El incremento de la pobreza en 2017 ha traído como consecuencia el deterioro de todas las actividades vitales de nuestra población, y así lo señala la UCV, la UCAB y la USB, basado en los resultados de su estudio anual denominado Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi). Como era previsible la situación de pobreza aumentó significativamente (87%) en 2017, creciendo en un diez por ciento (61.2%) el nivel de pobreza extrema. Casi dos tercios de nuestra población, cerca de veinte millones de habitantes, no tienen ingresos para comprar la totalidad de los alimentos para su familia.
La hambruna que se padece en nuestro país esta patéticamente reflejada en una investigación realizada por el economista Ricardo Hausmann. El estudio señala que con el actual ingreso mínimo, solo se puede adquirir para una familia el equivalente al consumo de 2.740 calorías por día. Significa que el 61.2% de nuestra población, apenas puede consumir 548 calorías diarias y los requerimientos aceptables son 2.200 calorías.
La causa principal de la hambruna que sufre la mayoría de nuestra población la hemos venido señalando reiteradamente: es la destrucción del sector privado productor de alimentos. Los instrumentos de que se ha valido el régimen para tan insensato proceder, son básicamente: la inseguridad jurídica, el irrespeto a la propiedad privada y los severos controles sobre todos los componentes de los circuitos agroalimentarios.
Ante este horror que ha desatado, el régimen se mantiene postrado con todas las características de un Estado fallido, cuyo único norte es hacer todo lo posible para seguir en el poder. Pero, a pesar de su aparente fortaleza, la realidad es otra: todas las variables sociales, económicas y políticas presagian una implosión.
Frente a la grave crisis de inseguridad alimentaria que sufre nuestra población, tendremos en su momento que afrontarla con medidas de urgencia: la ayuda humanitaria inmediata, canalizada a través de donaciones y la ayuda humanitaria representada por la apertura de líneas de financiamiento internacional. Esta última se utilizaría para la importación de materia prima para la agroindustria y alimentos elaborados para abastecer las redes de comercialización. Además, se deberá implementar al mismo tiempo, la apertura necesaria para la importación de insumos, maquinarias y repuestos para reactivar el sector agrícola y el agroindustrial.
Hemos venido planteando que la solución permanente al desabastecimiento y a la carestía de los alimentos, es asumir una Política de Estado que garantice la producción interna y que norme y estimule la importación y la exportación, dentro del marco de la corrección de los desequilibrios macroeconómicos actuales. Es fundamental dentro de esta política la implementación de un plan que, sin posiciones aut??rticas, garantice el pleno abastecimiento de alimentos a nuestra población priorizando la producción interna.
En consulta con sectores profesionales, empresarios y productores representativos de los distintos circuitos agroalimentarios y de los agrotécnicos, hemos propuesto al país el Plan Agroalimentario para el Pleno Abastecimiento de Alimentos: El plan PAPA, el cual está fundamentado en cuatro acciones básicas: Garantizar la Seguridad Jurídica a productores y consumidores, crear escenarios positivos para Promover el Crédito Privado y Público, la promoción de proyectos para el logro del financiamiento internacional necesario para el despegue y la consolidación de la producción de alimentos y el apoyo a los planes de producción elaborados por los integrantes de los circuitos agroalimentarios.
Para garantizar la seguridad jurídica a productores y consumidores, es necesaria la creación del marco jurídico que liberalice las actividades de los circuitos agroalimentarios y el otorgamiento de la propiedad de la tierra. Igualmente, es necesario crear garantías al consumidor para que pueda adquirir alimentos con niveles de calidad nutricional y con condiciones sanitarias conforme a los parámetros internacionales.
Mediante el estímulo al aumento de la productividad, la actividad agroalimentaria cubrirá sus costos y generará utilidades. Si convertimos la producción de alimentos en un negocio seguro, la banca no tendrá que ser obligada a invertir una parte importante de su cartera en el sector. Se contempla en el plan, la creación de un banco de segundo nivel para dar apoyo financiero, a largo plazo, a la banca y a los fondos regionales para el financiamiento de la infraestructura de la producción.
El sector público debe convertirse en agente promotor del financiamiento externo para proyectos de apoyo tecnológico y el desarrollo de la infraestructura necesaria para la recuperación y consolidación de la producción agroalimentaria.
Las reformas del marco legal y del financiero, junto a la aplicación de políticas públicas coherentes, tienen un fin específico: el apoyo a los planes de producción de las organizaciones de los sectores agrícolas y agroindustriales tanto nacionales como regionales, como actores fundamentales de la recuperación y de la consolidación de la producción de alimentos.
Nuestra meta mediante el plan PAPA, es ofrecer un abastecimiento suficiente y oportuno a nuestra población mediante la armonización entre la oferta y la demanda. El Estado debe mantener el equilibrio de las variables macroeconómicas para garantizar el control de la inflación y mantener el poder adquisitivo del consumidor. Asimismo, debe establecer políticas sociales y subsidios directos, para hacer posible el consumo normal de los sectores más vulnerables de la población.