Desconsolados familiares recibían el jueves los cuerpos de decenas de reclusos fallecidos en el incendio de una comandancia policial de Venezuela, uno de los incidentes más trágicos de las últimas dos décadas en el sobrepoblado sistema carcelario del país.
Por Tibisay Romero y Vivian Sequera / Reuters
El gobierno dijo el miércoles que se hará una profunda investigación del incidente, en el que murieron 68 personas, incluidas dos mujeres que estaban de visita en las celdas del cuartel policial en Valencia, una ciudad ubicada a unos 150 kilómetros al oeste de la capital Caracas.
Aún no se conocen los detalles oficiales de cómo se originó el incendio, pero varios familiares dijeron que de acuerdo con el relato de los presos que sobrevivieron, habría ocurrido una revuelta y policías habrían tratado de controlarla.
“Mi sobrino murió por asfixia”, dijo a Reuters Ignacio Manzanilla, un comerciante de 42 años, mientras esperaba le entregaran el cadáver de Joel, que llevaba tres meses detenido en ese lugar por robo. “Lo que sabemos es que se armó un motín, entraron unos policías (…) con armas”.
La comandancia policial de Valencia, como muchos centros de reclusión en Venezuela, tiene más reclusos de los que puede recibir, denunciaron organizaciones de derechos humanos locales. Este tipo de instalaciones son utilizadas para mantener a los presuntos delincuentes detenidos hasta que son enjuiciados.
Las autoridades no han revelado la cantidad de heridos que dejó el incendio, pero familiares dijeron que pasaron una lista con los que fallecieron calcinados. Algunos presos se salvaron del incendio porque habían sido trasladados a una cárcel de la zona apenas unas horas antes, dijo un familiar a Reuters.
En ascuas
Después de choques el miércoles entre policías y familiares, que fueron dispersados con gases lacrimógenos, en las afueras de la comandancia policial todo parecía en calma. Pero muchos parientes de las víctimas demandaban justicia y que se aclararan los pormenores de lo sucedido.
“Hubo un incendio, se quemaron los muchachos, no tenemos muchos detalles” dijo José Hernández, padre de Jefferson, de 24 años, que figuraba en una lista como calcinado aunque su cadáver aún no aparecía. “Lo que queremos es justicia y que se aclare lo que sucedió”.
En Ginebra, la agencia de derechos humanos de Naciones Unidas instó el jueves a las autoridades venezolanas a llevar a cabo una investigación rápida sobre el incendio, a proporcionar reparaciones a las familias de las víctimas y a identificar y llevar a los responsables a la justicia.
La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones asegura que en los calabozos policiales del país sudamericano hay al menos 32.600 detenidos y que el hacinamiento de esas instalaciones supera el 400 por ciento.
Frente a la comandancia policial de Valencia, Elizabeth Gutiérrez ya había recibido el cuerpo de su marido Daniel de 28 años, que estaba detenido por posesión de drogas.
“Salía el próximo lunes en libertad”, dijo llorando desconsolada la mujer, que quedó viuda con dos hijos. Reuters