Con el arribo de los gobiernos populistas del siglo XXI, los manejos corruptos de los recursos públicos en Latinoamérica se transformaron en un fenómeno transnacional al servicio de un proyecto político en todo el continente. Lula fue parte de la “internacional de la corrupción latinoamericana”, un grupo de presidentes entre los que destacaban el venezolano Hugo Chávez y el argentino Néstor Kirchner.
Por Pedro Benítez / Al Navío
Los partidarios del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva se sienten agraviados por la manera en que su líder ha sido tratado por el Supremo Tribunal Federal (STF) de ese país, que ha rechazado el habeas corpus en su favor y autorizado la reclusión luego de la sentencia condenatoria por corrupción, confirmada en dos instancias, que pesa en su contra. La actitud de los medios de comunicación brasileños, de la clase media de ciudades como Sao Paulo e incluso declaraciones del jefe del Ejército, el general Eduardo Villas Boas, en horas previas al fallo han sido interpretadas como presiones indebidas a la justicia.
Lula ha sido condenado por aceptar que una constructora le reformase un apartamento de lujo, en la costa de Sao Paulo, a cambio de favorecerla en negocios con la petrolera estatal Petrobras. Él ha negado enfáticamente el hecho y los seguidores denuncian la condena como una persecución en su contra para cerrarle el paso a una eventual reelección presidencial.
No obstante, siete de los 11 miembros del Supremo Tribunal de Brasil fueron nominados por Lula y su sucesora Dilma Rousseff, y luego ratificados por el Senado de ese país. Recordemos que el mandato de los dos se prolongó de 2002 a 2016. Así por ejemplo, la presidenta de la máxima instancia de la justicia brasileña Carmen Lucía, que con su voto definió el futuro de Lula da Silva, fue postulada al cargo por el expresidente en 2006.
Por otra parte, el caso contra el expresidente Lula no es aislado, sino que forma parte de la operación anticorrupción Lava Jato, liderada por el juez Sergio Moro, que ha develado una gigantesca trama de corrupción que ha implicado a políticos de todos los partidos y tendencias políticas en Brasil.
Incluso, puede que Lula esté siendo condenado por un delito menor en comparación con otros muchos en los que sin duda incurrió. Porque es público y notorio que él se valió de su influencia como presidente para promover dentro y fuera de Brasil los intereses de la megaconstructora Odebrecht, que fue sólo una parte de los tentáculos de intereses políticos y económicos corruptos que el Partido de los Trabajadores (PT) fue creando desde que el exsindicalista llegó al poder en 2002, que además incluyó la red de soborno en torno a Petrobras.
Desde una perspectiva más amplia que Brasil, en Latinoamérica está ocurriendo una sacudida en contra de los negociados turbios por parte de la clase política.
Lula es otro mandatario más, de un grupo de acusados, investigados, solicitados, en presidio y/condenados por hechos de corrupción. Una ola que no ha distinguido entre ideologías o simpatías políticas.
El país que encabeza esa sacudida es Perú, donde hay tres expresidentes sometidos a algún tipo de proceso judicial por las tramas de corrupción vinculadas a Brasil: Alejandro Toledo, sobre quien pesa una solicitud de extradición por parte de la justicia peruana, acusado de lavado de activos; Ollanta Humala, recluido de forma preventiva, acusado de lavado de activos y de asociación ilícita para delinquir en el caso Lava Jato; y Alan García, acusado también en el caso Odebrecht.
Y por último Pedro Pablo Kuczynski, sometido a investigación desde diciembre de 2016, por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de Perú, por haber favorecido en 2006 a la firma brasileña para ganar una concesión cuando era ministro de Economía de Alejandro Toledo. Las revelaciones de su caso llevaron al pedido de vacancia presidencial que culminó en una crisis política y en la renuncia al cargo.
Populismo y corrupción
Pero la onda expansiva de los diversos casos de corrupción, los más notorios vinculados a Odebrecht, no se detendrá, pues ya hay investigaciones abiertas en otros países.
Por lo tanto esta no es sólo una persecución política contra Lula, quien probablemente no sea el político más corrompido de Brasil, aunque sí el más emblemático. Lo que hay en Brasil es una reacción contra todo el esquema de patrimonialismo corrupto que ha dominado la vida de ese país desde que Juan I de Branganza trasladara la capital del imperio portugués de Lisboa a Río de Janeiro en 1808.
Esa concepción patrimonialista según la cual cada grupo que llegaba al poder se consideraba dueño del país, no ha sido exclusiva de Brasil, sino que ha sido una lamentable tradición compartida en Latinoamérica. Lo novedoso de los últimos años es que con el arribo de los gobiernos populistas del siglo XXI, autodenominados de “izquierda progresista”, los manejos corruptos de los recursos públicos se transformaron en un fenómeno transnacional al servicio de un proyecto político en el continente.
Lula fue desde su llegada al poder en 2002 parte de la “internacional de la corrupción latinoamericana”, un sindicato de presidentes interesados más que nada en mantener la estabilidad laboral y los negocios a buen resguardo, haciendo uso de una buena coartada: la lucha contra la pobreza, por la justicia social y por un mundo más justo.
De ese grupo de mandatarios, entre los que destacaban el venezolano Hugo Chávez y el argentino Néstor Kirchner, Lula da Silva siempre fue el de lenguaje más moderado, el que expresaba más sensatez. En sus acciones no pretendía acabar con los ricos, sino con los pobres. Durante dos administraciones la economía brasileña evolucionó de manera bastante aceptable, principalmente por continuar las políticas de su antecesor, Fernando Henrique Cardoso.
De modo que era lógico que fuera el modelo político a seguir. Lula era la izquierda vegetariana. Chávez, la izquierda caníbal. No obstante, había algo en él (particularmente para los venezolanos opositores) que nunca terminó de cuadrar.
¿A qué se debía ese compromiso público de Lula con Chávez? ¿Por qué ese empeño en justificar públicamente sus excesos, aunque se sabía que algunas veces en privado se los reprochaba? ¿Por qué un estadista de izquierda, demócrata y moderado, apoyaba a un radical autoritario?
Brasil no es Cuba, ni Nicaragua, es el gigante del vecindario. El único país de la región que puede aspirar a ser una potencia mundial. El gobierno de Lula no necesitaba el subsidio petrolero venezolano para sobrevivir.
Una explicación era que Brasil podía hacer uso de la influencia de Lula sobre Chávez, como parte de la estrategia geopolítica brasileña, de la cual Venezuela sería una pieza. Según esa lógica Chávez era el rottweiler petrolero y Lula su apaciguador. Si los gringos tenían problemas con él, llamarían al despacho presidencial en Brasilia. Pero había algo más.
Los petrodólares venezolanos contribuyeron (directa o indirectamente) a la campaña electoral del Partido de los Trabajadores en 2002, en la que Lula fue elegido presidente en el cuarto intento. Probablemente entonces la operación fuera por intermedio de empresas brasileñas que financiaban al partido de Lula.
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