La coalición de organizaciones dedicadas a la defensa del derecho a la salud y a la vida de las personas en Venezuela, Codevida, emitió un comunicado en el que expresa su rechazo a las insistentes declaraciones de voceros del Gobierno negando la emergencia humanitaria en salud y nutrición que atraviesa Venezuela.
A continuación el comunicado completo:
Codevida desea manifestar que desde el año 2013 venimos advirtiendo sobre la existencia de una profunda crisis en la atención sanitaria y nutricional de la población venezolana debido al grave colapso de los sistemas de salud y de abastecimiento a nivel nacional, que fue escalando velozmente hasta transformarse en una emergencia de características humanitarias en el año 2016 por la ausencia de respuesta del gobierno nacional y la negativa permanente al uso de la asistencia y la cooperación a disposición del Estado venezolano en los organismos internacionales de los cuales es miembro.
En el año 2017, a raíz de instalarse la mesa de negociación entre el gobierno y la oposición a través de la facilitación de un grupo de cancilleres, presentamos un conjunto de mecanismos concretos, viables y expeditos que pueden activarse a través de la Oficina Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en vista de la gran cantidad de personas que por más de 1 año se encuentran privadas de medicinas, servicios de salud y suplementos nutricionales, enfrentando una muerte inminente o severos daños a su integridad física de no implementarse estos mecanismos con carácter de urgencia.
Al mismo tiempo queremos señalar que no compartimos ni forma parte de los mecanismos antes mencionados, solicitudes o llamados públicos a medidas de “intervención humanitaria” planteadas durante las últimas semanas por algunos actores de la oposición venezolana. La asistencia y la cooperación internacional de carácter humanitario constituye un cuerpo de conocimientos y acciones dirigidas a socorrer, asistir y proteger a la población de manera imparcial e independiente de intereses políticos o económicos, teniendo como prioridad absoluta la vida y el bienestar de las personas en situaciones de gran sufrimiento o daño para las cuales no existen o son insuficientes las capacidades internas sin importar las circunstancias que las hayan generado.
Sin embargo, los principios humanitarios de imparcialidad e independencia de la asistencia y la cooperación ofrecida por los organismos internacionales, no eximen de responsabilidades a los Estados cuando rehúsan permitir su implementación con la rapidez y las condiciones de transparencia y participación necesarias, teniendo plena consciencia de la gravedad de la situación y estando en sus manos el poder de salvar las vidas de más de 300 mil personas en condiciones de salud crónica (Hemofilia, Trasplantados, personas con Cáncer, Esclerosis Múltiple, Parkinson, Hipertensión Pulmonar, Colitis Ulcerosa, Personas en Diálisis, entre otras) y de 77 mil personas con VIH por la ausencia de Antiretrovirales, y la asistencia de unas 4 millones de personas con serios problemas para acceder a sus tratamientos, entre los cuales se encuentran diabetes e hipertensión.
En este sentido, rechazamos las declaraciones de las autoridades del gobierno venezolano con las cuales se insiste en negar la situación de emergencia humanitaria por la que atraviesa el país y les hacemos directamente responsables de las muertes y severos daños a la salud y al estado nutricional de los grupos de población más afectados, ocurridas a diario y en creciente aumento durante las próximas semanas, a no ser que cumplan con su obligación de recurrir a los mecanismos de asistencia y cooperación de organismos internacionales, los cuales se encuentran a la espera de respuesta, así como todos los venezolanos en su derecho a exigirlos.
El gobierno no puede alegar que se tiene la capacidad de solucionar la emergencia cuando las mismas autoridades han demostrado que no cuentan con los medios financieros, institucionales y técnicos para asistir a la población de forma perentoria, al tomar medidas de reducción drástica de los recursos para importaciones en salud y alimentación, la inhabilitación o cierre de una gran cantidad de centros de salud públicos en todas las entidades regionales por falta de personal y de insumos, y el racionamiento severo de tratamientos, insumos médicos y nutricionales importados y distribuidos de manera discriminatoria, conduciendo a que todas las personas excluidas sean condenadas al sufrimiento físico y mental y a perder la vida sin acceso a otras vías que no sean las importaciones, bajo el monopolio del Estado.
No existe ninguna razón aceptable para que el gobierno se niegue a utilizar los mecanismos de asistencia y cooperación internacional que están a su disposición y activarlos de inmediato. Basta de muertes innecesarias y evitables!
Caracas, 28 de enero de 2018
Nota de Prensa