Por qué la oposición venezolana no podría ganar las próximas presidenciales como sí hizo en las legislativas de 2015. Un análisis del periodista Emili J. Blasco publicado en ABC
La oposición venezolana aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha decidido no participar en las elecciones convocadas por el régimen de Nicolás Maduro para el 20 de mayo. Algún dirigente menor, como Henri Falcón, ha roto ese compromiso y ha anunciado que concurrirá a ellas, aduciendo que, así como la oposición pudo derrotar al chavismo en las legislativas de 2015, ahora podría nuevamente vencerle en las urnas. En realidad, la situación es radicalmente distinta.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que una dictadura nunca da por perdidas dos elecciones. Puede admitir la derrota en unas, por falta de cálculo y de suficiente fraude, pero si entonces no entrega el poder (como sí ocurrió con Pinochet tras el referéndum que convocó en 1988), la huida hacia adelante en su voluntad de permanencia le llevará a elecciones cada vez más restringidas y a fraudes cada más gigantescos, que ya ni siquiera se esforzará en esconder. Esto último es lo que ha ocurrido en Venezuela.
La oposición pudo apuntarse oficialmente la victoria en las elecciones de 2015 por tres razones principales, además lógicamente de la tremenda desafección popular que ya existía hacia el Gobierno:
1. El fraude es más fácil en las presidenciales
Una es que el fraude —que ya le robó el triunfo a la oposición en las presidenciales que encumbraron a Maduro en 2013, y probablemente también en las de Chávez de 2012— es más fácil de aplicar en una votación con una circunscripción nacional única y con dos candidatos principales. En esa situación es más sencillo para el chavismo saber cuántos votos lleva el contrario y cuántos votos falsos hay que generar para ganar; además, estos se pueden generar en todos los lugares de control territorial chavista, no importa dónde, pues luego van al cómputo general único.
En las elecciones legislativas, municipales y de gobernadores hay muchas más variables, por lo que son más difíciles de controlar plenamente, de ahí que este chavismo en horas bajas perdiera las legislativas de 2015 y luego tuviera que eliminar partidos y candidatos en las dos otras dos elecciones, en 2017, para que el fraude funcionara convenientemente.
2. Ya no cabe el factor sorpresa
Otra razón es que en diciembre de 2015 el volumen del voto de castigo sorprendió tanto a los dirigentes chavistas (muchos electores que ellos arrastraron a las urnas aprovecharon el voto secreto para apoyar a la oposición, lo que adulteró los cálculos del fraude), que no estuvieron en condiciones de coordinar una reacción. A los intentos de Diosdado Cabello de generar violencia callejera con los colectivos a última hora del día, para así invalidar las elecciones, se enfrentó el ministro de Defensa, Padrino López, partidario de no alterar el resultado que iba a proclamarse.
Hoy ya no cabe el factor sorpresa. En 2015, el Gobierno seguía queriendo simular ser una democracia. En 2017, con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, justamente para superar el problema de una Asamblea Nacional controlada por la oposición, el Gobierno ya dio el paso de asumir que sería internacionalmente proclamado como dictadura: ya no tiene que guardar las apariencias. Hasta la compañía responsable técnica del sistema electoral, Smartmatic, ha denunciado el fraude.
3. Perder la Asamblea era reconducible
En 2015 el chavismo podía admitir la pérdida de la Asamblea Nacional porque seguía controlando la presidencia y los otros poderes, y podía tener margen para puentear a los díscolos diputados (como así fue con la convocatoria de la Constituyente). En cambio, perder la presidencia no es una opción, no es algo remediable. De ahí la prohibición de las candidaturas de opositores como Leopoldo López o Henrique Capriles y otras limitaciones impuestas. Está todo arreglado para que Maduro no pierda estas elecciones.
Contra la Constitución
La participación en estas elecciones, por otra parte, presenta el problema del acatamiento de una vulneración constitucional. El mandato presidencial dura un sexenio: comienza el 10 de enero y termina junto seis años después en otro 10 de enero. Las elecciones presidenciales tienen lugar cerca de ese momento y normalmente han sido convocadas en diciembre.
Saltarse eso, por conveniencia política de Maduro, es contravenir el espíritu de la Constitución, promovida por el propio chavismo en 1999. También lo es la descarada falta de independencia del Consejo Nacional Electoral, que no solo inicialmente adelantó las elecciones al 22 de abril por conveniencia del Gobierno, si no que luego, por orden también de este y sin disimulo, las ha aplazado al 20 de mayo, en un intento de que algún otro partido de la oposición participe.