela) por las dificultades de que se tengan precios inferiores a los costos de producción”, dijo más tarde el diplomático tras reunirse con Omar Barboza, presidente del Parlamento de mayoría opositora.
Según el jefe de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundee), Willian Contreras, 214 supermercados de 26 cadenas fueron inspeccionados en Caracas y otros 350 locales en la capital y en otros estados, para verificar si había especulación.
Arreaza, quien no comentó sobre el pedido de Santos, destacó la importancia de la comunidad portuguesa en Venezuela y precisó que existe una veintena de proyectos mixtos en ejecución.
El canciller portugués llegó a Venezuela en medio de roces bilaterales, debido a que Maduro atribuyó la falta de pernil de cerdo importado para las fiestas de Navidad a un sabotaje urdido desde Portugal.
Pequeñas pero múltiples protestas ocurrieron en fin de año en Venezuela porque familias pobres no recibieron del gobierno el pernil que les había prometido a precio subsidiado.
En declaraciones a la prensa tras la reunión con Arreaza, Santos aseguró que ese incidente está cerrado: “El gobierno portugués no participa en las relaciones contractuales entre empresas”, aclaró.
Los venezolanos sufren una severa escasez de alimentos básicos y medicinas, así como una desbocada inflación que el FMI proyecta en más de 2.300% para 2018.
AFP