El juez chileno Mario Carroza estudia el pedido de arresto domiciliario de 70 acusados de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Pinochet, que están recluidos en un penal especial y serán sometidos a exámenes médicos para decidir sobre su excarcelación, informaron este sábado medios locales, reseñó EFE.
Carroza, según el diario La Tercera, resolvió acoger a trámite la petición por razones de carácter humanitaria del abogado Raúl Meza, defensor de los 70 reclusos, que se encuentran en el penal especial Punta Peuco, calificado por las víctimas de la dictadura como un “hotel cinco estrellas”.
Una vez que lleguen a sus manos los resultados de los exámenes, el juez deberá resolver si procede o no el arresto domiciliario.
Según el abogado Raúl Meza, si dicha alternativa es rechazada, acudirán al Gobierno del presidente Sebastián Piñera en busca de un indulto generalizado.
No obstante, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, advirtió que serán decisiones “muy excepcionales”.
“Si se trata de una persona que ha perdido la razón y no se puede desenvolver por sí solo, porque no es autovalente, uno puede pensar, independiente del delito que haya cometido, en que por consideraciones de dignidad humana le puede dar un indulto”, precisó Larraín.
Sin embargo, el ministro señaló que “las personas tienen que cumplir las sentencias por las cuales han sido condenadas. Y no porque tengan un tipo de delitos u otro van a tener mejores o peores beneficios”.
“Son situaciones que se van viendo cada caso en particular sin favorecer y sin perjudicar a nadie, sino que siguiendo un camino objetivo que atienda las situaciones particulares y personales, que es lo que nosotros queremos imponer como Gobierno: Igualdad ante la ley”, señaló hoy a periodistas el ministro del Interior, Andrés Chadwick.
El jefe de Gabinete del conservador Sebastián Piñera añadió que “sin duda alguna que el principio de igualdad ante la ley no hace distinciones en esa materia”.
“Y es lo que ha señalado el ministro de Justicia, caso a caso atendiendo a la situación en particular, sin que existan consideraciones que no sea la situación personal, particular, de salud de que se vea enfrentado cualquier persona que sea privado de libertad hoy día en Chile”, concluyó.
El penal Punta Peuco fue construido en 1995 en el municipio de Tiltil, unos 35 kilómetros al norte de Santiago, y es calificado por las víctimas de la dictadura como una cárcel “cinco estrellas”, con canchas de tenis, terrazas para hacer asados y amplios comedores.
Entres los solicitantes de la excarcelación se encuentran Raúl Iturriaga Neumann, que fue director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, policía secreta de Pinochet); el exjefe operativo de la CNI, que reemplazó a la DINA, Álvaro Corvalán y el exbrigadier del Ejército, Miguel Krassnoff y el agente de la DINA, Pedro Espinoza, que suman más de 600 años de condenas por violaciones a los derechos humanos.
El presidente del Senado, Carlos Montes, dijo a la Tercera que no será fácil conmutar penas de personas que “han asesinado y cometido barbaridades como las que se efectuaron”.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos y otros 33.000 fueron encarcelados y torturados por razones políticas
El abogado Raúl Meza insistió que se trata de reos mayores de 70 años, para quienes pidió que se les aplique la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas mayores, acuerdo que fue firmado en 2017 por la entonces presidenta del país, Michelle Bachelet.