El diputado e integrante de la delegación en la mesa de negociación entre el gobierno y oposición, Luis Florido, reaccionó a las declaraciones del presidente dominicano, Danilo Medina, quien aseguró que ambas parte se reunirán nuevamente el 28 y 29 de enero.
“si el gobierno no está dispuesto a avanzar y no envía señales de querer dar garantías electorales y por el contrario, convoca anticipadamente elecciones y anula a Voluntad Popular,no será posible concurrir a su país”, escribió Florido en su cuenta de Twitter.
La oposición y el Gobierno iniciaron el dialogo el pasado 1 de diciembre en Santo Domingo en busca de una salida a la grave crisis política y económica que vive la nación suramericana.
Las partes tenían previsto volver a reunirse en Santo Domingo el pasado 18 de enero, pero la oposición no acudió al encuentro por lo que el diálogo fue pospuesto para una nueva fecha.
Una de las razones invocadas por la oposición para no participar en la reunión fueron unas declaraciones del ministro de Interior de Venezuela, Néstor Reverol, que aseguró dos días antes haber obtenido de los negociadores antichavistas información que llevó a dar con el paradero del exinspector de policía Óscar Pérez, fallecido durante una acción policial.
El oficialismo reiteró ayer la intención del Ejecutivo de continuar con las negociaciones, pero uno de los negociadores de la oposición en el diálogo político, Luis Florido, dijo que esta negociación “está moribunda” tras la convocatoria anticipada a elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre del año.
Los aspectos centrales para la oposición en este diálogo son lograr garantías electorales para los comicios presidenciales previstos para 2018, la apertura de un canal humanitario que permita el envío de medicinas y alimentos, la liberación de los encarcelados que consideran “presos políticos” y la restitución de los poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento.
En tanto, el oficialismo exige el levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre algunos de sus funcionarios y el reconocimiento de la Asamblea Constituyente, un órgano plenipotenciario integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos gobiernos.