Numerosas personalidades, instituciones y organizaciones nacionales e internacionales han denunciado que son inaceptables las condiciones fijadas por el gobierno -y su secretaría de asuntos electorales, el CNE-, para las elecciones presidenciales del 22 de abril. En el plano nacional: la Conferencia Episcopal, la Asociación de Rectores, el Observatorio Electoral Venezolano, son solo algunas de las numerosas agrupaciones que han manifestado su desacuerdo. En el ámbito internacional: el Grupo de Lima, la Unión Europea, el gobierno de Canadá, usualmente tan discreto en materia de asuntos exteriores, han señalado su disconformidad. Jorge Roig, miembro del equipo de asesores que apoyó a los negociadores en República Dominicana, también ha evidenciado su descontento. Parlamentos y jefes de Estado de naciones democráticas de todo el planeta, se han mostrado en contra de esa elección apresurada, convocada de forma unilateral e inconsulta.
Como al régimen le han parecido insuficientes los abusos electorales cometidos en los últimos procesos electorales, además ha agredido de forma sistemática a los integrantes de la MUD, hasta arrinconarlos y vejarlos. En plena ronda de conversaciones en Santo Domingo, invalidó la tarjeta de la MUD, proscribió a Voluntad Popular y a Primero Justicia -cuya máxima autoridad, Julio Borges, era el jefe de la delegación negociadora por el lado opositor. Mantiene inhabilitados o presos a Henrique Capriles y a Leopoldo López, dos figuras opositoras claves. Para aumentar la provocación, el CNE aprobó en horas el partido de Maduro, Somos Venezuela, con el cual pretende sepultar el poder que detenta Diosdado Cabello en el Psuv. Todo el cuadro ha sido diseñado para realizar unos comicios a la medida del propósito de Maduro: abrocharse al poder.
De este cuadro tan negativo para la oposición han tomado nota los presidentes y parlamentos de países democráticos, incluso de aquellos en donde los procesos políticos transcurren en medio de tensiones muy fuertes, pero se respeta a la oposición y se aceptan las decisiones de los órganos de representación popular. El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, uno de los más severos adversarios de Maduro, hace pocos meses estuvo a punto de ser ajuiciado y destituido por un ala del fujimorismo. El Congreso falló a favor del Presidente, y PPK continuó en la primera magistratura.
La intención de participar en los comicios de abril no debe obviar las condiciones tan adversas que el gobierno pretende imponer. El liderazgo democrático no puede ignorar que el aparato gubernamental y el Psuv, se han convertido en una poderosa maquinaria diseñada para escamotear la voluntad popular, chantajear al elector y manipular los resultados, sin que exista la menor posibilidad de demostrar los delitos electorales cometidos por el oficialismo, mientras a los adversarios se les inventan infracciones no contempladas en las leyes electorales. El caso de los diputados de Amazonas es apenas uno de los numerosos fraudes perpetrados por el oficialismo.
Acudir a la cita electoral de abril como si no fuese importante la vigilancia internacional y no existiese la base de datos proporcionada por el carnet de la patria, los clap, los puntos rojos, el voto asistido, las trabas para que se inscriban los electores del exterior y los nuevos votantes, las migraciones arbitrarias desde los grandes centros de votación hacia los pequeños, donde es más fácil extorsionar el elector de bajos recursos y más dependiente de los subsidios del gobierno, no solo constituye un signo de ingenuidad, sino una clara señal de ignorancia. Ese esquema global tan perverso no puede corregirse con el simple cambio de Tibisay Lucena, símbolo de los abusos del régimen. Resulta fundamental modificar al menos los aspectos más perversos de ese diabólico andamiaje.
A estas alturas, ya no es suficiente contar con un candidato de unidad, un programa de gobierno y una estructura organizativa bien engranada para ganarle a un gobierno, ciertamente impopular y nefasto, pero que ha transformado las elecciones en una forma eficaz de prostituir la democracia y el voto. La ingenuidad y la ignorancia son dos defectos inadmisibles en política, especialmente dañinos cuando el adversario carece de todo escrúpulo.
Lo correcto es, como plantean algunos dirigentes y organizaciones civiles, luchar porque las elecciones presidenciales se efectúen en 2018 dentro de los parámetros establecidos en la Ley del Sufragio: equidad, transparencia y justicia. El acoso de la comunidad internacional tiene asustado al gobierno. Maduro sabe que el mundo se le vendrá encima, y con razón. A los abusadores nadie los quiere.
En esta fase de la resistencia, exijamos que las condiciones para votar mejoren. La comunidad internacional es una aliada muy poderosa. Hay que aprovecharla.
@trinomarquezc