Desde este lunes se desarrollará un operativo para desalojar a alrededor de 200 venezolanos del Terminal de Transportes de Cúcuta, en Colombia, reseñó El Tiempo.
Los pasillos y escaleras del desvencijado edificio se han convertido en el refugio improvisado de un grueso número de migrantes.
La semana anterior se realizó un operativo similar, que permitió el desalojo de 615 venezolanos asentados en un polideportivo de Cúcuta.
En el puerto terrestre, ubicado en el barrio Carora, llegaron los venezolanos con la ilusión de continuar su travesía hacia otros países de Suramérica. Sin embargo, al no contar con los medios económicos para costear el desplazamiento, la mayoría de estos extranjeros se han visto en la necesidad de retrasar su peregrinaje y pasar hasta dos semanas a la intemperie: mientras reúne el dinero suficiente para partir.
“En apoyo de la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, vamos a intervenir las instalaciones y los alrededores de la Terminal. Hemos percibido que en la noche son muchos los venezolanos que duermen acá y eso nos preocupa. Por eso, desde la próxima semana, endureceremos las inspecciones y quienes no cuenten con la documentación para viajar serán deportados”, anunció Brayan Torres, gerente de esta entidad.
Este nuevo operativo se desarrollará bajo las mismas líneas de acción que se cumplieron en la recuperación del polideportivo del barrio Sevilla, conocido popularmente como el ‘Hotel Caracas’ por albergar de manera improvisada a unos 615 venezolanos.
Se espera que en el procedimiento participen entidades del orden nacional como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Unidad de Gestión de Riesgos y Cancillería.
Dentro de las acciones contempladas para evacuar este volumen de migrantes también se estudia la posibilidad de aplicar algunos descuentos en el precio de los pasajes, principalmente hacia el sur del país, que faciliten el traslado de estos viajeros hacia sus destinos.
Por medio de estas labores, las directivas de esta central de transportes buscan atacar algunas conductas delictivas, como agresiones personales o hurtos simples, que en los últimos meses viene afectando el servicio de transporte para unos 500.000 pasajeros mensuales.