La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, acordó remitir a la Corte Penal Internacional y a la fiscal Luisa Ortega Díaz, una solicitud de apertura de investigación penal, sobre la masacre de El Junquito, donde resultaron muertos Oscar Pérez y varios ciudadanos.
Nota de prensa
Así lo informó la presidenta de la instancia parlamentaria Delsa Solórzano, durante la reunión ordinaria de la comisión, donde fue recibida vía skiper la fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz, quien se encuentra en el exilio, luego de ser ilegalmente destituida por la Asamblea Nacional Constituyente.
Explicó Solórzano que en las próximas horas van a remitir ante la CPI una solicitud de apertura de investigación penal en torno a la masacre de El Junquito. “Tenemos nuevas probanzas. Hemos obtenido incluso el acta policial donde se evidencia que los funcionarios policiales que resultaron heridos, quienes presentaron tiros rasantes, poniendo de manifiesto que no hubo posibilidad de enfrentamiento”.
Al consultar con la doctora Ortega Díaz, sobre este caso ambas funcionarias coincidieron en que era muy difícil que los funcionarios que estuvieron en el operativo solo presentaron tiros rasantes en su cuerpo y en el abdomen, cosa que les pareció imposible porque supuestamente tenían chalecos antibalas, por lo que tienen muchas dudas con relación a este caso.
En este sentido Solórzano anunció que van a remitir el informe y las pruebas del asesinato de Pérez y sus compañeros en El Junquito la mañana del 15 de enero a la CPI y a la fiscal Ortega Díaz a Ortega Díaz, para que se abra una investigación.
Por su parte Ortega Díaz dijo que las víctimas fueron “vilmente ejecutados” por efectivos de seguridad del Estado y condenó la operación que fue realizada con armas de guerra.
Igualmente la Comisión Permanente de Política Interior en el transcurso de las próximas horas, remitirá las probanzas en torno a la violación de los derechos humanos durante las manifestaciones pacíficas realizadas desde abril de 2017, con el fin de contribuir con el expediente que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, elabora y que presentará ante la Corte Penal Internacional, CPI.
“Todo ello está en un expediente que nosotros hemos armado con todas estas probanzas y la doctora Luis Ortega Díaz nos ha requerido que se le remitan porque ella fue la solicitante ante la Corte Penal Internacional de que se abriera esta investigación”, explicó la diputada Solórzano
De igual manera remitirán comunicación a la alcaldesa Erika Farías, al ministro Ernesto Villegas y al General de Brigada Fabio Zavarce, exigiéndoles información de por qué Valentín Santana, que según información de la Fiscal tiene tres órdenes de captura y no ha sido detenido, teniendo como pruebas un material audiovisual que da fe de que han sostenido contacto con él. “La Constitución obliga a que los funcionarios públicos cuando tienen conocimiento de la comisión de un hecho punible tienen que denunciarla “, apuntó la parlamentaria.
Mientras que la Fiscal Luisa Ortega Díaz Dijo que a pesar del golpe judicial contra la Asamblea Nacional desde el año 2016, el organismo continúa defendiendo la institucionalidad democrática y que no está en desacato alguno.
Anunció que solicitará la expulsión de la embajadora de Venezuela en la Corte Penal Internacional, Haifa El Aissami, porque a su juicio se ha convertido en un elemento “perturbador” en cualquier investigación de violación de derechos humanos contra altos funcionarios del gobierno venezolano.
Recordó que a finales del año pasado denunció al presidente Nicolás Maduro y a tres generales por crímenes de lesa humanidad durante los años 2015, 2016 y 2017. Habló también sobre el antejuicio de merito solicitado contra el primer mandatario nacional y una orden de captura internacional por delitos de corrupción, legitimación de capitales, además de sobornos pagados en el caso Odebrecth.
Finalizó diciéndole a los diputados que la articulación entre ambas partes es fundamental porque la misma representa un peligro para el gobierno e instó a presionar a la CPI y a la comunidad internacional “para que se les reconozca a ustedes como el Parlamento legítimo y no la constituyente fraudulenta de Maduro”, que fue elegida sin referendo previo, desatendiendo lo que indica la Constitución.