Surgen iniciativas en el mundo para que la Corte Penal Internacional de Justicia (CPI) cumpla con su función de investigar e imputar al régimen de Nicolás Maduro tras las violaciones a derechos humanos, crímenes de guerra y de lesa humanidad que ha cometido.
Por Sabrina Martín / Panampost
Desde Perú, voces reconocidas como la del excanciller peruano, Luis Gonzáles Posada, exigieron al Grupo de Lima que solicite a la Corte Penal Internacional que inicie una investigación parcial sobre los asesinatos cometidos por el gobierno de Maduro.
El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, también considera que ante los recientes hechos en Venezuela, es “la hora de solicitar la intervención de la Corte Penal Internacional”.
Sin embargo hay que analizar qué tan factible es que el máximo Tribunal Internacional empiece a cumplir con sus funciones si en los últimos años cursan al menos 20 denuncias contra altos funcionarios venezolanos y las mismas han sido “engavetadas”.
El exembajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria, emitió una misiva dirigida a la presidenta de la CPI, Silvia Alejandra Fernández de Gurmendi, con motivo de la inexplicable presencia —en la corte la pasada semana— del delincuente Maikel Moreno, quien funge como el ilegítimo presidente del chavista Tribunal Supremo venezolano.
Carta a la presidente de la Corte Penal Internacional (CPI) gran amiga de delicuentes castrochavistas https://t.co/fWMCWdUZhg
— Diego E. Arria (@Diego_Arria) January 20, 2018
Arria advirtió que la presencia de Moreno en La Haya “puede afectar el prestigio que requiere” la Corte Penal y su respectiva presidente.
El mensaje de Arria surgió luego de que Maikel Moreno publicara en sus redes sociales unas fotografías con la presidenta de la CPI y con Haifa El Aissami, hermana del vicepresidente de Venezuela Tarek El Aissami, quien a su vez es acusado de narcotráfico por Estados Unidos.
Haifa El Aissami, es la embajadora de Maduro ante la CPI y quien hace “contribuciones especiales” al presupuesto del organismo internacional.
Vemos con indignación gráficas en las que Silvia Fernández de Gurmendi, presidenta de la CPI Y la Fiscal Fatou Bensouda, posan con los sancionados Maikel Moreno y Carmen Zuleta. Ambos responsables de delitos cometidos contra los venezolanos. Recibir esos regalos es una afrenta. pic.twitter.com/fRwlKYBJfU
— Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) January 20, 2018
Si bien es cierto que es necesario agotar todos los recursos legales, diplomáticos e internacionales para salir de la dictadura en Venezuela, es importante conocer qué tan posible es que Nicolás Maduro sea investigado y sentenciado en la CPI.
El abogado venezolano Carlos Ramírez López quien cuenta con un Diplomado en Litigación Penal Internacional, aseveró en una entrevista para PanAm Post que la Corte Penal Internacional de Justicia (CPI) “no sirve para nada”, pues detrás de ella, hay una serie de funcionarios corruptos que ensucian el verdadero propósito del organismo.
¿Qué tan posible es que Venezuela sea investigada en CPI y qué tan posible es una salida de la crisis?
Yo fui uno de los ingenuos que vio muchas esperanzas en esa posibilidad y me puse a redactar una demanda contra el gobierno por el saqueo a los dineros públicos que llevaron a los venezolanos a una tragedia que implicaba crímenes de lesa humanidad; pero me di cuenta que habían muchas denuncias y no estaban funcionando.
Para conocer a profundidad cómo se maneja la CPI y evitar que mi denuncia fuera desechada, hice un diplomado en Washington donde descubrí que la Corte Penal Internacional es una mentira, una ilusión, un mecanismo que no funciona; tanto es así que el fiscal que estaba allí hasta el año pasado, el argentino Luis Moreno Ocampo recibió 22 causas bien fundamentadas sin hacer ningún tipo de investigación.
Resulta que la CPI es un tribunal que tiene un “petit comité” que es el Consejo de Seguridad donde están Rusia, China, Francia, Estados Unidos, Inglaterra; estos miembros son los que dominan y hacen lo que creen que deben hacer; son ellos quienes nombran a los jueces.
