Hoy son diez mil millones de dólares (10.000.000.000 $) los que efectivamente están en juego; dijo el Diputado de la Asamblea Nacional, Américo De Grazia, miembro de la Sub Comisión que investiga el desfalco de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA). Estos recursos se deslizan por el pantanal de una trama criminal que azota a la principal empresa Venezolana. Urge en estos momentos, que la Asamblea Nacional (AN) autorice al Doctor Carlos Ramírez (Dr. Ley), venezolano y abogado en ejercicio de los EEUU; en el juicio que cursa en la Corte del Distrito Sur de la Florida (EEUU). Y pueda efectivamente acudir a la Fiscalía General de los EEUU, para que ésta, de igual manera se avoque al caso; Toda vez, que los hechos delictivos se desarrollaron y desarrollan en territorio Norteamericano. Este juicio, pone en evidencia, una vez más, como desde el año 2004 se estructuró una red de conspiración, entre empresas convertidas en instrumento del crimen organizado para desarrollar un entramado de estafa a PDVSA; Entre estas empresas en complicidad con altos funcionarios de la Petrolera Venezolana, para fijar precios, forjar plataformas, eliminar competencias en compra y venta de petróleo crudo y productos derivados de hidrocarburos. Apropiándose indebidamente de información, de propiedad intelectual de nuestra empresa, para ser usada en su contra y saquearla; mientras se enriquecían, impunemente, del mismo modo, estos mismos funcionarios corruptos, pagaban precios inflados por productos y servicios adquiridos por PDVSA, mientras vendían por debajo de los precios correspondientes. Toda una triangulación de compra, venta y estafa para favorecer la corrupción de funcionarios y empresas adscritas a esta forma criminal de operación.
El próximo miércoles 4 de abril de 2018, se darán cita en los tribunales Estadounidense, el caso que nos ocupa; en tal sentido, estamos solicitando formalmente al Doctor Omar Barboza, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y su directiva, como la Comisión de Energía y Petróleo, y a la Sub Comisión conformada para tal investigación, que nos hagamos parte de la querella judicial, como Asamblea Nacional, a fin de hacer justicia y establecer responsabilidades contra quienes han afectado los intereses de PDVSA y los Venezolanos. Autorizando desde ya, al Dr. Carlos Rodríguez en representación nuestra.
Señores Diputados miembros de la Subcomisión especial para el caso de la demanda en la Corte del Distrito Sur de la Florida (EEUU)
Cumplo con presentarles un informe de la situación:
El 05 de marzo del 2018, una firma privada: PDVSA US LITIGATION COURT, representada por un bufete de abogados de New York (Boies Sch Ller Flexner LLP), junto a uno de la Florida (Stephen N. Zack) presentaron una demanda (Caso No. 1: 18-cv-20818-DPG) contra un grupo de personas naturales y jurídicas: Lukoil Pan Américas LLC y 43 más, para la celebración de un juicio con jurado.
El libelo de la demanda describe una trama delictiva dentro de Pdvsa que se habría iniciado desde el año 2004 y que consistiría en “una conspiración en curso en la cual mencionan como principal a la “Empresa Helsinge”, conspiración que se desarrollan entre compañías y comerciantes internacionales de petróleo, sus bancos y co-conspiradores, incluidos los agentes corruptos y funcionarios de PDVSA para fijar precios, forjar las plataformas y eliminar la competencia en la compra y venta de petróleo crudo y productos de hidrocarburos; apropiarse indebidamente de los datos de propiedad y propiedad intelectual de PDVSA y saquearla al hacer que funcionarios corruptos suyos no cobraran el dinero adeudado para proceder ellos a cobrarlos a escondidas. También se acusa que dichos funcionarios conspiran para pagar precios inflados por productos y servicios adquiridos y para aceptar precios artificialmente bajos para los productos vendidos por PDVSA. Igualmente por hacer pasar por alto el hecho de no entregar los productos y servicios pagados por PDVSA.
En el escrito señalan que inicialmente los involucrados corrompiendo y sobornando a funcionarios de PDVSA adquirieron información utilizada para implementar sus esquemas delictivos y que a medida que avanzaba la conspiración pudieron obtener acceso directo a los servidores de PDVSA, que los involucrados incluso instalaron un “clon” interconectado con estos y así pudieron apropiarse indebidamente de información privilegiada en tiempo real.
Las pérdidas a PDVSA y las ganancias a los demandados como resultado de los delitos cometidos por los involucrados asciende a muchos miles de millones de dólares y con una práctica constante de sobornos e intimidación los demandados lograron ocultar su esquemas por muchos años.
