La Junta Directiva y otros miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela asistieron al Palacio Legislativo para entregar al presidente de la Asamblea Nacional, el Abogado Omar Barboza un escrito con fundamento en la Ley de creación de la Academia, donde le plantean al Poder Legislativo, lo impostergable que resulta que la Asamblea Nacional “…como único órgano constitucionalmente competente para ello,… proceder a efectuar la designación de los cinco (5) rectores y rectoras independientes e imparciales del Consejo Nacional Electoral, siguiendo para ello los requisitos de postulación, los procedimientos y las directrices establecidos expresamente en la Constitución.”
Subrayan los Académicos que “La existencia de una autoridad electoral independiente es la primera garantía electoral, sin la cual el resto de los derechos se desvanecen.” Por tanto, señalan que “la garantía de un órgano electoral independiente e imparcial es indispensable para la idoneidad de los procesos electorales.”
El documento analiza cómo las designaciones de los cinco rectores y suplentes quienes en este momento ocupan los cargos de rectores del Consejo Nacional Electoral son nulas por disponerlo así el artículo 138 en concordancia con el artículo 25 de la Constitución. Que tales nombramientos originados en sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Constitucional, se basan por una parte en una “omisión legislativa” que no es tal, y por el otro, en un supuesto desacato de la Asamblea Nacional, desacato que no existe.
Se explica con detalle en el documento, cómo en ambos casos han representado decisiones que han producido un vaciamiento de la soberanía popular y la Constitución y que por tanto“… estamos en presencia de un claro caso de usurpación de las funciones constitucionales expresas de la Asamblea Nacional por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que determina la ineficacia y nulidad de esas designaciones, a tenor de lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución.”
Los académicos se refieren en su Dictámen, a que todos los rectores del Consejo Nacional Electoral están indebidamente designados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lo que origina la incostitucional conformación; mediante decisiones políticas con forma de sentencias han usurpado las funciones constitucionales propias y exclusivas de la Asamblea Nacional.
Aseguran los académicos “…el Poder Electoral es ejercido por unas autoridades inconstitucionales no electas conforme a los requisitos, procedimientos y competencias dispuestas por la Constitución. Estas autoridades han incurrido en graves irregularidades en el ejercicio de sus atribuciones, generando desconfianza en la sociedad y en particular en los sectores políticos opuestos al gobierno y en la sociedad civil.
El texto del escrito insiste en solicitar garantías al cumplimiento integral de la Constitución de la República, y que sea el Poder legislativo, la Asamblea Nacional la que proceda a designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, más ante una convocatoria inconstitucional a elecciones por la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, así como el rechazo de la comunidad internacional de ausencia de garantías electorales, cuya primera es un Consejo Nacional Electoral imparcial y garantice la confianza de todos los actores políticos y de la ciudadanía.
Se concluye señalando que la garantía electoral esencial es la necesaria independencia e imparcialidad del Arbitro electoral, para así realizar un proceso electoral cuyos comicios sean un mecanismo legítimo para el ejercicio libre y democrático del derecho al sufragio y la participación política.
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