La expresidenta de Brasil Dilma Rousseff (2011-2016) pidió este martes desde Madrid “solidaridad internacional” con su predecesor y mentor político, Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado por corrupción y pretendiente a la elección presidencial de octubre.
AFP
“Necesitamos solidaridad internacional”, afirmó en un coloquio en la Casa América de Madrid la exdirigente izquierdista, destituida por el Congreso brasileño en 2016 acusada de falsear las cuentas públicas.
Según ella, “la democracia en Brasil está en riesgo”, a causa del “golpe parlamentario” que llevó a su impeachment y a que su ex vicepresidente, el conservador Michel Temer, asumiera la jefatura del Estado.
De momento, Lula recibió muestras de apoyo de los gobiernos de Cuba y Venezuela y del partido izquierdista español Podemos, con el que la exdirigente brasileña se reunió el lunes en Madrid.
Rousseff, una exguerrillera de 70 años, reiteró que cree en la inocencia de Lula, quien desde el sábado está en prisión en Curitiba, en el sur de Brasil, para purgar una pena de más de 12 años por corrupción.
E insistió en que el exmandatario (2003-2010) sigue siendo el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) para la presidencial de octubre, horas después de que así lo manifestara la formación izquierdista.
“Nosotros no tenemos plan B. Nosotros mantenemos la candidatura de Lula”, dijo Rousseff.
El PT va a “luchar en todas las instancias jurídicas para que Lula sea candidato”, incidió.
El expresidente izquierdista, de 72 años, es el favorito de los sondeos, con una clara ventaja sobre Jair Bolsonaro, diputado ultraderechista y defensor de la dictadura militar (1964-85).
Rousseff estimó que el país, la mayor economía de América Latina, vive una situación de “gran impasse”, que “fortalece la posición de Lula”, quien pese a estar “dentro de la cárcel es el protagonista de la elección presidencial de 2018”.
El PT deposita parte de sus esperanzas en el miércoles, cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil podría debatir una alteración de normas que podría dejar a Lula libre.
Se podría debatir la modificación de una norma que permite encarcelar a personas condenadas cuando aún disponen de recursos judiciales.
Inicialmente, Lula fue condenado en julio de 2017 a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y blanqueo de dinero, como beneficiario de un apartamento ofrecido por la constructora OAS a cambio de su mediación para obtener contratos con la petrolera estatal Petrobras.
En enero de 2018, un tribunal de segunda instancia elevó la pena a doce años y un mes de reclusión.