En la demanda dicen que como resultado de una intensa investigación por parte de abogados e investigadores en los Estados Unidos, Venezuela y Europa, la naturaleza de los ilícitos de los demandados fue descubierta, y el 27 de julio de 2017 fue constituida el Fideicomiso “US Pdvsa Litigation Trust” para el propósito específico, entre otras cosas, de perseguir la recuperación de los dineros saqueados a PDVSA. Es de advertir que legalmente ese fideicomiso podría recibir los dineros o por sentencia o por un arreglo extrajudicial al que le pueden dar un carácter confidencial con lo que nadie se podrá enterar de los detalles, y no devolverlos a Pdvsa. Ese es un alto riesgo posible de ocurrir.
Básicamente esos son los hechos relatados en el escrito
Originalmente el juez fijó una primera audiencia para el pasado 4 de marzo a las 9:30am a la que asistimos los ciudadanos venezolanos Federico Alves, economista radicado en Tampa y el suscrito abogado venezolano, pero entonces se nos informó en la Corte que dicha audiencia había sido aplazada para el 4 de Abril siguiente a las 9:30am; sin embargo en esa oportunidad presentamos un escrito en nuestra condición de ciudadanos venezolanos preocupados porque en ese juicio se involucran importantes bienes de la Nación y en el que según nuestra legislación tiene vital importancia la participación de nuestro Parlamento por lo que pedimos que se le notificara oficialmente lo cual no ha ocurrido, razón por la cual me propuse hacerlo del conocimiento público para que así todos se enterasen lo cual sí ha ocurrido como lo demuestra el hecho de que se haya designado esa Sub comisión especial para el caso.
El pasado martes 20 de este mes de marzo se comunicó conmigo el diputado Jorge Millán para informarme de la formación de esa Sub comisión y al dia siguiente sostuvimos una conversación telefónica en la cual yo me comprometí enviarles esta información como ahora lo estoy haciendo.
Igualmente les informo que conmigo se ha comunicado también el abogado venezolano Franklin Hoet quien me dijo que también él había sido contactado por el diputado Millán y quedamos en coordinar esfuerzos para dar seguimiento al caso y hacer cuanto nos sea posible en el mismo.
La situación jurídica es la siguiente:
El abogado jefe del bufete demandante ha dado declaraciones a medios de prensa internacional donde ha cuantificado los daños en la suma de diez mil millones de dólares y señala que PDVSA cedió los derechos de reclamación de los daños a una firma que se creó el 27 de junio de 2017 en New York especialmente para ello y que se denomina “US PDVSA LIYTIGATION TRUST” que tiene la forma de Fideicomiso. La periodista Maibort Petit desarrolló este tema en su blog y le ha dado amplia publicidad.
Es claro que esa actuación es ilícita por cuanto se trata de un contrato de interés nacional que según el artículo 187.9 debe pasar por control parlamentario lo cual no se hizo.
Hemos estado revisando el expediente y detectamos dos importantes irregularidades: 1) No está el documento por el cual PDVSA habría cedido a US PDVSA LITIGATION TRUST los derechos para cobrar los daños especificados en la demanda. 2) Tampoco está el documento constitutivo de esa firma US PDVSA LITIGATION TRUST. Ambos documentos hay que buscarlos, hay que emprender una actividad de investigación para ello.
Punto importante es que en la demanda se asienta que toda la trama delictiva fue descubierta aunque no dicen específicamente cuando tuvieron tal información y eso importa porque desde ese momento se debió hacer la denuncia en Venezuela y proceder en consecuencia. Pero dicen que en julio 2017 formaron esa firma privada para proceder al cobro de los daños lo cual nos da el dato que cuando menos en ese momento supieron de los hechos y en vez de proceder como debieron hacerlo, se dispusieron a pensar en cómo obtener beneficios del delito constituyendo esa firma para cobrar a través de ella y tener abierta la posibilidad de quedarse ellos con el dinero.
Considero de vital importancia que la Asamblea Nacional así se haga parte en ese juicio y para lo cual existen vías procesales que deben activarse con urgencia porque está muy cerca la fecha de la primera audiencia donde deben hacerse los alegatos correspondientes y advierto que antes de esa fecha y por escrito se debe hacer del conocimiento de la Corte la opinión que tengamos sobre el caso.
Sugiero que la Directiva de la Asamblea autorice por escrito en un acto formal a persona que haga esa actividad y para lo cual ofrezco mi colaboración.
Miami 22 de marzo 2018.
Quedo a la disposición.
Atentamente
Carlos Ramírez López
Nota de prensa.