Una de las tradiciones de los que comulgamos con la fe católica, es que en semana santa los días miércoles de ceniza y viernes santo hacemos ayuno y abstinencia de carnes rojas. Este año nuestra iglesia, a través de la Conferencia Episcopal, flexibilizó esta obligación milenaria practicada por la mayoría de nuestra población.
La iglesia católica siempre solidaria con el sufrimiento de nuestro pueblo, está consciente de la grave crisis alimentaria que padecemos debido a la escasez y a la carestía de los alimentos. Señala la Conferencia Episcopal en su mensaje al pueblo: “No se consiguen los alimentos y en otros casos, si los hay, es difícil que se logren comprar por los precios exorbitantes”…“sabemos muy bien cómo está la situación económica, no se puede pedir ‘hay que comer esto, hay que comer aquello’.
En la abstinencia de la semana mayor, la carne roja es sustituida por el pescado. Este alimento se ha vuelto prohibitivo para la mayoría de nuestra población, debido a su alto costo y a la desaparición de los mercados de las especies comerciales, sobre todo las que podía adquirir la población de bajos recursos.
La causa de la escasez y de la carestía de los alimentos de origen pesquero y de la acuicultura, se debe a la política del gobierno de sustituir la producción privada nacional por la actividad de empresas del gobierno y por la importación. Estas dos alternativas a la producción nacional son imposibles de cumplir debido a la ineptitud y a la corrupción en el manejo de las empresas públicas y por otra parte a la incapacidad del gobierno de generar divisas para importar.
En 1998 nuestra producción pesquera y de acuicultura fue de 523.000 toneladas, cubríamos el consumo interno y exportábamos cerca de cuarenta mil toneladas, generando un superávit de la balanza comercial pesquera de más de cien millones de dólares y nuestra flota atunera era una de las más importantes del mundo. Además del descalabro económico del sector, los platos rotos del ensañamiento del régimen contra la pesca y la acuicultura los ha pagado nuestra población. En 1998 consumíamos trece kilos de pescado por persona al año y el pasado año apenas logramos consumir menos de cinco kilogramos. En 2017, la captura y la producción de pescado descendió hasta unas doscientas mil toneladas.
Desde el año 2001 el gobierno comenzó a aplicar medidas restrictivas al sector de la pesca, pero el arponazo mortal se lo dio en 2008, con la aprobación de la Ley de pesca y Acuicultura. Esta ley, a través de su articulado, le impuso al pescador artesanal y a la pesca industrial, una serie de normas que afectan el libre ejercicio de la producción. Mediante esta ley el régimen, de forma totalitaria, interviene todas las actividades de la comercialización de los productos de la faena de la pesca artesanal y empresarial, controlando los precios y ordenando dónde y a quién deben venderle el fruto de su trabajo. Y por si fuera poco, además le fijó una cuota que los obliga a hacer una “entrega gratuita”
Para revertir esta situación es necesario un cambio de sistema político, que enfrente la emergencia humanitaria que afecta nuestra población y que asuma el abastecimiento de alimentos como una política de estado. Esta política de estado debe garantizar la seguridad alimentaria fundamentada en la producción nacional sin posiciones autárquicas. Es determinante el apoyo al sector pesquero y acuícola, ya que es una fuente de proteína importantísima para población de bajos recursos. Además, esta actividad económica ofrece materia prima con alto contenido proteico para la elaboración de alimentos balanceados para animales. Este apoyo debe ser parte integrante de un Plan Agroalimentario para el Pleno Abastecimiento de alimentos.
Para la recuperación del sector pesquero y acuícola, es necesario garantizar la seguridad jurídica tanto de los pescadores artesanales como de la pesca industrial, así como de los consumidores. El punto de partida del marco legal que estimule la propensión a invertir en la actividad, es la reforma o la sustitución de la Ley de Pesca y Acuicultura, por un instrumento legal que promueva la producción y deje de ser un estorbo al desarrollo productivo del sector.
El Estado debe estimular la actividad de los circuitos de la producción pesquera y acuícola, apoyando los planes de producción que han diseñado sus integrantes. Este apoyo debe traducirse en la gestión de líneas de financiamiento, nacionales e internacionales, para proyectos de capital de trabajo y de infraestructura para atender tanto al sector artesanal como al industrial y de esta manera, promover la recuperación y la consolidación de la actividad.
En esta semana santa cuando te falte el tradicional plato de pescado en tu mesa, ten fe en la recuperación de nuestro país y ruega por nosotros los pescadores, para que podamos tener el apoyo suficiente para volver a ser una referencia positiva como productores y exportadores, en el ámbito nacional e internacional.