La CIDH, organismo rector en derechos humanos en las Américas, manifestó en su informe anual el jueves su “preocupación” por la situación política en Perú, sacudido por un escándalo de corrupción y polarizado por el indulto al expresidente Alberto Fujimori.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), se refirió al caso que provocó la renuncia del mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski, advirtiendo sobre una posible vulneración del debido proceso.
La Comisión “observó con preocupación el contexto político del Perú en el marco de las investigaciones por corrupción que resultaron en la apertura de un proceso de destitución conducido por el Congreso de la República del Perú contra el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en el cual las garantías del debido proceso y de la amplia defensa podrían haber sido vulneradas”.
Kuczynski, un empresario y exbanquero de Wall Street, renunció el miércoles, un día antes de que el Congreso votara una moción para destituirlo por sus supuestos lazos con la empresa brasileña Odebrecht.
De ser destituido por el Congreso, que debate el jueves su dimisión, Kuczynski será el primer presidente en perder su puesto por sus vínculos con Odebrecht.
En su informe anual, la CIDH alertó además sobre el impacto de esta crisis política en términos de derechos humanos tras el indulto de Kuczynki a Fujimori, condenado por corrupción y delitos de lesa humanidad.
“La CIDH también manifestó su preocupación respecto a la influencia que la crisis política generada por el pedido de vacancia presidencial planteada en el Congreso pudo haber generado sobre los derechos humanos, en especial, sobre la decisión del presidente de la República de conceder un indulto humanitario al sentenciado por crímenes de lesa humanidad, Alberto Fujimori”, señaló en su informe.
El indulto concedido por Kuczynski en la víspera de la pasada Navidad desató una tormenta política pocos días después de que el mandatario se salvara de ser destituido por el Congreso por haber mentido sobre sus lazos con Odebrecht.
Familiares de las víctimas y activistas de derechos humanos pidieron en febrero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, anular el indulto, tras denunciarlo como un “pacto político”. El tribunal aún debe pronunciarse al respecto.
Fujimori cumplía desde hacía 12 años una condena de 25 años como autor mediato de una operación antiterrorista en la cual murieron 25 personas, entre ellas un niño de ocho años.