Ninguna causa en la CPI puede tramitarse sin que lo pida el fiscal; éste, es un funcionario que dura 9 años y que para iniciar una investigación tiene que pedírselo un país miembro, ordenárselo algún miembro del Consejo de Seguridad o por su propia iniciativa.
Si una sociedad civil en Venezuela quisiera que se ordenara una investigación en la Corte Penal Internacional, tiene que dirigirse al fiscal y éste investigar los puntos de seriedad de la denuncia.
Si este fiscal admite la denuncia debe llevarla a una Sala de Asuntos Preliminares que es la que califica la certeza de la denuncia.
Ese trámite absurdo tiene el problema de que en este caso el fiscal es una persona influenciada políticamente.
Al fiscal que estaba antes, Moreno Ocampo, se le descubrió que estaba recibiendo dinero y que tenía cuentas secretas en paraísos fiscales.
La fiscal actual, la abogada Fatou Bensouda, fue la mano derecha de Moreno Ocampo y obligatoriamente tuvo que estar enterada de todo lo que el fiscal hacía.
¿Se puede dar por sentado que la actual fiscal no va a emprender investigación alguna o está obligada a hacerlo si algún Estado lo exige?
Si un Estado parte lo exige, ella tiene que hacerlo, pero hasta ahora ningún Estado parte lo ha pedido.
Para poder activar una investigación en la CPI, deben estudiarse los delitos que se efectuaron dentro de ese territorio.
Otro país no puede pedir una investigación sobre Venezuela a menos que toque sus propios intereses. En este caso podría hacerlo Colombia por ejemplo, que tiene a cientos de miles de venezolanos desplazados viviendo en la frontera en situaciones paupérrimas o Brasil.
Por otro lado hay un principio de complementariedad que establece que para que proceda una investigación en la CPI debe ser porque en el tribunal del país al que corresponde el hecho, o no quieren investigarlo o no pueden hacerlo; y eso hay que demostrarlo.
Si un delito como la masacre de Óscar Pérez tiene alguna investigación abierta en algún tribunal de Venezuela la CPI no podría meterse ahí.
Pero entonces… ¿ las investigaciones que emprendió la OEA para saber si era factible demandar al Estado venezolano ante la Corte Penal fueron tiempo perdido?
Todo eso es ilusión, yo les estoy haciendo un llamado a los que hablan de la CPI a que no sigan creando falsas esperanzas. Pero es una maldad, la CPI no funciona.
De hecho desde Colombia se le pidió a la Corte que investigue desde el año 2005 delitos perpetrados por la guerrilla por crímenes de lesa humanidad y estamos en el 2018 y todavía no hay un término de esa investigación.
Entonces qué sentido tiene ese trámite tan burocrático, nos haría un gran daño en Venezuela porque entraría en una quietud que no llegará a ningún lado.
¿Cuántas denuncias tiene tanto el gobierno de Hugo Chávez como el de Nicolás Maduro ante la CPI y se mantienen engavetadas?
Moreno Ocampo cerró 22 denuncias el año pasado y desde junio de 2017 hasta ahora hay otras 6 denuncias nuevas y no pasa nada.
Si la salida no es a través de la Corte Penal, entonces ¿cuál es la ruta para salir de la dictadura en Venezuela?
En Venezuela necesitamos ayuda militar, una intervención militar. Venezuela está ocupada militarmente por Cuba con el auxilio además de China, de Rusia y de Irán.
Yo no entiendo cómo es que esos “venezolanistas” critican esa intervención militar; es que sin la ayuda de otros países no vamos a salir de esa diabólica dictadura.
Los países como Colombia, Brasil y Estados Unidos deberían unirse y conformar una alianza militar para intervenir en Venezuela; porque ellos también se están viendo afectados por el narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo que surge allí en el país.
No es porque yo esté en Miami y para mí sea fácil decirlo, pero la gente que está en Venezuela no tiene la respuesta a la salida, no sabe cómo salir de esto y es porque evidentemente en dictadura no existe una salida pacífica ni democrática.
O nos ayuda Dios o los países que deben ayudarnos…